Hay reformas que se anuncian como modernización y acaban funcionando como coartada. La implantación de los Tribunales de Instancia es una de ellas. Se presentó como un salto organizativo imprescindible y se ha ejecutado como un experimento apresurado que ya muestra grietas preocupantes.
Las reformas estructurales de la Administración de Justicia exigen algo más que voluntad política y buen diseño normativo.
Exigen tiempo, planificación, medios suficientes y, sobre todo, escucha activa a quienes sostienen el sistema en su funcionamiento diario. Cuando alguno de estos elementos falla, el riesgo no es solo la ineficacia, sino la pérdida progresiva de legitimidad institucional.
La implantación de los Tribunales de Instancia, tras la entrada en vigor plena de la Ley Orgánica 1/2025 y de la comarcalización prevista en el Real Decreto 422/2025, está evidenciando carencias que no pueden atribuirse únicamente a las dificultades propias de cualquier proceso de transición.
Lo que se observa en numerosos territorios no es una adaptación gradual, sino un desajuste generalizado que afecta al normal desenvolvimiento del servicio público de justicia.
No hablamos desde la resistencia al cambio ni desde la nostalgia institucional. Hablamos desde el trabajo diario. Y lo que se ha puesto en marcha no es una transición ordenada, sino un desajuste generalizado que estaba anunciado.
Falta de planificación
No se calcularon adecuadamente las necesidades de jueces y fiscales para absorber el nuevo modelo con estándares mínimos de calidad. No se planificó el impacto real en la carga de trabajo. No se dotó de medios suficientes a las nuevas estructuras.
Tampoco se ha previsto adecuadamente el impacto organizativo que supone la concentración competencial ni la redistribución de funciones. La reforma se ha puesto en marcha sin la dotación de medios personales y materiales necesarios, confiando en que la reorganización, por sí sola, generaría eficiencia.
La experiencia demuestra que no es así. Se actuó como si la justicia pudiera reorganizarse sin coste, como si bastara con mover cajas y llamar de distinta forma para que el sistema funcionara mejor.
Las carencias se vuelven especialmente graves en el ámbito de la violencia de género. Las nuevas secciones asumen competencias ampliadas sin un diseño claro ni homogéneo. Se están generando conflictos competenciales que ya producen respuestas distintas según el territorio.
La seguridad jurídica empieza a resentirse justo donde debería ser más firme, con el consiguiente riesgo para la seguridad jurídica y la igualdad en la aplicación de la ley.
Pero lo más alarmante son las consecuencias para las víctimas. La comarcalización ha obligado en algunos casos a desplazamientos de más de ochenta kilómetros o a comparecencias telemáticas impuestas.
Se olvida algo esencial: la justicia que protege no puede administrarse como un trámite distante.
La atención personal no es un lujo; es parte de la protección. Cuando se sustituye por pantalla o se impone el viaje, se produce una revictimización silenciosa que disuade y enfría.
La justicia que protege exige proximidad, presencia y escucha.
Sustituir estos elementos por soluciones organizativas o tecnológicas sin criterio puede producir un efecto contrario al deseado, desafección y retraimiento a la hora de denunciar.
A este escenario se suma la desorganización de muchas oficinas judiciales comunes. Falta claridad funcional, sobran improvisaciones. El resultado no es eficiencia, sino confusión. Y la confusión, en justicia, siempre la paga el ciudadano.
La organización interna de muchas oficinas judiciales comunes tampoco ha sido definida con la claridad necesaria. En partidos judiciales de distinta entidad se detectan problemas de coordinación, indefinición de funciones y sobrecarga del personal.
El resultado no es una mayor eficiencia, sino un aumento de la confusión operativa que repercute directamente en los tiempos de respuesta y en la calidad del servicio.
No hay eficiencia si se desoye a quienes tienen que hacer funcionar la reforma
Hay, además, un daño menos visible, pero más profundo, la erosión de la confianza. La ciudadanía no mide la justicia por organigramas. La mide por su experiencia concreta. Por si entiende lo que ocurre.
También se resiente el propio oficio y es que no hay eficiencia posible cuando se desoye a quienes deben hacer funcionar la reforma. La justicia no puede convertirse en un sistema de tránsito donde nadie se detiene lo suficiente como para hacerse cargo.
Se nos dijo que esta reforma corregiría disfunciones históricas. Desde la Asociación de Fiscales advertimos constantemente que sin medios ni planificación ocurriría lo contrario. Hoy no hablamos de hipótesis. Hablamos de hechos constatables.
La justicia no se estropea de golpe. Se va afinando mal si se reorganiza sin escuchar a quienes de verdad la sostienen porque si se optimiza hasta el punto que solo se tramita pero se deja de mirar a los ojos del justiciable puede que funcione, sí. Pero ya no responde. Tramita, pero no protege.
No cuestionamos la necesidad de adaptar la justicia a una sociedad distinta. Cuestionamos que se haga sin cálculo, sin recursos y sin atender a las consecuencias humanas. La eficiencia no puede convertirse en un argumento contra la tutela efectiva de los derechos.
La corrección de esta situación pasa por decisiones concretas y verificables, desde la Asociación de Fiscales pedimos una evaluación inmediata e independiente del impacto real de la implantación de los Tribunales de Instancia; la adecuación urgente de las plantillas judiciales y fiscales a las nuevas cargas competenciales; la revisión del diseño territorial y funcional de las secciones más sensibles, especialmente en materia de violencia de género; y una definición clara de la organización interna de las oficinas judiciales que devuelva certidumbre a profesionales y ciudadanos.
Todo ello debe hacerse con diálogo real, no formal, con quienes ejercen la jurisdicción y la acción penal a diario.
Aún estamos a tiempo de corregir el rumbo. Pero hay que hacerlo con una idea clara, la justicia no puede convertirse en un sistema de tránsito donde nadie se detiene lo suficiente como para hacerse cargo.
La eficiencia es una virtud cuando sirve a la ley. Cuando la ley empieza a servir a la eficiencia, algo se ha torcido. La justicia necesita tiempo, presencia y nombre propio. Necesita que quien decide pueda responder sin parapetos ni engranajes interpuestos por mucha modernidad con la que se anuncie la reforma.
