La Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (ACIJUR) fue distinguida ayer por el Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España con su Premio Merito Social a la mejor laboral periodística en pro de la Justicia social.
Un galardón que recogió su presidente, el periodista Xavier Gil Pecharromán, en la ceremonia que esta institución celebró por la mañana en el salón de Plenos del Senado, la cámara alta de nuestro sistema democrático.
Gil Pecharromán, una de las voces más reconocidas del periodismo jurídico y económico en España, agradeció el reconocimiento en nombre de los compañeros de la especialidad. «Sin duda, refuerza el compromiso inquebrantable de los informadores jurídicos con una profesión, como la de graduado social, que es uno de los pilares de la paz social y la justicia en España», dijo, en su turno de agradecimientos en una ceremonia especial, en el año que marca el Centenario del nacimiento de esta profesión.

El galardón a ACIJUR fue uno de los seis Premios al Mérito Social que se entregaron en esta XX Edición, a la que asistieron casi el aforo completo del Senado: 266 personas.
Los otros galardonados fueron el periodista de Antena 3 Televisión, Matías Prats Luque, Premio Mérito Social a la Trayectoria Profesional; Ricardo Bodas Martín, vocal del Consejo General del Poder Judicial y magistrado jubilado, y Sofía Puente Santiago, secretaria general para la Innovación y la Calidad del Servicio Público Público de Justicia, Premios Mérito Social a la Justicia; José Luis Concepción Rodríguez, expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Premio Mérito Social a la Defensa de la Profesión; y Agustín Sánchez-Toledo Ledesma, fundador y director de Prevencionar y del Instituto de Seguridad y Bienestar Laboral, Premio Mérito Social a la Prevención de Riesgos Laborales.
En la mesa presidencial, flanqueando al presidente Merchán, estuvieron la ministra italiana de Trabajo y Políticas Sociales de Italia, Marina Elvira Calderone, la ministra española de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz Delgado, junto a la directora general de Eficiencia de la Justicia, Verónica Ollé Sesé, que sustituyó al ministro Félix Bolaños.
MATÍAS PRATS: AGRADECIMIENTO CON MUCHO HUMOR
Tras recoger la entrega de su premio, Matías Prats, con mucho humor e ironía, relató la conversación que había mantenido con la ministra Elma Saiz minutos antes de empezar la ceremonia: «Me dijo: felicidades, pero no felicidades por el premio, sino por seguir aportando a la hucha de la Seguridad Social», y se volvió hacia ella con una sonrisa abierta.
Matías Prats Prats tiene 75 años recién cumplidos y sigue presentado los informativos de fin de semana en Antena 3 Televisión. Podía haberse jubilado hace 10 años y no lo ha hecho.
La ministra confirmó después la veracidad de lo dicho por Prats, cuando pronunció el discurso de cierre del evento. «Has contado la verdad de lo que te dije antes de entrar en esta sala», dijo refiriéndose directamente al periodista.
«Este hecho es posible gracias a las reformas que hemos puesto en marcha en España porque no nos podemos permitir que un talento como el tuyo no siga aportando a nuestro mercado laboral y contribuyendo a la caja de la Seguridad Social», añadió.
En esa última intervención, Saiz anunció una medida largamente demandada por los graduados sociales, un compromiso que fue recibido con fuertes aplausos entre los asistentes: la ampliación del plazo de 3 a 6 días para la comunicación de las notificaciones de bajas; una reivindicación histórica de este colectivo profesional.
Según explicó, esta iniciativa es el resultado de la colaboración constante entre el Ministerio y los graduados sociales, una cooperación que —subrayó— tiene como objetivo mejorar el servicio que se presta a la ciudadanía, haciéndolo más ágil, eficaz y cercano.



RICARDO BODAS: TUVO QUE VER CON EL RECURSO DE SUPLICACIÓN
Ricardo Bodas Martín, vocal del Consejo General del Poder Judicial, magistrado jubilado y exabogado laboralista, fue distinguido con el Premio Mérito Social a la Justicia por su destacada trayectoria y contribuciones al fortalecimiento del estado de derecho y a la jurisdicción social en España.
Bodas fue abogado laboralista durante 16 años, luego magistrado de lo social desde 1990, presidente de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional y más tarde miembro de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo.
El galardonado recordó su relación de «50 años con los graduados, lo que significa que ha acompañado a este colectivo durante más de la mitad de su centenario».
Se sintió orgulloso de que un colectivo con una participación tan activa en la Administración de Justicia lo hubiera considerado merecedor del premio. Señaló que entre 2004 y 2007 fue director general de Relaciones con la Administración de justicia. Un periodo en el que ocurrió un hecho histórico para los graduados: «Conseguimos que se les atribuyera la competencia de interponer recursos de suplicación ante las salas de lo social de los 17 Tribunales Superiores de Justicia. La gran asignatura pendiente ahora es conseguir que también puedan hacerlo con los recursos de casación ante el Tribunal Supremo».
Finalizó recordando que la justicia emana del pueblo (citando el artículo 117 de la Constitución), «por lo tanto, el pueblo y los ciudadanos tienen el legítimo derecho a exigir a los profesionales un servicio público de justicia que sea transparente, rápido y de calidad«.



SOFÍA PUENTE, UN PREMIO QUE «NO LE PERTENECE»
Sofía Puente Santiago, secretaria general para la innovación y calidad del servicio público de justicia, recibió igualmente el Premio al Merito Social a la Justicia por una trayectoria que refleja el compromiso firme de una jurista dedicada a fortalecer un servicio público de justicia más ágil, más cercano y más confiable para la ciudadanía. Y de forma especial por su reconocimiento al trabajo que se realiza desde el Ministerio, desde donde se pilota el proceso de transformación del sistema judicial más importante en 150 años. Pasando una organización clásica de juzgados y tribunales del siglo XIX a una más moderna, propia del siglo XXI.
Aunque el premio fue otorgado a título personal, Sofía Puente subrayó que lo interpretaba «como un reconocimiento al trabajo que se desarrolla de manera constante desde el Ministerio de Justicia». Manifestó su firme convicción en el valor del trabajo colectivo y del esfuerzo compartido, recordando, en palabras de una compañera también premiada de la Universidad de Sevilla: «ningún éxito se construye en solitario».
Desde esa perspectiva, afirmó que este reconocimiento no le pertenece únicamente a ella, sino a todas las personas que la han acompañado a lo largo de su vida, en las distintas etapas y responsabilidades de su trayectoria profesional.
De manera especial, expresó su agradecimiento a Juan Carlos Campo, exministro de Justicia y magistrado del Tribunal Constitucional, allí presente, «quien confió en mí y me incorporó al proyecto en enero de 2020, abriéndome las puertas a todo lo que ha venido después».
Asimismo, reconoció la colaboración y el apoyo de Verónica Ollé, directora general de Eficiencia de la Justicia, y de María Emilia Adán, que hace unos días ha dejado de ser la decana del Colegio de Registradores de España, cuyo trabajo y compromiso han sido fundamentales.


JOSÉ LUIS CONCEPCIÓN, EXPRESIDENTE DEL TSJCYL, AMIGO DE LOS GRADUADOS
José Luis Concepción Rodríguez, expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y magistrado de ese órgano judicial, fue distinguido con el Premio Mérito Social a la Defensa de la Profesión por abrir las puertas de la justicia castellanoleonesa a los graduados sociales, reconociendo siempre su valor esencial.
Concepción agradeció el premio, destacando las excelentes relaciones que mantuvo con el Consejo General de Colegios de Graduados Sociales de España y con los nueve colegios de Castilla y León durante los 20 años que ostentó la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de esa Comunidad Autónoma.
El galardonado declaró sentirse «parte vuestra» y recordó con orgullo que el germen del colegio de Segovia, del que es colegiado de honor, fue impulsado por otro José Luis Concepción: su padre.

AGUSTÍN SÁNCHEZ-TOLEDO, EL ABSENTISMO, UN PROBLEMA A RESOLVER
El último distinguido con un Premio al Merito Social, este a la Prevención de Riesgos Laborales, fue Agustín Sánchez-Toledo Ledesma, fundador y director de Prevencionar y del Instituto de Seguridad y Bienestar Laboral, Premio Mérito Social a la Prevención de Riesgos Laborales.
Sánchez Toledo, en su turno de agradecimientos, destacó que «este año se cumplen 30 años de la Ley de Prevención. Este premio coincide con el centenario del Consejo General, lo cual me genera, por ello, mucha más ilusión».
El premiado hizo hincapié en que la prevención y los graduados sociales van «de la mano». Durante su intervención, recordó también el origen de Prevencionar, una iniciativa que nació cuando él y otros profesionales decidieron poner el foco en los aspectos positivos de la prevención. “Lo malo ya lo saben”, señaló en referencia a los incidentes y accidentes, explicando que el objetivo era visibilizar aquello que sí funciona y que, con frecuencia, pasa desapercibido.
Con esa idea, pusieron en marcha Prevencionar como un espacio destinado a destacar las buenas prácticas en materia preventiva y a reconocer el trabajo que desarrollan las organizaciones, los trabajadores y las pequeñas empresas. A lo largo del tiempo, el proyecto ha ido creciendo hasta consolidarse como un referente en el sector.
En la actualidad, subrayó, Prevencionar tiene presencia en más de diez países, donde comparte noticias, información especializada y experiencias de éxito, y es conocido por la práctica totalidad de los profesionales del ámbito de la prevención.
Sánchez-Toledo se refirió, por último al «gran problema» para la sociedad del absentismo. «Tenemos que seguir trabajando y haciendo esfuerzos para afrontarlo», dijo.

TAMBIÉN, DIEZ MENCIONES ESPECIALES
Además de estos premios, el Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales entregó diez menciones especiales.
A José Manuel Pan López, periodista y redactor de La Voz de Galicia, a la mejor labor periodística en pro de la justicia social..
A Raúl de Castro Rojas, expresidente del Colegio de Palencia, a María del Milagro Martín López, catedrática de la Escuela Universitaria de la Universidad de Sevilla y vicedecana de posgrado, y a Santiago García Campá, vicedecano del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la Universidad Jaume I de Castellón, por su defensa de la profesión.
A la trayectoria profesional: María Rosa Oliver Forteza, graduada social del Colegio Oficial de las Islas Baleares, José Luis Hernández de Luz, exjefe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Salamanca, y María Emilia Adán García, exdecana del Colegio de Registradores de España.
El de Prevención de Riesgos Laborales fue para Mar Cogollos Paja, directora de la Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal (AESLEME).
Las dos últimas menciones de honor a la Justicia fueron para Francisco Javier Lluch Corell, presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, y José Fernando Lousada Arochena, graduado social y magistrado del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.