El Tribunal Correccional de París ha absuelto hoy a Nicolas Sarkozy de los cargos más graves —corrupción y financiación ilegal de su campaña presidencial de 2007 con dinero de Muamar el Gadafi—, pero lo declaró culpable de asociación ilícita. La sentencia sostiene que el expresidente permitió que sus colaboradores más próximos acudieran al régimen libio en busca de fondos para su candidatura.
La presidenta del tribunal, Nathalie Gavarino, ha sido clara: “En su condición de ministro y líder de la UMP (Unión por un Movimiento Popular), Sarkozy dejó que colaboradores y apoyos políticos, bajo su autoridad, solicitasen a las autoridades libias ayudas económicas destinadas a la campaña de 2007”.
Con este razonamiento, los jueces se apartaron de la tesis del Parquet National Financier (PNF), que acusaba al expresidente de ser beneficiario directo de la corrupción.
Sarkozy quedó exonerado de receptación de fondos públicos libios, corrupción pasiva y financiación ilegal de campaña electoral.
Las motivaciones completas del fallo —unas 400 páginas— se leerán durante varias horas. La pena exacta también se comunicará posteriormente.
La sentencia castiga a dos hombres clave del círculo presidencial: Claude Guéant, declarado culpable de corrupción pasiva y falsedad documental, y Brice Hortefeux, condenado por asociación ilícita. Por el contrario, Éric Woerth, tesorero de la campaña, fue absuelto.
El tribunal también ha constatado la extinción de la acción penal contra Ziad Takieddine, intermediario central en el caso, fallecido en Líbano el martes.
La estrategia de la Fiscalía
En marzo, tras tres meses de juicio, el PNF había pedido contra Sarkozy siete años de prisión, 300.000 euros de multa y cinco años de inhabilitación. La acusación lo presentó como “autor y beneficiario” de un supuesto pacto corrupto con el desaparecido líder libio Gadafi, descrito por los fiscales como “faustiano”. Fue la petición más dura contra los doce procesados.
Sarkozy, de 70 años, denunció desde el inicio la “desmesura” de la pena solicitada, a su juicio diseñada para “ocultar la debilidad de las pruebas”.
Durante más de una década, el exjefe de Estado ha calificado las acusaciones de “infamia”, recordando que nunca apareció rastro alguno de dinero libio: “No hay pruebas, no hay nada, ni un solo céntimo, ni el inicio de un comienzo de financiación”, repitió ante los jueces.
Según su versión, los señalamientos proceden de dirigentes del antiguo régimen libio y forman parte de una venganza del clan Gadafi por su papel en la caída del dictador en 2011.
