La asociación Equiparación Real, que reúne a más de 20.000 policías nacionales y guardias civiles, ha presentado sendas reclamaciones administrativas ante la Polícia Nacional y la Guardia Civil exigiendo el reconocimiento de la profesión de riesgo para estos dos cuerpos nacionales, en igualdad de condiciones con los Mossos d’Esquadra, la Ertzaintza, la Policía Foral de Navarra y numerosos cuerpos de policía local.
De acuerdo con Miguel Durán, socio director de la firma Durán & Durán Abogados, que representa a Equiparación Real, existe un agravio comparativo que se prolonga desde hace más de 7 años y debe acabarse ya.
“Es inconcebible que los policías nacionales y los guardias civiles que nos protegen a diario sigan siendo tratados como ciudadanos de segunda o tercera división”, afirmó Durán durante la rueda de prensa en la que, junto a su socio y sobrino, Miguel Ángel Durán, explicaron los pormenores de la estrategia procesal.
Las reclamaciones no se limitan a una reivindicación salarial o sindical, sino que abordan el reconocimiento jurídico de una realidad objetiva: la profesión policial y la de la Guardia Civil –ambos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado suman los 150.000 efectivos– conllevan riesgos elevados, penosidad y una exposición continua a situaciones que afectan a la integridad física y psíquica de sus miembros.
«El reconocimiento de profesión de riesgo comporta, entre otras cuestiones, la aplicación de coeficientes reductores que permiten una jubilación anticipada perfectamente lógica si tenemos en cuenta el trabajo que ellos desempeñan”, añadió Durán. Jubilación que pasaría de los 65 a los 60 años, como el resto de las Policías que no son ni Policía Nacional ni Guardia Civil.
SUPERAR LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO
Dicha reivindicación también comporta equiparar la jubilación de policías y guardias civiles, que ahora está en una media de 1.600 euros, con el de los compañeros autonómicos y locales, que lo hacen con 2.200 euros por ser una profesión de riesgo.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo reconoció, el pasado mes de mayo, a los policías que habían entrado en el Cuerpo Nacional de Policía a partir de 2011, pertenecer a una profesión de riesgo, y con ello su derecho a cobrar esas diferencia de 700 euros.
Todos ellos pertenecen al Régimen General de la Seguridad Social. Así quedó establecido en la sentencia número 596/2025.
Sin embargo, quedaron excluidos todos los agentes que pertenecen al Régimen de Clases Pasivas, y a los que el Supremo no les reconoció ser una profesión de riesgo porque los demandantes no lo solicitaron.
Esta es la discriminación la que Equiparación Real bajo la dirección de Durán & Durán Abogados quiere acabar.
De acuerdo con Miguel Durán, el coste de dicha medida no superaría los 1.000 millones de euros anuales. Con ello sería suficiente también para acabar con esta situación.
Como explicó José Ariza, vicepresidente primero de la asociación y policía nacional, dos policías que ingresaron con apenas meses de diferencia pueden ver cómo, al jubilarse, uno percibe hasta 700 euros menos que el otro, pese a haber realizado idéntico trabajo en idénticas condiciones de riesgo, simplemente por haber entrado un día antes o después en la Policía Nacional.
QUÉ SUPONEN ESTAS DOS RECLAMACIONES
El objetivo final que persigue Durán es homogeneizar la situación de todos los cuerpos policiales del Estado, eliminando una desigualdad que, en palabras de Miguel Durán, resulta “absolutamente insostenible” desde el punto de vista constitucional y europeo.
No se trata, subrayó, de un privilegio: “Pretendemos que el resultado de nuestras acciones legales redunde en beneficio de toda la gente, incluso de quienes no pertenecen a Equiparación Real”.
En el plano jurídico, la interposición de estas reclamaciones, que van acompañadas de un completo informe pericial, supone activar el procedimiento administrativo previsto en la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común.
La Administración dispone de tres meses para dictar y notificar resolución. Si transcurre ese plazo sin respuesta, opera el silencio administrativo negativo, que equivale a la desestimación presunta de la solicitud.
Ello abre la vía para acudir al orden contencioso-administrativo, ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid o, en su caso, la Audiencia Nacional, en función de la competencia material que se determine, interponiendo recurso contencioso-administrativo en el plazo de seis meses desde la desestimación presunta (articulo 46.1 LJCA).
Esto permitiría solicitar al tribunal que corresponda para que plantee cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), ya que la discriminación entre policías autonómicos y estatales puede vulnerar los principios de igualdad y no discriminación recogidos en la normativa comunitaria de prevención de riesgos laborales.
También abriría la puerta para reclamar ante la Comisión Europea la tutela de derechos fundamentales, al tratarse de un trato desigual sin justificación objetiva entre colectivos que realizan idénticas funciones en condiciones de riesgo (artículo 14 CE y artículo 23 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE).
RAZONES DE FONDO
Las razones de fondo que justifican esta reclamación son múltiples y están sólidamente documentadas. Por un lado, la discriminación respecto a otros cuerpos policiales que ya disfrutan de este estatus.
Por otro, la evidencia empírica: la tasa de mortalidad en acto de servicio de policías y guardias civiles es de 2,7 por cada 10.000 efectivos, superior a la de bomberos e incluso seis veces mayor que en la construcción; además, su esperanza de vida tras la jubilación es siete años menor en los hombres y cinco años menor en las mujeres.
Alejo Moreno, portavoz de Equiparación Real, recordó que no se trata de una reclamación retórica, sino de hechos objetivos: exposición constante al peligro, niveles de estrés extremos y una carga psicológica que desemboca en una cifra demoledora.
“Cada 20 días un agente se quita la vida”, subrayó, atribuyendo esa estadística a las situaciones “traumáticas vividas en acto de servicio”.
Frente a estos argumentos, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, insiste en razones económicas para rechazar la petición. Moreno no lo acepta. Habla de mentira “cínica y obscena”.
Y Moreno se pregunta: “¿Insostenible económicamente?”. Acto seguido ofrece datos: España registra una de las tasas de recaudación más altas de Europa y, sin embargo, “ha regalado 42.000 millones de euros en subvenciones a otros países”.
La conclusión del portavoz no deja indiferente. Con amargura reconoce la sensación que cunde entre los afectados: “No compensa arriesgarse para acabar siendo un bonito cadáver con uniforme o, aún peor, un tullido babeando en silla de ruedas”.
