Carlos Hugo Preciado Doménech, 56 años, es magistrado y vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Su trayectoria es poco común: empezó a trabajar con 21 años como ordenanza en la Agencia Tributaria.
En ese entorno, tras implicarse como delegado sindical, descubrió su vocación por el derecho, carrera que sacó a través de la UNED.
Se convirtió en abogado laboralista a los 30 y, a los 34, compaginando trabajo y estudio, aprobó la oposición por el turno libre en la carrera judicial.
Desde 2005 ha pasado por distintos juzgados, hasta llegar a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en la que es magistrado.. Entre 2023 y 2024 estuvo en el Gabinete Técnico del Tribunal Supremo, en la jurisdicción social.
En el alto tribunal trabajó proponiendo borradores de sentencias para acabar con el atasco que la falta de nombramientos de un CGPJ bloqueado había producido.
Su biografía es la de una persona que se ha abierto camino desde abajo. Huérfano a los 6 años, su madre, operaria de Tabacalera, lo sacó adelante. Es un ejemplo de fuerza de voluntad y esfuerzo, pero también de sensibilidad –es autor de dos libros de poesía y también es músico–.
Su compromiso con la Justicia que, para él, ha sido un ascensor social, es evidente. En esta entrevista emerge la figura de un hombre que cree firmemente en el sistema de pesos y contrapesos y en preservar a la institución que protege la independencia de los jueces y magistrados.
Preciado forma parte de la Comisión Permanente, de la Comisión Mixta CGPJ-Justicia, y de la de carrera judicial, además de ser vocal de Igualdad.
Por primera vez, en la historia, avanza, tanto sus compañeros como él, harán un proceso de dación de cuentas sobre la gestión realizada a lo largo de su primer año de mandato. Una iniciativa de la presidenta, Isabel Perelló, que considera clave para recuperar la confianza de la ciudadanía. Será dentro de una semana.
¿El Consejo es como se lo imaginaba?
El Consejo es una institución muy compleja. Mi relación con él comenzó en 2012, cuando junto a varios compañeros pusimos en marcha la primera iniciativa de salud laboral para la Judicatura: la Comisión Nacional de Salud. En aquel momento prácticamente no existía nada en este ámbito, y empezamos a construir desde cero.
Esa experiencia, junto con mi participación en asociaciones profesionales, me dio un primer contacto con el Consejo, aunque desde fuera parecía mucho más homogéneo y lejano de lo que resulta al vivirlo desde dentro.
Es cierto que proyecta una imagen distante, como si apenas se pudiera hacer nada. Sin embargo, en el día a día hay muchos asuntos prácticos que atender: cuestiones que no son noticia, como una comisión de servicios o el nombramiento de un tribunal, pero que tienen un gran impacto real.
A todo esto se suma la dimensión política. El Consejo tiene la difícil tarea de defender la independencia judicial en un momento en que vemos cómo la democracia y la justicia enfrentan fuertes presiones en distintos países, como Estados Unidos.
Esa responsabilidad puede imponer respeto, incluso vértigo, pero creo que debe asumirse con ilusión, con sentido de servicio público y con la convicción de que merece la pena.
El factor humano es clave. Como en cualquier lugar, puede haber personas con afinidades políticas distintas, pero a nivel personal te entiendes muy bien con alguien que, en teoría, está “en el otro lado”, ¿no?
Creo que a las instituciones no se va a hacer amigos ni enemigos, sino a trabajar. Hay que ser capaz de colaborar con quienes te caen bien, mal o regular, porque lo importante no son tus afinidades personales, sino dar un buen servicio a la ciudadanía.
¿Usted cree que la ciudadanía entiende lo que es el Consejo General del Poder Judicial?
Creo que no. Incluso a mis propios amigos me cuesta explicarles bien qué significa este cargo. Muchos piensan que me eligieron en el Supremo, en Madrid, y no es así: no nos eligen como jueces. Esto es otra cosa.
Falta mucha pedagogía y una comunicación mucho mejor. Es una deuda pendiente de todos los consejos: no hemos sabido explicar bien cuál es nuestra función ni nuestro trabajo diario como institución. Donde se toman muchas decisiones importantes y se producen cambios relevantes.
La ciudadanía ha olvidado, o nunca lo ha sabido, que durante la dictadura al presidente del Supremo y a los magistrados con responsabilidades eran elegidos por el Ministerio de Justicia, por delegación del dictador. La independencia de los jueces a esos niveles era una entelequia. Esa función de nombramientos la lleva a cabo el CGPJ, cuya función principal es proteger la independencia de los jueces. Pero ahora estamos con el contencioso de quien elige a los 12 vocales jueces.
El modelo para garantizar la independencia judicial varía según los países. En España se adoptó uno parecido al italiano, con un Consejo de la Magistratura. Pero lo esencial no es la forma concreta, sino que cumpla su función.
Lo importante es que la ciudadanía confíe en que la justicia es independiente. Que, al acudir a un tribunal, da igual quién sea la otra parte o cuánto poder tenga: los derechos estarán protegidos y habrá un juez imparcial. Esa es la verdadera misión del Consejo, y su éxito se mide en la confianza que inspire en la independencia judicial.
Posiblemente el problema principal que tenemos estos momentos es que hay una crisis en cuanto a la credibilidad de la propia justicia. También de la propia política. Seamos realistas, cuando se cruzan ambas cosas y se empiezan a lanzar reproches… ¿Cómo se puede superar eso?
Creo que estos problemas se superan evitando polémicas estériles entre instituciones. A la ciudadanía no le aporta nada ver enfrentamientos constantes, más bien genera desconfianza. La labor debe ser de colaboración leal entre instituciones, cada una cumpliendo su función.
En el caso del Consejo, esa función es clara: garantizar que los ciudadanos tengan jueces independientes. No nos corresponde opinar sobre lo que hace el Gobierno o el Parlamento, aunque sí mantener relaciones normales en una democracia. Por ejemplo, cuando el Legislativo prepara leyes que afectan a la organización judicial, el Consejo emite informes y opiniones que deben ser tenidos en cuenta.
Lo que pasa es que en determinados casos, como por ejemplo en la propuesta de reforma Ley Orgánica del Poder Judicial, el Gobierno ha decidido ir por la por la vía rápida y eso ha sido el origen de gran parte del enfado que ha habido entre las asociaciones. Es comprensible.
El Consejo emitió un informe unánime sobre este asunto, sin discrepancias internas. En él se propusieron mejoras, algunas aceptadas por el Gobierno, como eliminar el ascenso forzoso previsto en el anteproyecto. Otras, como las relativas a la situación de jueces sustitutos y magistrados suplentes, no se han tenido en cuenta por ahora.
Cada poder debe respetar al otro. Nosotros mantenemos nuestra postura, que está recogida en ese informe. Entiendo también el malestar de algunas asociaciones, que tienen derecho a expresar su opinión si consideran que ciertas medidas afectan a determinados colectivos. Personalmente, he procurado ser sensible y escuchar especialmente a los jueces sustitutos, que tampoco estaban conformes con varios aspectos.
En cualquier caso, el papel del Consejo no es posicionarse a favor de unos u otros, sino emitir una opinión técnica y equilibrada, con propuestas que consideramos útiles para mejorar el proyecto.
¿Cuál es su opinión sobre los jueces sustitutos?
El proceso legislativo está en marcha y, por respeto, no puedo anticipar su resultado ni el texto final. Lo que sí está claro es que la precariedad no es un problema exclusivo de la justicia: también afecta a la sanidad y a la educación.
La propia Unión Europea lo advirtió en la sentencia Diego Porras, que señaló la excesiva temporalidad en el empleo público. Desde entonces se han impulsado procesos de consolidación en muchos sectores, y la justicia no puede ser una excepción.
Un juez que no sabe si le renovarán el contrato no transmite las mismas garantías de independencia ni de imparcialidad. Eso afecta también a la confianza de la ciudadanía. Por eso es necesario actuar con decisión para reducir la precariedad y asegurar un servicio público de calidad.
Quienes han trabajado como jueces sustitutos o suplentes, muchos con más de diez años de experiencia, han demostrado sobradamente su valía.
La fórmula concreta corresponde al Legislativo, pero lo fundamental es claro: hay que acabar con la precariedad en la justicia y en todos los servicios públicos.
«Cada semana, entre cinco y diez jueces solicitan la jubilación voluntaria a partir de los 60 años, renunciando a hasta 12 años de vida profesional. Son profesionales muy preparados que, cansados de la presión y la carga laboral, prefieren retirarse, aunque eso suponga cobrar mucho menos. Para mí, eso refleja un fracaso del sistema: no estamos sabiendo retener su talento».
¿Cree que el plan del Ministerio de incorporar 1.440 nuevos jueces y fiscales en tres años será suficiente, teniendo en cuenta que cada año se jubilan de forma anticipada unos 120 profesionales?
España tiene un problema reconocido por la Comisión Europea: contamos con pocos jueces por habitante. En este contexto, la incorporación de 1.440 nuevos efectivos sería una gran noticia si se hace con garantías, mediante procesos públicos, transparentes y de calidad.
Sin embargo, no basta con sumar nuevos jueces: también debemos afrontar la fuerte sobrecarga de trabajo que sufren muchos órganos judiciales.
Cada semana, entre cinco y diez jueces solicitan la jubilación voluntaria a partir de los 60 años, renunciando a hasta 12 años de vida profesional. Son profesionales muy preparados que, cansados de la presión y la carga laboral, prefieren retirarse, aunque eso suponga cobrar mucho menos. Para mí, eso refleja un fracaso del sistema: no estamos sabiendo retener su talento.
Uno de los retos del Consejo es revertir esta situación. Estamos trabajando en una reforma del Reglamento de la Carrera Judicial que permita identificar los puestos más sobrecargados y ofrecer mejores condiciones a quienes los ocupan, de modo que encuentren atractivo continuar en la carrera hasta los 70 años, la edad máxima de jubilación.
Solo así podremos garantizar un servicio público de justicia fuerte y sostenible.
El otro día publicamos unas declaraciones de un compañero suyo, Luis Martín Contreras, que afirmaba que las cifras de los módulos y las cargas de trabajo no reflejaban la realidad. ¿Usted qué opina?
La medición de las cargas de trabajo es uno de los temas centrales que este Consejo asumió desde el inicio. El Supremo nos obliga a fijar un máximo por motivos de salud laboral, igual que en cualquier otro empleo. Los jueces no somos superhéroes: tenemos límites y es necesario cumplirlos.
Al llegar al mandato actual detectamos problemas porque había dos sistemas distintos de medición: uno para evaluar el rendimiento y otro ligado a las retribuciones variables. A veces daban resultados contradictorios, lo que mostraba que algo fallaba.
Por eso estamos impulsando un proyecto ambicioso para unificar criterios. La idea es calcular el tiempo medio que requiere cada tipo de asunto y, a partir de ahí, establecer un máximo semanal de 48 horas, que es lo que marca la normativa europea para cualquier trabajo, salvo situaciones excepcionales como guardias o emergencias.
Estos límites no son un privilegio corporativo, sino una forma de homologarnos con el resto de servicios públicos y, sobre todo, una garantía para la ciudadanía. Un juez no debe resolver un caso agotado o saturado, sino con tiempo y dedicación. Proteger la salud laboral de los jueces es también proteger la calidad de la justicia
Otro compañero de su carrera me comentaba recientemente que su actividad es tal que si quisiera estar trabajando 24 horas sobre 24 horas sobre 24 horas podría hacerlo. Pero su salud…
Se trata de cuidar a quienes cuidan. Los jueces forman parte del servicio público y garantizan los derechos de la ciudadanía, por lo que también necesitan condiciones dignas. Igual que un cirujano no puede operar 48 horas seguidas, un juez no debería estar de guardia de forma permanente sin descanso después.
El problema es especialmente grave en juzgados pequeños, muchas veces en la llamada “España vaciada”, donde los edificios no cumplen requisitos mínimos de salubridad y los sistemas informáticos fallan.
Desde el Consejo intentamos coordinarnos con las administraciones competentes y, de hecho, se está elaborando un mapa de los edificios judiciales en peor estado para priorizar su reforma.
La implantación de nuevos modelos, como los tribunales de instancia, obligará a remodelar muchos edificios y requerirá un esfuerzo inversor. Es algo que seguiremos reclamando, porque garantizar condiciones dignas para los jueces significa también ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía.
«Estamos impulsando un proyecto ambicioso para unificar criterios sobre cargas de trabajo. La idea es calcular el tiempo medio que requiere cada tipo de asunto y, a partir de ahí, establecer un máximo semanal de 48 horas, que es lo que marca la normativa europea para cualquier trabajo, salvo situaciones excepcionales como guardias o emergencias».
¿Para cuándo lo tienen previsto?
Hemos elaborado un cronograma que ya hemos compartido con las asociaciones. Me gustaría tenerlo listo mañana mismo, pero la realidad es que este trabajo requiere rigor científico y una base estadística sólida.
Por eso se está realizando un estudio con 191 magistrados seleccionados de forma que los resultados sean representativos y fiables. Después, las asociaciones podrán opinar sobre ellos.
Este proceso llevará tiempo, probablemente hasta finales de 2026. Una de las razones es que estamos en pleno cambio de modelo con la implantación de los tribunales de instancia. Para medir bien las cargas de trabajo necesitamos esperar a que este nuevo sistema esté en funcionamiento, al menos en parte. Mientras tanto, avanzaremos con los órganos judiciales que no se vean afectados.
Claro que me gustaría tenerlo resuelto ya, pero siendo realistas y también optimistas, el horizonte es 2026.
Supongo que esta información se facilitará al Ministerio de Justicia que es el competente para la cuestión de medios…
Por supuesto.
Y a las Comunidades Autónomas.
Claro. El Ministerio de Justicia fija las cargas de entrada de los juzgados para crear nuevos órganos o plazas. Pero es al Consejo a quien le corresponde medir el rendimiento de cada juzgado y establecer la carga máxima admisible por motivos de salud laboral.
No puede haber contradicciones entre ambas mediciones. Cuando tengamos lista nuestra herramienta de cálculo —que debe ser única—, el Ministerio tendrá que conocerla y coordinarse con ella. No es aceptable que se creen o no plazas judiciales basándose en criterios que vulneren el derecho a la salud de los jueces.
El Ministerio debe organizar la planta judicial según la demanda de pleitos y otros factores, y uno de esos parámetros será el que aporte el Consejo. Es lo lógico y lo necesario.
Usted forma parte de la Comisión de Igualdad. Asumo que la polémica sobre las pulseras telemáticas que emergió la pasada semana no la llevó bien.
Francamente, no. Estas polémicas no aportan nada: solo generan decepción y desconfianza en la ciudadanía cuando ve a las instituciones enfrentadas. Nuestro papel es aportar datos. Para eso está el Observatorio, que analiza la situación y señala las deficiencias cuando las detecta.
No voy a entrar en reproches ni a buscar culpables. Cada institución debe cumplir con su función. Desde el Consejo seguimos facilitando información, escuchando propuestas y trabajando con serenidad. No se trata de polemizar, sino de mejorar.
El Consejo no cumplió del todo el mandato del legislador de elaborar una propuesta para la elección de los 12 vocales jueces. ¿Por qué?
Se nos pidió laborar un dictamen sobre el sistema de nombramiento de los vocales judiciales y su adecuación a la Constitución. Nuestro Consejo concluyó que existen dos modelos posibles y que ambos son constitucionales.
No es incumplir un mandato, sino cumplirlo: estudiar el tema y presentar nuestras conclusiones. Otro Consejo podría llegar a otra visión, pero este ha dictaminado que las dos opciones son válidas.
Dos años atrás su asociación, Juezas y Jueces para la Democracia, estaba al otro lado. Apoyaba la elección de los 12 vocales jueces por la carrera judicial…
Yo me incliné por el modelo parlamentario, aunque creo que necesita mejoras importantes. En primer lugar, habría que reforzar la fase de elección judicial para que cualquier compañero con un mínimo de aval pudiera presentarse. En segundo lugar, los elegidos deberían someterse después a un examen parlamentario de su programa.
En mi caso, gané las elecciones en mi asociación con un programa concreto, pero nunca tuve la oportunidad de defenderlo en el Senado. Me habría parecido positivo que diputados y senadores, de todos los partidos, pudieran cuestionarlo y debatirlo.
Como ocurre en el sistema estadounidense.
Yo apuesto por un sistema riguroso, exigente, con todas las garantías, transparente y democrático. Ese sería el mejor porque reforzaría la independencia judicial, con 12 vocales elegidos directamente por sus compañeros.
Es cierto que siempre habrá cauces de influencia política —a través de asociaciones, fundaciones u otros medios—, pero en democracia lo fundamental es que los poderes estén lo más limitados y controlados posible, que actúen con transparencia y que puedan ser renovados de forma democrática.
«El balance de este primer año es positivo, sin triunfalismos, y con la certeza de que tenemos por delante mucho trabajo para recuperar la confianza de una carrera y de una ciudadanía que llevaban tiempo decepcionadas con la institución».
Es un convencido de la teoría de los pesos y contrapesos.
Por supuesto. Precisamente la función del Consejo es la actuar como contrapeso.
Además de esto, jugó un papel fundamental en la elección de Isabel Perelló, la primera vez en la historia, desde 1985, que los vocales elegían directamente a su presidente sin intervención política.
Creo que desempeñé el papel que le habría tocado a cualquier vocal. Me reuní con distintas candidaturas y aposté por Isabel, una opción que me pareció muy buena, y no me arrepiento.
Es cierto que este primer año podríamos haber hecho algunas cosas mejor, pero también hemos avanzado mucho: se resolvieron 161 nombramientos que estaban bloqueados, se están reformando los reglamentos orgánicos para modernizar la institución y se ha impulsado la paridad.
Aún falta camino en ámbitos como las Audiencias Provinciales o las presidencias de los Tribunales Superiores de Justicia pero hemos iniciado un rumbo que hasta ahora no se había tomado.
La presidenta nos ha pedido rendir cuentas de este primer año ante el Pleno, algo que me parece una iniciativa excelente. Esa transparencia es clave para recuperar la confianza ciudadana, y en dos semanas todos los vocales explicaremos el trabajo realizado.
Es lo que ustedes, los jueces, definen como alarde, un recuento de cómo está el órgano judicial cuando dejan su destino.
En todas las áreas —vocales, comisiones y grupos de trabajo— se está avanzando. Y creo que aquí hay que ser optimistas, porque hemos dado un paso importante con los vocales territoriales.
En Consejos anteriores, esta figura apenas tuvo relevancia, pero ahora empieza a cobrar protagonismo.
Hablo desde mi experiencia: este Consejo está trabajando para que se nos perciba como una institución de todos, no solo como un órgano central en Madrid. Hemos estado varias veces en territorios como La Rioja, Cataluña, Canarias o Baleares, y pronto celebraremos un pleno en San Sebastián.
El contacto con los presidentes de los tribunales y sus salas de gobierno es constante, y sus problemas llegan de inmediato a la Comisión Permanente. Los vocales territoriales juegan aquí un papel clave, defendiendo y explicando esas necesidades.
Creo que la carrera judicial lo ha notado: el Consejo está recuperando la cercanía con el territorio, que nunca debió perder. Y eso es muy positivo.
Este Consejo ha dado pasos importantes. Aún queda mucho por hacer, pero percibo ilusión entre los compañeros y un esfuerzo de la presidenta por cohesionar una situación complicada.
¿Cuál es su balance de este primer año?
El balance de este primer año es positivo, sin triunfalismos, y con la certeza de que tenemos por delante mucho trabajo para recuperar la confianza de una carrera y de una ciudadanía que llevaban tiempo decepcionadas con la institución.
