Con esta afirmación contundente, la magistrada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer 14 de Madrid, Cira García Domínguez, abrió una reflexión de fondo sobre las carencias y los retos del sistema judicial en la protección de la infancia expuesta a la violencia machista.
Fue en el marco de su intervención en las I Jornadas Formativas PROLAJ, celebradas en el Colegio de Abogados de Las Palmas de Gran Canaria. Durante su ponencia, “La protección de la infancia en entornos de violencia de género”, que estuvo marcada por un enfoque eminentemente práctico y una apelación directa a la responsabilidad de los operadores jurídicos.
Desde el inicio, la magistrada subrayó la necesidad de reforzar la formación especializada de quienes intervienen en estos procedimientos.
“Es muy importante que sigamos formándonos todos y todas los que trabajamos diariamente con las víctimas, con sus hijos e hijas, en contextos de violencia”, afirmó, defendiendo una justicia capaz de comprender la complejidad real de estas situaciones.
Uno de los aspectos centrales de su intervención fue la defensa del valor diferencial de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, destacando su competencia mixta penal y civil como una herramienta clave para abordar la violencia de género de forma integral.
ERROR DEL SISTEMA
A su juicio, uno de los principales errores del sistema es la separación artificial entre ambos ámbitos: “Disociar el procedimiento penal del de familia es un error claro y determinante”, advirtió, aludiendo a resoluciones civiles que ignoran antecedentes de violencia previamente denunciados.
En este sentido, fue especialmente crítica con la idea de que la ausencia de condena penal implique la inexistencia de violencia.
“Parece que una sentencia absolutoria hace desaparecer mágicamente la violencia, y eso no es así”, señaló, recordando que muchos procedimientos se archivan provisionalmente y que el maltrato psicológico habitual presenta serias dificultades probatorias.
La magistrada puso especial énfasis en el reconocimiento legal de los hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia de género como víctimas directas, introducido por la Ley Orgánica 8/2015 y reforzado por la Ley Orgánica 8/2021.
“Los niños y las niñas, por el hecho de ser hijos e hijas de mujeres víctimas, son ya víctimas”, afirmó, subrayando que este reconocimiento debe traducirse en decisiones judiciales coherentes y protectoras.
En relación con las órdenes de protección, alertó sobre prácticas contrarias a la normativa vigente, como la fijación de regímenes de visitas cuando no existían previamente.
“Si no hay nada establecido, no se puede fijar nada en la orden de protección”, recordó, insistiendo en que la ley obliga a suspender, como regla general, los regímenes existentes cuando hay indicios de que los menores han presenciado o convivido con la violencia.
Asimismo, cuestionó la atribución automática del ejercicio compartido de la patria potestad en contextos de alejamiento: “Si hay una orden de alejamiento y este señor no puede comunicarse con la madre, ¿cómo se van a gestionar las decisiones que afectan al niño?”, planteó, defendiendo la necesidad de solicitar y acordar medidas provisionales que eviten la revictimización.
Otro de los ejes destacados de la ponencia fue la escucha de niños y niñas como un derecho fundamental. “Oír y escuchar no son lo mismo”, afirmó, señalando que los menores “hablan por lo que dicen, por lo que no dicen y por cómo lo dicen”, y reclamando una verdadera perspectiva de infancia apoyada en profesionales especializados y en espacios adecuados.
García Domínguez también puso el acento en la importancia de crear espacios seguros para las víctimas, tanto en sede policial como judicial, y en el papel esencial de la abogacía especializada.
“La escucha también es una forma de reparación”, señaló, defendiendo interrogatorios respetuosos, con enfoque de género y trauma, y una intervención letrada eficaz desde el primer momento.
La magistrada cerró su intervención reiterando la idea que vertebró toda su ponencia: “No podemos proteger a las mujeres que sufren violencia de género si no protegemos a sus hijos e hijas, y no podemos proteger a los hijos e hijas si no protegemos a las madres”.
Un mensaje que resumió la necesidad de una justicia verdaderamente integral, capaz de situar a la infancia en el centro de las decisiones cuando la violencia de género irrumpe en el ámbito familiar.
Las jornadas, organizadas por PROLAJ y la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, se desarrollaron bajo el título “Por una justicia más eficaz frente a la violencia de género” y reunieron a profesionales del ámbito jurídico y social.
