La Confederación Empresarial de Oficinas de Farmacia de Andalucía (CEOFA) ha encendido la mecha legal en el Tribunal Supremo (TS) al interponer un recurso contencioso-administrativo por el que solicita la impungación del Real Decreto 903/2025, de 7 de octubre, que regula la elaboración y dispensación de fórmulas magistrales tipificadas de preparados estandarizados de cannabis.
¿El motivo? Según Javier Toribio, socio de Andersen que ha liderado el asesoramiento, esta «iniciativa normativa del Ejecutivo vulnera derechos consolidados del modelo de Oficina de Farmacia español, constituyendo un exceso en el ejercicio de la potestad reglamentaria»
Este movimiento no es solo un pleito administrativo; pues, según el profesional, «este Real
Decreto cercena una función atribuida con rango de Ley a las Oficinas de Farmacias para la
elaboración y dispensación de estos preparados».
El asesoramiento técnico de esta ofensiva legal corre a cargo de la firma Andersen, liderado por Javier Toribio, socio de Público y Regulatorio, en colaboración con Silvia del Saz, «Of Counsel» de la misma firma y Catedrática de Derecho Administrativo. Según la nota de prensa emitida por la firma, la iniciativa normativa del Ejecutivo «vulnera derechos consolidados del modelo de Oficina de Farmacia español».
El Exceso Reglamentario y la Inseguridad Jurídica
La médula del recurso interpuesto radica en que el Real Decreto incurre en un «exceso en el ejercicio de la potestad reglamentaria». La acusación principal es grave: la nueva regulación cercena una función clave que ya está atribuida a las Oficinas de Farmacias con rango de Ley, específicamente la elaboración y dispensación de estos preparados.
Desde el despacho señalan en un comunicado que el Real Decreto vulnera el principio de jerarquía normativa al excluir de forma injustificada a las oficinas de farmacia de una actividad que la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios sí les reconoce expresamente, siempre que dispongan de los medios necesarios.
El socio de Andersen, Javier Toribio, afirma que esta regulación «carece de la justificación técnica necesaria y presenta incoherencias que evidencian su falta de rigor. La impugnación subraya, además de la falta de motivación técnica, otras deficiencias regulatorias, como la invasión de competencias autonómicas y la asunción indebida de funciones que la ley atribuye a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).
Las consecuencias para el paciente
Más allá de la pugna competencial y el debate sobre la jerarquía de las normas, el efecto más preocupante de la regulación recae directamente sobre la salud pública y el acceso a terapias. Los asesores legales advierten que el escenario creado «genera inseguridad jurídica en un ámbito tan sensible como es el acceso de los pacientes a tratamientos con cannabis medicinal».
El recurso ante el Tribunal Supremo, al exigir rigor y coherencia regulatoria, busca restablecer el marco de seguridad jurídica y la función legal de la farmacia en la dispensación de tratamientos estandarizados de cannabis, intentando evitar que una regulación percibida como arbitraria limite el acceso a terapias cruciales.
En definitiva, la CEOFA y Andersen ven este recurso como un escudo protector frente a una normativa que «cercena una función atribuida con rango de Ley», transformando el Supremo en el árbitro final del modelo de dispensación de fórmulas magistrales en la era del cannabis medicina
