El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tiene previsto aprobar mañana el informe preceptivo sobre la idoneidad de la candidata propuesta por el Gobierno, la fiscal Teresa Peramato Martín, de 63 años, para ocupar la Fiscalía General del Estado.
Se trata de un dictamen obligatorio —aunque no vinculante— que constituye el primer examen institucional del nombramiento.
Con este informe, el CGPJ cumple lo establecido en el artículo 29 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), que exige que el Consejo sea “oído” antes de que el proceso avance hacia las Cortes Generales.
Su función es estricta: comprobar que la candidata reúne los requisitos legales —ser jurista española de reconocido prestigio y acumular al menos quince años de ejercicio efectivo en la profesión jurídica— y advertir, en su caso, de circunstancias que puedan afectar a la apariencia de independencia del cargo; no aparece haber ninguna.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) suele avalar al candidato propuesto por el Gobierno para la Fiscalía General del Estado, con una única excepción: Álvaro García Ortiz. Aunque el órgano respaldó su nombramiento inicial, en el trámite para su renovación lo declaró “no idóneo”.
El anterior CGPJ —de mayoría conservadora— fundamentó su rechazo en una sentencia del Tribunal Supremo que apreciaba “desviación de poder” por parte de García Ortiz al ascender a su predecesora, Dolores Delgado, a la categoría más alta de la carrera fiscal.
A este argumento añadió su crítica a lo que consideró una política de nombramientos discrecionales que favorecía a miembros de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), la aplicación de criterios erróneos en asuntos como la ley del solo sí es sí y la supuesta “inactividad” ante las acusaciones de lawfare dirigidas a los fiscales del procés.
Este dictamen generó rechazo en el sector progresista del propio CGPJ, que acusó a la mayoría conservadora de exceder sus funciones al ir más allá de los requisitos legales para el cargo: ser jurista español de reconocido prestigio con más de 15 años de experiencia.
Pese al informe negativo, el Gobierno mantuvo la renovación, dado que el dictamen del CGPJ es preceptivo pero no vinculante.
Tras la aprobación del dictamen, la propuesta pasará al siguiente paso del procedimiento: la comparecencia de Teresa Peramato ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. En esa sesión, la aspirante expondrá su trayectoria, responderá a las preguntas de los grupos parlamentarios y someterá su candidatura a un escrutinio político y público.
La Comisión no vota una “aprobación” formal, pero emite un criterio que acompaña al expediente.
Superados ambos trámites —informe del CGPJ y comparecencia parlamentaria—, el Gobierno podrá elevar el nombramiento al Rey mediante Real Decreto, cerrando así el proceso.
