El abogado y exmagistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, de 69 años –cumplirá 70 años el 26 de octubre próximo– aún no ha recibido notificación oficial del acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) del pasado 8 de octubre, en el que, por 18 votos frente a 3 se acordó inadmitir a trámite por “carencia manifiesta de fundamento”, su petición de revisar de oficio y anular los acuerdos de febrero de 2012 que determinaron su expulsión de la carrera judicial.
El CGPJ argumentó que la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a Garzón por el delito de prevaricación —y que dio lugar a los acuerdos de expulsión— sigue siendo “válida” mientras no sea revisada o declarada nula mediante la vía correspondiente.
La sentencia del Tribunal Supremo se sustentó en una disposición adicional incorporada al auto de autorización de las intervenciones, en la que se hacía extensiva la medida de grabación de las conversaciones a los letrados que asumieran la defensa “en el futuro”, además de los que ya la ejercían en ese momento.
Según explicaron fuentes del órgano de Gobierno de los jueces, el CGPJ, órgano no jurisdiccional, no tiene competencia, y por tanto capacidad, de anular la sentencia dictada por el Tribunal Supremo contra Garzón.
Por lo tanto, mientras dicho fallo del Tribunal Supremo «no sea revisado o de cualquier otra forma declarado nulo», la expulsión de Baltasar Garzón de la judicatura sigue siendo «válido». Y su cumplimiento, obligatorio, tal como establece el artículo 118 de la Constitución.
Pese a ello, y en parte debido a esa falta de comunicación del acuerdo del Pleno citado, Garzón ha vuelto a dirigirse al órgano de gobierno de los jueces para insistir en la anulación de los acuerdos de 2012 que formalizaron su expulsión de la judicatura, al considerar que contravienen el Dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU de 13 de julio de 2021.
En un nuevo escrito presentado a través de su defensa, el despacho ILOCAD –del que es socio director–, Garzón reitera que el CGPJ debe cumplir íntegramente el Dictamen del Comité de Naciones Unidas, que declaró que España vulneró de forma triple sus derechos fundamentales: el derecho a un tribunal independiente e imparcial, el derecho a la doble instancia y el derecho a una resolución previsible y no arbitraria.
El texto subraya que estas violaciones fueron las que desembocaron en su separación del cargo como magistrado-juez del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional.
Además, acusa al Consejo de evitar pronunciarse sobre el fondo del dictamen internacional, al haber abierto un procedimiento ordinario de rehabilitación que, según su defensa, “reduce la resolución de Naciones Unidas a un trámite burocrático sin valor jurídico”.
Y recuerda además que el Dictamen del Comité de Derechos Humanos tiene carácter vinculante y obliga al Estado español —y, por tanto, al CGPJ— a reparar íntegramente el daño causado, lo que incluye la restitución de su cargo.
Una opinión que, desde el Consejo General del Poder Judicial, no comparten.
Baltasar Garzón cumplirá 70 años el próximo 26 de octubre, edad en la que los jueces deben jubilarse de forma obligatoria. Solo podría haber seguido en activo si el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le hubiera autorizado una prórroga de hasta dos años, previa solicitud y tras evaluar su capacidad, idoneidad y las necesidades del servicio.
