El Tribunal Constitucional (TC), como máximo garante del cumplimiento de la Constitución Española, centró el debate celebrado en durante la IV Jornada por el Estado de Derecho, organizada por la asociación de jueces Foro Judicial Independiente (FJI) y que se celebró en el salón de actos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
El encuentro reunió a destacados expertos del ámbito jurídico para analizar los retos y desaciertos del alto tribunal, así como la necesidad de armonizar su doctrina con la jurisprudencia europea, especialmente la emanada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Dos mesas redondas y cuatro ponentes especializados estructuraron una jornada que combinó reflexión jurídica y mirada crítica. Los participantes revisaron algunas de las decisiones más controvertidas del TC en los últimos años y abordaron el delicado equilibrio que debe mantener con las instituciones europeas, en particular en materia de cuestiones prejudiciales, donde el papel de los jueces nacionales adquiere una relevancia decisiva.
Un Tribunal Constitucional que no se entiende
Antonio Narváez Rodríguez, magistrado de la sala Tercera del Tribunal Supremo y exmagistrado del Tribunal Constitucional (2014-2022), y Víctor Ferreres Comella, catedrático de Derecho Constitucional, bajo la moderación del magistrado Juan Montero García-Andrade, fueron los responsables de analizar el presente del Tribunal Constitucional.
«El TC: problemática actual y perspectivas de futuro», rezaba el panel.
Un planteamiento ante el que Narváez, tras ocho como magistrado del máximo tribunal de garantías, fue claro en sus afirmaciones. «Hay cosas que no entiendo en la actual doctrina del Constitucional. Por ejemplo, con la sentencia sobre la constitucionalidad de la ley de eutanasia, la persona jurídica del Mar Menor, o la polémica que se está generando para poner trabas a las cuestiones prejudiciales».
«El Tribunal Constitucional tiene dos funciones: Preservar la Constitución, y preservar el orden constitucional. Ningún poder público está por encima de la Constitución», recordaba en este sentido Narváez.
Funciones esenciales del TC ante el que la elección de sus integrantes no es tan relevante, para el magistrado, como el deber personal de éstos. «Dentro del Constitucional, tienes que mostrar lealtad a la Constitución», aseguró. Ello, más allá de las presiones o inclinaciones políticas.
Por su parte, Víctor Ferreres estableció hasta tres temas sobre los que, para el catedrático, el Constitucional no ha actuado como se esperará.
«El primero, el control de convencionalidad. Es decir, el control difuso de la adecuación a los tratados internacionales», exponía. En segundo lugar, «la pérdida de oportunidad» del TC a la hora de conservar el monopolio en la adecuación de las leyes con la UE. Por último, la aplicación de medidas cautelares ante un recurso de inconstitucionalidad.
El papel fundamental de los jueces
«Tribunal Constitucional y Tribunal de Justicia de la Unión Europea», fue la última de las mesas de valoración sobre este tema. Una mesa compuesta por Rosario Silva de la Puerta, exvicepresidenta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y Pedro Cruz Villalón, expresidente del Tribunal Constitucional y exabogado general del TJUE, y moderada por el magistrado Francisco Hazas Viamonte.
Una mesa en la que la exvicepresidenta fue clara con respecto a las cuestiones prejudiciales, y su presentación ante el TJUE por parte de los jueces españoles.
«La cuestión prejudicial es un mecanismo de colaboración entre el juez nacional y el TJUE», explicó Rosario Silva. «Esta facultad no puede verse limitada, ni por un órgano judicial interno, y tampoco por decisiones jurisdiccionales superiores, como el Tribunal Constitucional».
Un planteamiento ante el que la exvicepresidenta fue clara. «Los jueces españoles tienen una amplísima facultad para realizar estas cuestiones prejudiciales al tribunal europeo sobre temas que les preocupen. Ello, incluso por encima de las directrices marcadas por el Tribunal Constitucional. Una potestad que pueden ejercer, incluso, aunque deban presentar un recurso de constitucionalidad ante el TC».
«No solo estamos en un espacio constitucional europeo. Cada Estado tiene una Constitución. Por lo que se produce una dualidad que está llamada a integrarse», expuso, por su parte, Pedro Cruz Villalón.
Un contexto europeo en el que, para el expresidente del TC, es «básico asumir que un juez español, es un juez europeo».
Conectividad entre España y la UE en cuestión de Derecho ante el que, para Cruz Villalón, sólo hay una vía para que el Tribunal Constitucional mantenga su existencia. «Tener una identidad propia, basada en la reflexión jurídica, y la riqueza argumentativa. Sólo la excelencia de su trabajo puede salvar al TC», concluyó.
