Madrid fue testigo ayer de una escena que el «establishment» prefiere mantener en las sombras: gestantes, familias y adolescentes nacidas por gestación subrogada tomando la palabra para reclamar lo que consideran un derecho.
El II Congreso Internacional de Mujeres y Gestación por Sustitución puso rostros, nombres y testimonios a una realidad que España prefiere ignorar pero que no puede hacer desaparecer.
Una treintena de académicas, juristas, familias, gestantes y adolescentes nacidas por gestación subrogada reclamaron, en el marco de ese Congreso, en el II Congreso una legislación urgente que regule y permita esta técnica de reproducción asistida en España.
La jornada, que llevó por título, “Escuchar para proteger”, pretendió “derribar prejuicios y fomentar un debate informado sobre la gestación por sustitución”.
El congreso, organizado por la asociación española de familias por gestación subrogada, Son Nuestros Hijos, junto a su homóloga en Vizcaya, Gure Umeen Ametsak y la Red Latina de Investigadores en Biotecnologías Reproductivas (REDLIBRE), contó con la participación de más de 200 asistentes.
Encuentro inédito entre mujeres gestantes y los hijos a los que dieron a luz
Comenzó por la mañana con un encuentro inédito entre mujeres gestantes y las adolescentes que nacieron gracias a ellas en el que todas ellas relataron sus vivencias y experiencias y resaltaron la suerte que supone “ayudar a formar familias”
Al mismo asistieron más de 200 personas, poniendo rostro humano a una controversia tradicionalmente dominada por posiciones ideológicas.
La jornada «Escuchar para proteger» reunió por primera vez a gestantes y adolescentes nacidas gracias a ellas, ofreciendo testimonios directos sobre una realidad que trasciende los debates teóricos.
«Yo supe desde pequeña que nací por gestación subrogada», explicó Fiorella Menesson, francesa de 25 años. «Siempre me he sentido con mucha suerte porque he visto muchísimo cariño en todas las partes».
Su testimonio coincide con el de las mellizas estadounidenses Violet y Ginger Swarthout, de 15 años: «Nunca hemos tenido una experiencia negativa. Estamos muy felices y somos chicas sanas y normales, orgullosas de nacer así».
Las gestantes presentes refutaron las narrativas de explotación que dominan el debate público.
Rachel Williams, quien gestó a las mellizas Swarthout, fue categórica: «Es cien por cien por voluntad propia, que la gente piense lo contrario es raro».
Su argumento apunta a una distinción crucial: «Mucha gente solo ha oído lo malo de la gestación subrogada, cosas que han pasado en países donde no se ha actuado de manera ética».
El imperativo regulatorio
La dimensión académica del congreso reforzó el consenso sobre la necesidad de regulación. Antonia Durán, catedrática de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Salamanca, fue directa: «La regulación, la legalización, es la única manera de garantizar la protección a todas las partes implicadas en el proceso».
Esta afirmación cobra especial relevancia ante el panorama internacional. Países como Irlanda, Dinamarca, Estados Unidos, Canadá, México y Grecia han avanzado hacia marcos regulatorios específicos, mientras España mantiene un vacío normativo que genera inseguridad jurídica.
La profesora Durán advirtió sobre las consecuencias de la inacción: «La falta de normativa puede implicar comportamientos delictivos». Su análisis apunta a una paradoja: la prohibición de facto no elimina la práctica, sino que la desplaza hacia jurisdicciones con menor protección legal.
El caso español
En España, desde la Ley 14/2006 sobre técnicas de reproducción humana asistida, cualquier contrato de gestación subrogada —ya sea remunerado o altruista— se declara nulo de pleno derecho, y la intención de renunciar a la filiación materna en favor de otra persona no es válida legalmente.
El Tribunal Supremo también ha respaldado esta posición, rechazando el reconocimiento en España de contratos firmados en el extranjero. Considera además que la subrogación atenta contra la dignidad de la mujer y los intereses del menor, tratándolos como “objetos o mercancía”.
Se da la circunstancia de que, hasta hace poco –gracias a un resquicio legal– los menores nacidos mediante subrogación en el extranjero podían inscribirse.
Una instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado autorizaba, desde 2010, el registro si los padres presentaban una resolución judicial del país de origen, normalmente de lugares donde la subrogación es legal, como Estados Unidos o Canadá.
Gracias a ese mecanismo, 3.100 niños fueron inscritos en España entre 2010 y 2023.
Sin embargo, el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes cerró esa vía en abril de este año. Desde entonces ya no se aceptan sentencias extranjeras, y la filiación solo puede establecerse mediante prueba biológica directa o a través de adopción, eliminando así la posibilidad de inscribir automáticamente a los menores nacidos por subrogación fuera del país.
Esta postura de prohibición la han apoyado tanto el PSOE como Sumar, Podemos y los partidos nacionalistas y regionalistas de izquierdas.
El PP oficialmente mantiene que la gestación subrogada no debe legalizarse en España, pero ha mostrado ciertas dudas sobre cómo gestionar los casos de menores nacidos en el extranjero, lo que ha abierto cierto debate interno. Vox no ha apoyado la prohibición con el mismo énfasis que PSOE o Sumar, pero tampoco ha impulsado su legalización.
El único partido que apoyó regular la gestación subrogada de manera altruista fue Ciudadanos.
Esta situación es lo que este Congreso quiere contribuir a cambiar.
Más allá de los prejuicios
Las intervenciones de María Isabel Jociles (Universidad Complutense) y Mar González (Universidad de Sevilla) abordaron las dimensiones psicológica y social del fenómeno.
Sus investigaciones desmontan algunos mitos sobre el desarrollo de los menores nacidos por gestación subrogada, sugiriendo que el problema no radica en la técnica en sí, sino en el estigma social que la rodea.
El Congreso evidenció un cambio en el enfoque del debate. Frente a las tradicionales discusiones doctrinales, emerge una demanda práctica: regular para proteger.
La urgencia del consenso
España se encuentra ante una encrucijada legislativa. El testimonio unánime de los participantes —desde académicas hasta las propias afectadas— apunta hacia la misma conclusión: la regulación no es solo una opción deseable, sino una necesidad imperiosa.
Las adolescentes presentes propusieron crear una red internacional para «alzar nuestras voces» ante las críticas. Su iniciativa subraya una realidad incómoda: quienes más directamente experimentan las consecuencias de la gestación subrogada son precisamente quienes defienden su legalización.
El debate ya no puede aplazarse, argumentaron los congresistas. La cuestión no es si España debe regular la gestación subrogada, sino cuándo y cómo, dicen.
Las voces del Congreso madrileño han puesto las cartas sobre la mesa: es hora de escuchar para proteger.
