En un país acostumbrado a mirar al cielo con recelo —ya sea por las lluvias torrenciales, las olas de calor o los incendios que arrasan cada verano—, la idea de protegerse ante lo imprevisible parece más necesaria que nunca.
Fernando Blanco Giraldo, socio director de Blanco & Asociados Abogados, firma de referencia en el derecho de seguros en España, acaba de publicar junto a su hijo Fernando Blanco Gamella, el libro La cobertura del seguro de riesgos extraordinarios por el Consorcio de Compensación de Seguros.
Una obra que, más que un tratado jurídico, es una auténtica “Biblia” sobre esta temática. No hay nada que no quede fuera. Es lo más completo que, desde el punto de vista técnico, se ha escrito hasta la fecha. Un esfuerzo de titanes, y no exagero.
Con más de cuatro décadas dedicadas al sector, Blanco conoce mejor que nadie los engranajes de un sistema que considera “una joya de la ingeniería institucional española”, pero también un mecanismo que requiere actualizarse.
Su propuesta es clara: convertir en obligatorio el seguro de riesgos extraordinarios para garantizar que nadie quede fuera cuando la naturaleza o el azar golpean con fuerza.
El origen de un sistema único
El Consorcio de Compensación de Seguros nació hace más de 70 años, en la posguerra, como respuesta a una catástrofe: un gran incendio en la localidad pirenaica aragonesa de Canfranc.
La magnitud de los daños —más de un centenar de viviendas arrasadas— dejó en evidencia la incapacidad del mercado privado para cubrir por sí solo los llamados “riesgos extraordinarios”: terremotos, inundaciones, erupciones volcánicas, terrorismo o motines.
Desde entonces, el Consorcio, que depende del Ministerio de Economía, se convirtió en un instrumento público de solidaridad nacional, financiado mediante un pequeño recargo que se aplica a todas las pólizas privadas de seguro de daños a bienes, como las de hogar, comunidades de propietarios, comercios, industrias y también la cobertura de daños propios de los seguros de coche, por poner algunos ejemplos.
Ese recargo, acumulado en un fondo común, permite que cuando se produce un evento extraordinario, los afectados reciban una indemnización con independencia de su aseguradora.
“Es un invento genuinamente español y un éxito de nuestro Estado”, afirma Fernando Blanco. “No hay nada comparable en Europa. En otros países existen coberturas parciales o privadas, pero no una institución pública con esta capacidad de respuesta y sostenibilidad económica”.
El punto débil del sistema actual
Pese a su eficacia, el abogado detecta un problema estructural: solo quienes tienen contratado un seguro privado participan del sistema. En otras palabras, el Consorcio protege únicamente a los asegurados.
“La cobertura de riesgos extraordinarios es accesoria del seguro ordinario. Es decir, si tienes un seguro de hogar o de empresa, pagas el recargo que financia al Consorcio. Pero si no tienes ningún seguro, ni contribuyes ni estás cubierto”, explica.
Esto significa que, tras una catástrofe, el país se divide en dos: los que recuperan parte de lo perdido gracias a su póliza, y los que lo pierden todo. Estos últimos, sin recursos ni cobertura, terminan recurriendo a las ayudas públicas.
“Ahí se produce una injusticia”, denuncia Blanco. “El ciudadano previsor paga su seguro y se protege. El que no lo hace, acaba recibiendo subvenciones del Estado. En el fondo, el primero paga dos veces: una vez con su prima y otra con sus impuestos.”
Para el jurista, este desequilibrio no solo genera frustración, sino que fomenta la imprevisión. “Si las ayudas públicas se convierten en una red de seguridad informal, se está premiando la falta de previsión. Eso desincentiva el aseguramiento y termina haciendo más frágil el sistema”.
Una propuesta de reforma: El seguro obligatorio
La solución, según Fernando Blanco, pasa por un cambio de paradigma: hacer obligatorio el seguro de riesgos extraordinarios para todos los propietarios de bienes inmuebles en España.
“No se trata de imponer una carga más, sino de reforzar la solidaridad. Si todos contribuyen, el coste individual sería muy pequeño, pero el sistema ganaría en estabilidad y equidad.”
El abogado argumenta que el principio de mutualidad —la base del sector asegurador— justifica esta medida. “Los grandes siniestros no afectan a todo el país por igual. Las DANAs son más frecuentes en el Mediterráneo, como acabamos de ver, los terremotos en zonas localizadas, y las erupciones volcánicas, por ahora, en Canarias. Si todos los propietarios aportaran, los recursos serían excedentarios, y los costes por persona mínimos”.
Además, recuerda que el Consorcio ya ha demostrado su solvencia: “Hace poco redujo el recargo que cobra porque tenía superávit. Si funciona con un porcentaje limitado de asegurados, imagina su potencial con toda la base patrimonial del país”.
Una medida de justicia social y estabilidad económica
El planteamiento de Blanco trasciende el ámbito jurídico: es una cuestión de justicia social y de sostenibilidad económica. Cuando un desastre destruye viviendas, comercios o industrias, no solo se pierde patrimonio individual; se pone en riesgo la estabilidad de comunidades enteras.
“Un seguro obligatorio preserva la riqueza del país”, sostiene. “Evita que miles de familias queden desamparadas, que las pequeñas empresas desaparezcan y que la Administración tenga que improvisar ayudas de emergencia”.
La propuesta, además, permitiría reducir la dependencia de la solidaridad pública tras cada catástrofe. “En lugar de que el Estado tenga que socorrer a quienes no se aseguraron, el sistema funcionaría automáticamente, con recursos preexistentes. Es más eficiente, más justo y más sostenible”.
“Un seguro obligatorio preserva la riqueza del país”, sostiene. “Evita que miles de familias queden desamparadas, que las pequeñas empresas desaparezcan y que la Administración tenga que improvisar ayudas de emergencia”.
El infraseguro, el gran enemigo silencioso en las catástrofes
Fernando Blanco llama la atención sobre un aspecto que suele pasar desapercibido pero que tiene una gran importancia: el infraseguro, al que define como “el gran enemigo silencioso en las catástrofes”.
Un infraseguro ocurre cuando el valor por el que una persona asegura un bien —por ejemplo, una vivienda, un local o una maquinaria— es inferior a su valor real de reposición o reconstrucción. En otras palabras, el seguro no cubre todo lo que realmente vale ese bien.
Cuando llega el siniestro —una DANA, un incendio o un terremoto—, la realidad se impone: la indemnización solo cubre una parte del daño, según la llamada regla proporcional.
Así, quien aseguró su casa por 80.000 euros y vale 100.000 solo cobrará el 80 % de la pérdida. Es un error común, fruto del desconocimiento o del intento de reducir la prima anual, pero que puede dejar a las familias y a las empresas en una situación crítica justo cuando más necesitan respaldo.
En España, este problema se agrava porque el Consorcio aplica las mismas reglas que las aseguradoras privadas. Si la póliza base está infravalorada, el Consorcio no puede corregirlo: indemnizará solo en proporción a lo asegurado. Esto convierte al infraseguro en una trampa invisible que solo se revela tras la catástrofe, cuando ya es demasiado tarde para rectificar.
“En cada DANA o inundación reciente se repite el mismo patrón: quienes creían estar cubiertos descubren que recibirán mucho menos de lo esperado”, afirma el abogado.
E insiste en que la verdadera prevención no está solo en tener un seguro, sino en tenerlo bien hecho. Revisar periódicamente las pólizas, actualizar los valores asegurados y entender las condiciones son pasos esenciales para evitar el infraseguro.
En un contexto de cambio climático y catástrofes más frecuentes, esta falta de previsión puede ser tan destructiva como el desastre mismo. Porque, como recuerda, “cuando el siniestro llega, no hay segundas oportunidades: o estás bien asegurado, o no estás asegurado en absoluto”.
Una cobertura completa, pero aún mejorable
El libro de Blanco dedica un amplio capítulo a detallar qué cubre exactamente el seguro de riesgos extraordinarios. Son dos grandes bloques. Por un lado, fenómenos naturales. Terremotos, maremotos, inundaciones extraordinarias.
Y aquí el adjetivo extraordinarios es clave. No vale cualquier inundación. También erupciones volcánicas, tempestades ciclónicas atípicas que el reglamento define muy bien con vientos de más de 120 kilómetros por hora. Tornados y caídas de meteoritos de cuerpos siderales.
Por otro lado, cubre daños que vienen de hechos de origen sociopolítico terrorismo, rebelión, sedición, motín y tumulto popular. El punto común es que son eventos poco frecuentes, pero con un potencial de daño enorme cuando pasan.
El Reglamento del Consorcio es como las condiciones de una póliza. Una lista cerrada de riesgos. Lo que no figura no está cubierto.
“Y esto lleva a situaciones que pueden parecer raras. Por ejemplo, si se rompe una presa y causa una inundación, eso por sí mismo no está cubierto por el consorcio. Pero ojo, si la presa se rompe por culpa de un terremoto, entonces los daños de la inundación si los cubre, porque el origen es un riesgo que sí está en la lista: el terremoto”, explica Fernando Blanco.
Esa flexibilidad será clave en los próximos años. Con el cambio climático aumentando la frecuencia e intensidad de los fenómenos naturales, la línea entre lo ordinario y lo extraordinario es cada vez más difusa. “Lo que antes era una DANA cada década, ahora ocurre cada año. Por eso debemos reforzar el sistema antes de que colapse por saturación”, advierte Blanco.
“El derecho de seguros es una disciplina muy técnica. Aquí no hay inteligencia artificial que valga. Todo se estudia línea por línea, cláusula por cláusula. Es un trabajo artesanal”, dice con orgullo Fernando Blanco.
Un modelo exportable
El éxito del Consorcio de Compensación de Seguros español no ha pasado desapercibido fuera de España. Según Blanco, otros países europeos han mostrado interés en replicar el modelo, aunque con escaso éxito.
“En algunos lugares se ha intentado, pero sin voluntad política es imposible. Además, nosotros partimos con ventaja: el sistema español lleva décadas acumulando fondos y experiencia. No se puede improvisar de la noche a la mañana.”
El abogado apunta también a otro obstáculo: “Hay países donde existe una resistencia cultural a cualquier tipo de intervención pública. Algunos ciudadanos consideran que el Estado no debe tutelar sus decisiones privadas. Y, por supuesto, hay reticencias del propio sector asegurador, que teme perder cuota de negocio frente a un ente público.”
Aun así, cree que el modelo español es un referente exportable. “Combina lo mejor del sector privado con la garantía del Estado. Es una muestra de que la cooperación público-privada puede funcionar cuando el interés general está por encima del particular.”
El valor de la especialización
Detrás de la obra de Fernando Blanco hay una carrera entera dedicada a estudiar el derecho de seguros “desde dentro”. Empezó en los años ochenta, cuando apenas existían textos especializados. “En los manuales de derecho mercantil, el seguro ocupaba apenas seis páginas”, recuerda.
Desde entonces, ha publicado varios libros de referencia y ha participado en algunos de los mayores litigios del sector. Su despacho, con sede en Madrid, asesora tanto a aseguradoras como a asegurados y corredores, y son múltiples los casos dirimidos con éxito ante el Tribunal Supremo.
“El derecho de seguros es una disciplina muy técnica. Aquí no hay inteligencia artificial que valga. Todo se estudia línea por línea, cláusula por cláusula. Es un trabajo artesanal”, dice con orgullo.
Esa especialización, añade, no se improvisa. “Cuando un cliente viene con un siniestro industrial, muchas veces completamos su relato antes de que termine de explicarlo. Sabemos lo que ha pasado porque lo hemos visto cientos de veces”.
Un libro para profesionales, no para el escaparate
La cobertura del seguro de riesgos extraordinarios por el Consorcio de Compensación de Seguros no es un libro de librería. Blanco lo distribuye directamente entre clientes, instituciones y grandes compañías. “No tiene sentido entregárselo a competidores o venderlo al público general. Es un trabajo de consulta, casi técnico”, aclara.
El texto recorre toda la legislación y jurisprudencia aplicable, desde la normativa del Consorcio hasta las resoluciones de las audiencias provinciales. Incluye, además, un análisis comparado de cómo se gestionan los seguros catastróficos en otros países.
“Queríamos hacer un libro útil, que sirva para los operadores del sector: aseguradoras, corredores, empresas industriales. Gente que necesita entender cómo se articula la cobertura y cómo se financia”, resume.
Un debate que apenas acaba de empezar
La idea de hacer obligatorio el seguro de riesgos extraordinarios no ha tenido aún respuesta oficial por parte del Consorcio ni del Ministerio de Economía. “Nadie ha dicho nada. Supongo que son temas que se dejan aparcados”, comenta Blanco con ironía. Pero confía en que, con el tiempo, el debate se abra.
“El Estado termina asumiendo siempre el coste de los desastres. Si ya sabemos que eso va a ocurrir, ¿por qué no anticiparnos? Un sistema obligatorio nos permitiría estar preparados sin depender de la improvisación”.
La reflexión no es solo jurídica, sino ética: “La previsión también es una forma de justicia. No se trata de castigar al que no tiene, sino de proteger a todos por igual”.
Y concluye, con la serenidad de quien lleva media vida estudiando los riesgos de lo improbable: “No podemos evitar las catástrofes naturales, pero sí podemos evitar que se conviertan en tragedias humanas y económicas. Un seguro obligatorio sería el paso lógico para un país que, como España, ya ha demostrado que la solidaridad institucional puede funcionar”, concluye.
