El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha aclarado hoy que la participación de magistrados y fiscales en cursos de formación es una “práctica habitual”, en respuesta a la polémica generada por la asistencia de tres magistrados del tribunal que juzgó al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a varias ponencias impartidas antes de que se hiciera pública la sentencia.
El ICAM había ejercido como acusación popular en ese proceso.
«La participación de jueces, magistrados, fiscales y otros profesionales en actividades docentes del ICAM es una práctica habitual, normalizada y transparente», ha explicado el Colegio madrileño.
«Como ocurre en múltiples instituciones académicas y de formación jurídica, los perfiles que colaboran con el Centro de Estudios del ICAM son seleccionados por su experiencia, cualificación y trayectoria profesional», ha añadido en un comunicado, destacando que “multitudes” de operadores jurídicos, incluida Teresa Peramato, propuesta como nueva fiscal general del Estado, han colaborado en la formación de los futuros abogados.
El ICAM contesta así a la información difundida esta mañana por el programa «La Hora de La 1», que presenta la periodista Silvia Intxaurrondo y que recogieron otros medios.
Los magistrados mencionados son Andrés Martínez Arrieta, presidente del tribunal y de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, y los jueces Antonio del Moral y Juan Ramón Berdugo, quienes intervinieron los días 17, 18 y 19 de noviembre en unas jornadas formativas para abogados del turno de oficio sobre recursos de casación.
Aunque el juicio ya había concluido, el fallo no se conoció hasta el 20 de noviembre.
«Y con esto, señores, concluyo, que tengo que poner la sentencia del fiscal», se despidió Martínez Arrieta. En ese momento, no se sabía que la ponencia había pasado de Susana Polo al presidente del tribunal por la discrepancia de esta magistrada y su compañera Ana Ferrer con la condena que fue anunciada el pasado 20 de noviembre.
Fuentes jurídicas explican que Del Moral coordina desde hace años este curso obligatorio para el turno de oficio y que la edición de noviembre estaba programada con un año de antelación. Los magistrados recibieron 90 euros por hora, y Martínez Arrieta percibió en total 180 euros.
El Colegio también destaca la dimensión y pluralidad de su oferta formativa: en 2024 se celebraron 459 cursos con 824 ponentes, y hasta el 25 de noviembre de este año, 399 cursos con 726 ponentes.
Y añade que los programas no los organiza la Junta de Gobierno, sino los responsables académicos del Centro de Estudios, que actúan con independencia técnica y aplican criterios de mérito y especialización.
El caso de fondo concluyó con la condena a García Ortiz a dos años de inhabilitación, una multa de 7.200 euros y el pago de 10.000 euros de indemnización por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
