Los números cantan: 16.426 denuncias por ocupación ilegal en España durante 2024, un 7,4% más que el año anterior. En Granada provincia, la escalada es aún más pronunciada: 183 casos, lo que supone un incremento del 30% anual según el Ministerio del Interior.
Una realidad que ha empujado al Colegio de Abogados de Granada y al Ayuntamiento a firmar un convenio para crear la Oficina Municipal de Apoyo ante la Ocupación Ilegal de Viviendas (O.V.).
La iniciativa, que echará a andar en septiembre, ofrece asesoramiento jurídico gratuito a propietarios del municipio que sufran ocupaciones ilegales.
«Estamos hablando de cientos de familias que se ven privadas de la posesión de sus inmuebles», explicó el decano Leandro Cabrera durante la firma. Su argumento es claro: como garantes del Estado de Derecho, la abogacía debe actuar cuando los derechos de propiedad están en juego.
La alcaldesa Marifrán Carazo situó el problema en su dimensión real: «Va más allá de la propiedad privada. Afecta a la convivencia, a la seguridad y al bienestar de las familias».
Una declaración que refleja la presión ciudadana que ha recibido el Consistorio de vecinos que se sienten «indefensos» ante estas situaciones.
Funcionamiento y requisitos
La O.V. funcionará los martes de 10:00 a 12:00 horas en la sede de Cárcel Alta del Colegio de Abogados. Los letrados adscritos informarán sobre los procedimientos disponibles para actuar contra la ocupación ilegal, asesorarán sobre las vías de desalojo y orientarán sobre medidas preventivas.
El acceso al servicio, subvencionado por el Ayuntamiento, requiere únicamente acreditar documentalmente la propiedad del inmueble en Granada.
Para facilitar las gestiones, ambas instituciones han desarrollado una plataforma común de citas que permite concertarlas tanto en el Ayuntamiento como en el Colegio.
La fórmula busca combinar el rigor profesional del ICAGR con la proximidad de la administración local.
Como subrayó Carazo, «contar con el respaldo de una institución como el ICAGR nos garantiza que el servicio se prestará con el máximo rigor, confidencialidad y profesionalidad».
El convenio responde a una demanda ciudadana creciente en un contexto donde las cifras oficiales constatan que la ocupación ilegal ya no es un fenómeno marginal, sino un problema social que requiere respuestas institucionales coordinadas.
