Hay historias que empiezan con un disparo y otras con dos cartas de Iberdrola.
La de Marius Moisa, de 25 años, para desgracia suya, pertenece a la segunda categoría. Nada heroico. Nada que cantar en tabernas. Apenas un portal de la calle madrileña Aduana 7, la tarde del 23 de enero de 2021 y dos sobres que no eran suyos.
De esos que un hombre sensato tiraría a la basura sin pensar. Pero uno nunca calcula que la vida —y la justicia, que a veces es peor— tiene querencia por convertir la tontuna más inofensiva en un pequeño teatro del absurdo.
El auto de Procedimiento Abreviado, de fecha 24 de mayo de 2023 – dos años y cuatro meses después– lo dejaba claro como el caldo de un convento: Marius y su amiga Cristina, de 30 años, entraron al portal, abrieron los sobres y punto.
Nada de palanquetas ni ganzúas ni asaltos dignos de un mal capítulo de la serie The Wire.
“No consta indiciariamente acreditado que se forzara el buzón”, escribió la instructora, con esa sequedad burocrática que es lo más parecido al honor que puede encontrarse hoy en un juzgado.
Además, los objetos intervenidos —cartas, tarjetas de crédito, documentación— habían sido destruidos por la Policía en la Comisaría. Como si alguien, en un arrebato de celo o de siesta mal dormida, hubiese decidido que resolver el misterio era una pérdida de tiempo.
UN VECINO LLAMÓ A LA POLICÍA
La denuncia, por cierto, la había presentado Ernesto, uno de los vecinos de la casa, que cuando salió, a las 14.30, a hacer la compra, vio como un hombre y una mujer, que a él le parecieron “de aspecto toxicómano” estaban en el rellano de la escalera de acceso a las viviendas, frente a los buzones. Todos ellos aparecían abiertos y la correspondencia tirada por el suelo.
Así que llamó al 112.
La Policía comprobó que dos de los sobres eran de Iberdrola y que estaban parcialmente abiertos.
Como es lógico, se presentó la consiguiente denuncia. Pero no pasó nada. Pasaron 2 años y 9 meses sin un solo movimiento, como soldados viejos en un cuartel abandonado.
Pero entonces intervino el Ministerio Fiscal, esa institución que, cuando se pone creativa, compite con Cervantes en imaginación.
El 5 de octubre de 2023 –4 meses y 11 días después del auto de procedimiento abreviado (4 meses y 1 días fuera del plazo de 10 días que tiene la Fiscalía para presentar la acusación según la Ley de Enjuiciamiento Criminal)– presentó un escrito de acusación que habría hecho palidecer al propio inspector Javert, ya saben el de “Los Miserables”, de Víctor Hugo.
El Ministerio Fiscal concluyó que los acusados forzaron “la mayoría de los buzones”, que pretendían “apoderarse de cuanto de valor hubiera” –como tarjetas de crédito– y que merecían, por ello, una condena de 11 meses y 29 días de prisión.
Uno casi espera que añadieran que iban armados con espada toledana y que huyeron por los tejados. Porque nada de aquello constaba en el auto. Ni en la instrucción. Ni en la realidad. No existía fuerza acreditada ni manipulación violenta en los buzones.
Era, simplemente, una historia nueva, recién estrenada para la ocasión. Como cuando ciertos tertulianos opinan de Historia sin haber leído un libro en su vida.
COPIA Y PEGA
El auto de apertura de juicio oral tampoco ayudó mucho. Su Señoría se limitó a copiar lo que decía la Fiscalía, sin dignarse a comprobar si aquello tenía pies, cabeza o algo parecido a la verdad.
El viejo vicio de firmar sin leer, tan español como las procesiones bajo la lluvia. Y ahí quedó: acusación por robo con fuerza en grado de tentativa, con la cárcel respirando en la nuca.
Pero la verdadera batalla llegó en el juicio oral, ante Su Señoría, la magistrada María Dolores Palmero Suárez, titular del Juzgado de lo Penal 18 de Madrid.
Allí apareció Javier Álvarez Matilla, el letrado sustituto, siguiendo la estrategia trazada por Andrés Álvarez Matilla y Diego Fernández López.
Gente de la firma Matilla & Pastrana, de los que aún creen que la ley debe aplicarse incluso cuando estorba. Y eso hoy es casi un acto de subversión.
—Mire usted —vino a decir el abogado, con esa cortesía afilada de quien sabe que la razón está de su lado—, no pueden ustedes inventarse hechos nuevos. No pueden sostener fuerza donde el auto dice que no la hay. No pueden pedir prisión basándose en aire.
Y lo dijo con pruebas, basándose en artículos de la LECRim, y con esa sobriedad que distingue a los profesionales de los charlatanes.
DE ROBO CON FUERZA EN GRADO DE TENTATIVA A HURTO LEVE EN TENTATIVA
Tanto, que a la fiscal no le quedó otra que hacer lo que nadie quiere hacer en mitad de un juicio: pedir permiso a su superior para rectificar. Que ya es símbolo suficiente del derrumbe.
El edificio imaginario se desmoronó. Donde antes había un robo con fuerza digno de novelita barata, solo quedaba un hurto leve en tentativa, la pena mínima, una multa de 29 días a razón de 4 euros diarios; 116 euros.
Marius aceptó, como aceptan los marineros la tormenta cuando no hay otro remedio. Y la sentencia quedó firme en el acto. Irónicamente, fue lo único rápido en cuatro años de procedimiento. Así quedó rubricado en la sentencia número 330/2025 de 21 de noviembre.
En el fondo, el caso Moisa enseña lo de siempre, lo que ya sabían los viejos romanos y los viejos pícaros: Que una acusación puede inflarse como un odre de vino cuando falta rigor, que el principio acusatorio es algo más que un adorno académico, que cuatro años sin investigar no dan para mucha épica y que una defensa honrada y bien armada puede salvar a un hombre del naufragio al que parece condenado por pura inercia.
En resumen, una historia española de las de ahora y de siempre: pequeñas grandezas, errores grandes, y la justicia haciendo lo que puede entre papeles perdidos y despachos desvencijados.
Con la diferencia de que, esta vez, los buenos —si es que aún existe esa palabra— hicieron lo que debían. Y ganaron. Aunque fuera por los pelos.
