Hay una frontera invisible entre la memoria y la indiscreción. Entre el recuerdo y la invasión presunta de la intimidad. Isabel Preysler ha cruzado esa línea al publicar en sus recientes memorias, anunciadas con fanfarrias de reina de corazones, cartas privadas de su amante y premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, sin su consentimiento en su día, ni el de sus herederos, al haber fallecido.
Una cosa es ser dueña física de las cartas, y otra muy distinta es hacer caja con ellas. Porque las cartas, aunque estén en manos de quien las recibe, siguen siendo propiedad intelectual de quien las escribe. Y sobre todo, son propiedad moral de una intimidad compartida.
La Constitución Española, en su artículo 18, protege el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, y a la propia imagen. Y añade, en su apartado 3, la garantía del secreto de las comunicaciones, incluidas las cartas privadas.
Publicarlas sin consentimiento no es solo una falta de elegancia: es una posible intromisión ilegítima en derechos fundamentales. Así lo veo yo, y así lo ven varios juristas a los que he consultado.
Lo confirma la Ley Orgánica 1/1982, que en su artículo 7 considera como vulneración del derecho a la intimidad “la revelación o publicación del contenido de cartas, memorias u otros escritos personales de carácter íntimo”.
Incluso si quien publica es el destinatario, no se puede difundir sin el permiso del autor. La ley protege no solo el contenido, sino el contexto emocional y confidencial en que fue escrito.
Y si hablamos de propiedad intelectual, la Ley de Propiedad Intelectual (Texto Refundido de 1996, que recoge principios ya presentes en la Ley de 1987) establece que el autor conserva los derechos morales sobre su obra, entre ellos el derecho a decidir si se divulga o no. Las cartas son obra escrita, y por tanto, están amparadas por esta protección. Y en todo caso, una vez publicadas, los herederos tendrán derecho a una parte alícuota de las ventas por derechos de autor.
No se trata de proteger a Vargas Llosa por su fama, sino de defender un principio: el respeto a la confidencialidad, a la palabra escrita en confianza, al pacto tácito que existe entre dos personas que se escriben desde la emoción, el deseo o la duda. Publicar esas cartas sin permiso es una forma de traición. De exposición innecesaria. De espectáculo.
La historia literaria nos ofrece un ejemplo más noble. Las cartas entre Emilia Pardo Bazán y Benito Pérez Galdós. Conocemos las de ella: provocativas, sensuales, titilantes en los exabruptos del deseo. Pero no conocemos las de él. No porque no existan, sino porque casi seguro duermen en algún cajón, esperando la mejor ocasión.
Tal vez porque alguien entendió que hay cosas que no se deben abrir. Hay palabras que deben quedarse en la penumbra del respeto.
Hoy, en tiempos de memorias convertidas en mercancía, conviene recordar que la intimidad no es un derecho de exhibición. Que la imagen del otro no se puede manipular a conveniencia. Que las cartas, como los abrazos, no se prestan. Se guardan.
Los herederos, según la Ley Orgánica 1/1982, tienen cuatro años desde la publicación para reclamar daños morales por esta posible intromisión. Respecto a los derechos morales de autor, son imprescriptibles, siempre que estén dentro del plazo de 70 años desde la muerte del autor. Casi una eternidad.
Una vez le preguntaron al maestro George Steiner, el crítico literario más afamado hasta su muerte en 2020, quién era el más grande autor en lengua española. El escritor estadounidense no dudó: Mario Vargas Llosa.
Pero a continuación advirtió: “No entiendo cómo un hombre de su nivel intelectual y literario anda con esa mujer del corazón.”. Hay amores que matan.
Javier López Galiacho es profesor titular de Derecho Civil y académico de número de la Real Academia Europea de Doctores. En su columna aborda la problemática legal que presenta la publicación de correspondencia personal en casos como el del libro de Isabel Preysler, en el que se recogen las cartas que Mario Vargas Llosa le envió en vida y que tanta polémica ha levantado.
