El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde-Pumpido, ha avisado este martes de que un bloqueo prolongado en la próxima renovación de la corte de garantías, que debería producirse a final de año y supondrá la salida del propio Conde-Pumpido, puede llegar a afectar al «buen funcionamiento» del órgano.
Así se ha pronunciado en la rueda de prensa que ha ofrecido con motivo del VI Congreso Mundial sobre Justicia Constitucional, que se celebra entre el 28 y el 30 de octubre en Madrid, al ser preguntado sobre la falta de movimientos para que el Senado renueve el tercio del TC que le compete y que ahora representan Conde-Pumpido, María Luisa Balaguer, Ricardo Enríquez y José María Macías, los dos primeros de la mayoría progresista y los dos últimos, de la minoría conservadora.
«El TC siempre se ha pronunciado en las sentencias que ha dictado a favor de que la renovación de los órganos constitucionales debe producirse en plazo. Eso significa que el bloqueo de una institución puede afectar al buen funcionamiento del conjunto del sistema jurídico«, ha dicho.
Conde-Pumpido se ha mostrado consciente de que «a veces se producen retrasos moderados que no producen una afectación tan grande», si bien ha advertido de que bloqueos, como el vivido durante más de cinco años para renovar el anterior Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), suponen una «anormalidad grave» que «también puede ser una forma de afectar si no a la independencia (del TC) sí al buen funcionamiento del sistema».
Interrogado sobre qué retraso sería aceptable en lo tocante a la próxima renovación, ha rehusado pronunciarse, explicando que si lo hiciera «de alguna manera estaría interfiriendo en una labor que no le corresponde al TC», por cuanto «es una labor política de búsqueda de consenso». No obstante, ha incidido en que «lo deseable es que no hubiese demora alguna».
«Interferencia política» en el TC
Además, el presidente del TC ha vuelto a identificar como «amenazas» a la independencia del TC «la interferencia política» mediante «manifestaciones que proceden de otros poderes del Estado». «Desde miembros de otros órganos del Estado, del Legislativo, del Ejecutivo o del Judicial», y que «desautorizan las decisiones del TC» cuando no las comparten, ha recalcado.
En la misma línea se ha referido a «las maniobras u obstaculizaciones que se producen en la ejecución de las sentencias del TC», enfatizando que «están en la cúspide del ordenamiento» jurídico y, por tanto, los magistrados del TC «son los últimos que hablan» y sus resoluciones «no pueden ser cuestionadas por ningún tribunal».
Aunque no se ha referido a ello expresamente, cabe recordar que la Audiencia Provincial de Sevilla ha acudido al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) para combatir la sentencia del TC sobre el ‘caso ERE’, que supuso la absolución de los ex presidentes andaluces José Antonio Griñán y Manuel Chaves.
Conde-Pumpido sí ha querido recordar que «en la época del Gobierno del PP se dictó una ley muy importante que dotaba al TC de competencias para ejecutar sus propias resoluciones» y que fue «muy útil» durante el ‘procés’.
Por otro lado, ha apuntado a «las campañas políticas o mediáticas que tratan de desautorizar y llevar a la opinión pública (las ideas de) que el TC no goza de la suficiente independencia», y de «que las decisiones del TC no son lo suficientemente equitativas», como otro riesgo.
En este contexto, ha puntualizado que esas son las «amenazas» a la independencia de las cortes constitucionales que se han ido identificando a lo largo de los años pero que «surgen fórmulas nuevas», como la amenaza de aranceles del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Brasil por el ‘caso Bolsonaro’.
