El magistrado del Juzgado de Instrucción 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha citado a declarar como investigados al exasesor del Ministerio de Transportes Koldo García y al empresario Víctor de Aldama los días 27 y 28 de noviembre, respectivamente.
Esta decisión, recogida en una providencia del 25 de octubre de 2024, se produce a petición de la Fiscalía Anticorrupción tras analizar el informe de la Guardia Civil sobre la adjudicación de contratos de mascarillas en Canarias durante la pandemia.
La investigación se centra en los pagos mensuales de 10.000 euros en efectivo que, según la UCO, Aldama realizaba a Koldo García desde al menos octubre de 2019.
El fiscal Luis Pastor sostiene que estos pagos, descritos como «una suerte de nómina», permitían al empresario «tener acceso al propio ministro» José Luis Ábalos, entonces titular de Transportes.
De hecho, Aldama declaró haber presenciado cómo el dinero que entregaba a Koldo era repartido con Ábalos.
La Fiscalía argumenta que este «patrón» de pagos no respondía a actuaciones concretas, sino que buscaba «asegurar la capacidad de influencia» para obtener beneficios económicos.
En el caso de Canarias, esta influencia se habría traducido en la facilitación de contratos de emergencia para material sanitario, incluyendo gestiones relacionadas con la adjudicación, certificación y cobro de las mascarillas.
Los investigadores destacan que el entonces viceconsejero de Canarias, Antonio Olivera, avaló la operación pese a las «dudas» internas sobre el precio «fuera de mercado» y la calidad del material.
La UCO documenta cómo Koldo García intermedió directamente, llegando a preguntar a Olivera «la cantidad de material que se pueden quedar», lo que evidencia el control que ejercía sobre el proceso.
Para el fiscal, estos hechos podrían constituir un delito de tráfico de influencias, del que serían partícipes Koldo García y Víctor de Aldama.
