No traía buenas noticias, y lo avisó desde el principio. La presidenta de la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA), María Dolores López Muelas, subió al estrado de la Sala Clara Campoamor del Congreso con prisa —tenía que coger un tren a Murcia— y con una advertencia incómoda bajo el brazo: «los divorcios contenciosos no se han evaporado. Siguen ahí. Solo que ahora se amontonan en los despachos en lugar de entrar en los juzgados».
¿La causa? Desde el 3 de abril de 2025 la Ley Orgánica 1/2025 –la Ley de Eficiencia– obliga a intentar una negociación previa antes de pisar el juzgado. Y ese trámite, lejos de pacificar nada, ha levantado un dique.
López Muelas lo tradujo en cifras del propio Consejo General del Poder Judicial: «las demandas no consensuadas de divorcio han caído un 25%; las contenciosas de parejas con menores, un 22%».
«Un retroceso peor que la pandemia», subrayó. Y ojo, porque ahí está la trampa estadística que denunció con nombres y apellidos: el ministro Félix Bolaños presume de que los asuntos civiles y mercantiles bajan. Claro que bajan. Lo que no cuenta es que el conflicto no desaparece por decreto.
Porque si los pleitos contenciosos se desploman, lo lógico —razonó— sería que se dispararan los acuerdos. Pues no. Las demandas de mutuo acuerdo han bajado un 3% y el consenso entre parejas apenas crece un 0,8%, la cifra más baja en tres años, frente al 4% de 2024.
Conclusión, dicha sin anestesia: «Los MASC en familia son un rotundo fiasco». No hay más paz social, no hay más negociación. ¿Para qué sirven entonces? «Para maquillar puntualmente las estadísticas y para premiar a los incumplidores, a quienes alargan los plazos para no pagar la pensión de alimentos o para impedir que el otro progenitor vea a los hijos», afirmó.
Y luego está lo que no sale en ninguna gráfica. Un caso reciente, de su propio despacho: una madre cuya hija intentó cortarse las venas en el colegio. La menor está bajo custodia compartida impuesta contra su voluntad; el padre se niega al tratamiento psicológico que recomienda el propio centro escolar.
Para autorizarlo, la madre tiene que pasar antes por un MASC, en jurisdicción voluntaria. «¿Cuánto tiempo más vamos a tener que esperar para que esta niña reciba tratamiento? ¿Tres meses? ¿Cuatro?». López Muelas descartó de plano que el artículo 158 del Código Civil sea el salvavidas que algunos invocan: sus medidas son excepcionales, tasadísimas, reservadas al peligro inminente. No a esto.
Hubo más. Avisó del agujero en los procesos transfronterizos —cada vez más frecuentes con parejas mixtas—: exigir un MASC en España regala la competencia al primero que demande fuera.
«Cuando lo cuento a nivel internacional, se asombran». De ahí su petición al PP, repetida hasta tres veces para que no quedara duda: una reforma «quirúrgica y singular», de cirugía fina, que saque a los procesos de familia con menores de la obligatoriedad de los MASC como requisito de procedibilidad.
«No podemos esperar», declaró.
López Muelas hizo estas declaraciones en el marco de la mesa redonda que llevó por título «Violencia contra la mujer y MASC obligatorios para acceder a los tribunales», que formó parte de la jornada «Un año de la Ley de Eficiencia #RevisiónYa«.
Un evento organizado por el Grupo Parlamentario del PP en la Sala Clara Campoamor del Congreso de los Diputados, el cual tuvo lugar ayer ayer por la tarde, compuesto por tres mesas redondas. Esta fue moderada por la periodista de The Objective, Paloma Cervilla.
En la misma tomaron parte María Ángeles Carmona, expresidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género y exvocal del Consejo General del Poder Judicial y letrada de la Administración de Justicia en activo –en una Sección de Violencia sobre la Mujer de Sevilla (antes Juzgado)–, y Jesús M. Sánchez, decano emérito del Colegio de la Abogacía de Barcelona y reputado abogado civilista.
María Ángeles Carmona: «Los jueces están huyendo de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer»
Si López Muelas habló de embudo, María Ángeles Carmona habló de incendio. Y no maquilló el diagnóstico: «caos y desbordamiento total y absoluto» en las secciones de violencia sobre la mujer en toda España.
Carmona recordó algo que escuece: «más de 150 jueces y juezas ya lo advirtieron el 8 de marzo del año pasado. Se está cumpliendo punto por punto».
«Los presidentes y presidentas de Audiencias Provinciales, en sus XXIV Jornadas de Presidentes de Audiencias Provinciales, celebradas la pasada semana en Ávila certificaron esta situación en sus conclusiones», explicó.
La expresidenta del Observatorio empezó deshaciendo un equívoco: «los MASC no tocan —ni pueden tocar— la violencia de género, donde la mediación está prohibida por ley».
El problema es otro, y es estructural. «A estas secciones se les ha colgado encima toda los delitos contra la libertad sexual de las mujeres: agresiones, acoso, mutilación genital, matrimonios forzados, trata con fines de explotación sexual, sustracción internacional de menores, y más competencias civiles. ¿El resultado en una guardia —que dura tres días, no 24 horas, conviene recordarlo—? Un maltratador habitual de 40 años, un menor víctima de violencia vicaria al que hay que oír de inmediato, una mujer violada por sumisión química la víspera y varias detenidas por trata. Todo a la vez. Cuando todo es urgente, nada es preferente».
Y de ese horno la gente se escapa. «Los jueces están abandonando estos juzgados, buscando otros destinos. Hay una auténtica desbandada«, declaró.
Concursan a otras secciones o se jubilan antes de tiempo. ¿Por qué? «Porque no existe una especialidad real de violencia sobre la mujer —legislada en 2017 y todavía sin convocar—, porque al considerarse juzgados mixtos sus titulares (un 79% mujeres) no tienen preferencia para llegar a las audiencias provinciales».
«Esos órganos que dictan las sentencias más graves y resuelven las apelaciones… ahora están en manos de jueces sin rodaje», aseguró.
Carmona, presidenta del Observatorio durante 11 años, desmontó el dato estrella del Gobierno: «lo del 50% de plantilla nueva es absolutamente falso. Cincuenta plazas para 120 juzgados exclusivos no dan ese porcentaje ni forzando la calculadora. Y los 350 órganos de pueblo, que comparten competencias, no han visto un solo refuerzo».
Su metáfora fue la más afilada de la tarde: «de qué sirve crear plazas de cirujanos si operas sin anestesista, sin enfermera, sin equipos, sin informáticos».
«Esto es un engranaje». Sus exigencias: crear de una vez los Juzgados de Infancia y Adolescencia —solo hay tres secciones, en Madrid, Barcelona y Málaga—, dotar de medios personales y materiales, especializar de verdad la carrera, convocar los cursos de mediación y reformar los artículos 329 y 330 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que los jueces dejen de huir.
Una última advertencia, casi una súplica: España ha sido referente mundial en la lucha contra la violencia machista: «Corremos un serio riesgo de que deje de serlo. No podemos permitirlo», concluyó.
Jesús M. Sánchez: sin memoria económica, «cualquier ley es papel mojado»
Cerró la mesa Jesús M. Sánchez, decano emérito del Colegio de la Abogacía de Barcelona, cuarenta años de toga y memoria de elefante. Hizo arqueología de las reformas —la del 84, la del 92, la LEC de 2000, la LOPJ de 2003— para extraer de todas la misma conclusión demoledora: ninguna venía con dotación presupuestaria.
«Esa es la gran vergüenza de este país». Sin memoria económica, sentenció, «cualquier ley es papel mojado».
Y aquí Sánchez hiló fino, porque sabía que su crítica podía malinterpretarse. No es enemigo de los MASC. Todo lo contrario. «Todo lo que pueda evitar la jurisdicción, todo lo que premie el acuerdo, bienvenido sea, sin ninguna duda».
Lo que combate es otra cosa: una «pésima técnica legislativa» que ha convertido la LO 1/2025 en un avispero de inseguridad jurídica. Y trazó un paralelismo histórico que solo un abogado con kilometraje puede permitirse: lo que está ocurriendo ahora con los MASC —miles y miles de recursos, criterios contradictorios dentro de un mismo tribunal— es calcado a lo que sucedió en 2000 con el procedimiento monitorio.
Entonces fueron las audiencias provinciales las que, auto a auto, fueron construyendo seguridad jurídica donde el legislador no la había puesto. Y ahora vuelve a tocarles a ellas hacer el trabajo sucio.
Sobre el corazón de su intervención —el premio a la morosidad— Sánchez fue cauto y a la vez implacable: no quiso poner su opinión sobre la mesa, sino la de los tribunales. Y desplegó jurisprudencia como quien reparte cartas.
La interpretación restrictiva de los MASC, advirtió citando autos de varias audiencias, acaba blindando al incumplidor: en la reclamación de cuotas comunitarias, donde el requerimiento fehaciente previo ya cumple esa función; en la impugnación de acuerdos de comunidades —»¿cómo voy a citar al presidente para que tiren para atrás un acuerdo soberano?», ironizó—; en los desahucios por falta de pago.
Hasta el Tribunal Supremo, recordó, ha tenido que pronunciarse: un auto del 7 de abril zanjó que en las juntas de cuentas no hace falta MASC. «Pongo estas resoluciones porque no quiero dar mi opinión personal. Sería muchísimo peor».
Pero el momento más afilado llegó con lo transfronterizo, que calificó sin matices de «gravísima pérdida de soberanía».
Exigir un MASC en España, explicó, es regalar la competencia al primero que demande fuera. «Me ponen el pleito en Bélgica —que está muy de moda— y he perdido la jurisdicción. Me tengo que ir a pleitear allí, con todos los costes que eso supone».
Y desnudó la paradoja de fondo: para salvar el desaguisado, los juristas se ven obligados a echar mano del principio de efectividad de la Unión Europea y de una reciente sentencia del TJUE, de 12 de marzo de 2026, para reinterpretar una norma nacional. «¿Tiene sentido que tengamos que acudir a Europa para corregir una pésima técnica legislativa?».
No se olvidó de la herida del oficio. Recordó que el ICAB ya había propuesto, en la legislatura anterior, algo de una sencillez aplastante: para las reclamaciones dinerarias —más del 50% de la litigación del país— bastaba una reclamación previa, sin MASC, exactamente como se acabó haciendo con los consumidores.
La propuesta decayó en el trámite parlamentario. No se escuchó a la abogacía. Y ahí estamos, dijo, abocando al justiciable «a esta angustia» por no haber hecho lo evidente.
A pesar de todo, Sánchez se declaró partidario del fondo de la reforma: «Hemos pasado, o deberíamos pasar, de una justicia del siglo XIX a una del XXI. El problema no es la dirección, es el combustible. Pero sin dinero por medio –recalcó– eso va a quedar absolutamente en papel mojado«.
