El tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Badajoz, en funciones de apelación, ha confirmado este martes la decisión del Juzgado de Instrucción nº 3, que envió a juicio a David Sánchez Pérez-Castejón y a otros diez investigados —entre ellos Miguel Ángel Gallardo, líder del PSOE en Extremadura— por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias.
Los magistrados José Antonio Patrocinio Polo, presidente, Emilio Francisco Serrano Molera, María Dolores Fernández Gallardo y José Antonio Bobadilla González, ponente, han desestimado, a través de dos autos los recursos de apelación interpuestos por David Sánchez por una parte y por el resto de los investigados, por la otra.
Con ello, queda firme el auto dictado por la magistrada Beatriz Biedma, titular del Juzgado de Instrucción 3 de Badajoz que apreció, en auto de 28 de abril pasado, indicios suficientes para abrir juicio oral por las supuestas irregularidades cometidas por la contratación de Sánchez en la Diputación Provincial de Badajoz entre 2017 y junio de 2024.
Dicho auto, la transformación de las diligencias previas (la investigación) en procedimiento abreviado, con lo que abrió la fase intermedia del procedimiento que conduciría al juicio formal, es lo que los investigados habían recurrido ante la Audiencia Provincial de Badajoz por dos lados.
La resolución subraya que, en esta fase, no se trata de decidir sobre la culpabilidad, sino de verificar la existencia de indicios racionales de criminalidad, conforme al artículo 779.1.4ª de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Será el tribunal de enjuiciamiento quien, en el juicio oral, determine si los hechos acreditan responsabilidad penal.
EL AUTO DE LA JUEZ INSTRUCTORA CUMPLE TODOS LOS REQUISITOS EXIGIBLES
En la misma, el tribunal colegiado confirma la validez del auto de la magistrada Biedma. Considera que la resolución de instrucción cumple con todos los requisitos exigibles en materia de indicios y motivación.
La Sala destaca que el auto impugnado ofrece una relación detallada de hechos punibles, una calificación jurídica provisional y la individualización de las conductas de los investigados, apoyada en diligencias concretas. Esa motivación, afirma, impide cualquier indefensión.
Asimismo, concluye que existen indicios suficientes sobre la posible relevancia delictiva de los hechos y recuerda que no corresponde ahora anticipar valoraciones propias de una sentencia: será en el juicio oral donde se valoren las pruebas con plena contradicción.
En consecuencia, la Audiencia desestima el recurso del investigado David Sánchez —y las adhesiones formuladas—, al entender que la existencia de indicios razonables justifica continuar el procedimiento y no proceder al sobreseimiento en esta fase.
Entre los investigados se encuentra Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación de Badajoz y actual líder del PSOE extremeño. La magistrada instructora considera que Gallardo tenía la competencia exclusiva para nombrar y cesar al personal de alta dirección.
Jugó, por lo tanto, un papel fundamental en la contratación del hermano del presidente del Gobierno para ocupar el puesto de coordinador de actividades entre los dos conservatorios, profesional y superior, y la dirección de la orquesta sinfónica.
Gallardo ha tratado de evitar ser juzgado en esta causa haciéndose aforado, asumiendo la responsabilidad de diputado regional, pero el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha impedido dicha maniobra. La calificó de “fraude de ley o abuso del derecho”.
El Ministerio Fiscal considera que no haya base jurídica suficiente para articular la causa; cuestionó la suficiencia de los indicios para sostener los delitos de prevaricación y tráfico de influencias, lo cual, de haber sido aceptado, habría llevado al sobreseimiento libre, lo mismo que argumentaron las defensas.
Las acusaciones populares personadas en la causa –Manos Limpias, Vox, HazteOir, Abogados Cristianos, Liberium, Iustitia Europa y Partido Popular– presentaron el pasado mayo su escrito de acusación en el que pedían que se impusiera al hermano del presidente y al dirigente socialista regional tres años de cárcel a cada uno.
