La noticia llegó a Coslada con la discreción con la que suelen aparecer estos problemas en España: sin ruido, pero dejando claro que algo va mal. La magistrada Cristina Merlo Llanos, titular del Tribunal de Primera Instancia e Instrucción 2 (antes Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2)—situado a poco más de 11 kilómetros de Madrid capital—, ha decidido suspender todos los procedimientos civiles.
Lo hizo, según explicó, porque su juzgado se encuentra en un “estado cercano a la catástrofe”. Y cuando una magistrada con meses de trabajo acumulado y expedientes apilados hasta el límite utiliza palabras así, no suelen ser exageraciones.
En su resolución aclara que la suspensión se mantendrá “hasta que los órganos penales estén en una situación que no comprometa su futuro”. Es decir, hasta que la carga de trabajo en la parte penal del juzgado deje de ser insostenible.
Esta situación, añade, se ha agravado por los cambios introducidos por la Ley Orgánica 1/2025, una norma que pretendía mejorar la eficiencia de la Justicia, pero que en la práctica ha generado más problemas de organización.
Aun así, no todo queda paralizado. La magistrada exceptúa de la suspensión los asuntos más sensibles o urgentes: los casos de familia, las incapacidades, los internamientos y los desahucios en los que la parte demandante sea una empresa u otra entidad jurídica. Son temas que, por su impacto directo en la vida de las personas, no pueden quedarse esperando indefinidamente.
Además, Merlo Llanos recuerda en una providencia fechada el 14 de noviembre que ya había solicitado refuerzos al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, aunque por ahora no ha recibido respuesta. Una decisión sobre la que el Ministerio tiene la última palabra.
El resultado es una jueza que intenta mantener cierto orden en medio de una carga de trabajo desbordante, mientras las soluciones desde instancias superiores no terminan de llegar.
Si esta situación perteneciera a una novela, quizá habría héroes cansados y un ambiente épico. Pero no se trata de ficción. Es simplemente el reflejo de un sistema judicial saturado, en el que algunos profesionales siguen esforzándose por hacer su trabajo pese a las dificultades. Y a veces —como en este caso— la realidad supera cualquier historia inventada. Una historia sobre la que ha informado el abogado Miguel Torres Mingot.
