Ramón Espadaler Parcerisas (Sant Quirze del Besora, Barcelona, 1963), consejero de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat de Cataluña, afronta uno de los momentos más decisivos de su mandato con una convicción firme: la reforma de los tribunales de instancia no tiene marcha atrás.
En plena fase de implantación de la Ley de eficiencia defiende que los grandes cambios en la Justicia necesitan tiempo, recursos y diálogo, y advierte contra la tentación de corregir las normas cuando aún no han terminado de asentarse.
Aunque forma parte del actual Govern, Espadaler no pertenece al Partido Socialista. Es el líder de Units per Avançar, una formación de corte democristiano. Su trayectoria política en Cataluña es de largo alcance. Antes fue consejero de Interior (2012-2015) y también de Medio Ambiente (2001-2003).
Desde su actual posición, combina una visión pragmática de la gestión con un discurso centrado en los consensos y la estabilidad institucional. «Hace falta humildad para reconocer lo que no ha funcionado y corregirlo», afirma.
En esta entrevista analiza el despliegue de los tribunales de instancia en Cataluña, el papel de los medios adecuados de solución de controversias (MASC) como herramienta para descongestionar los juzgados y la necesidad de reforzar el turno de oficio y la justicia gratuita.
Aborda también otros retos clave del sistema judicial, como la falta de jueces, la digitalización —especialmente en el ámbito penal—, la multirreincidencia o la adaptación de los edificios judiciales a la nueva estructura.
La conversación se abre, además, a cuestiones políticas de fondo. Espadaler reflexiona sobre el “procés”, que da por entrado en una nueva etapa, y defiende que el independentismo debe canalizarse dentro de la legalidad y de las instituciones.
Un diagnóstico que enlaza con la idea que atraviesa toda la entrevista: las reformas duraderas, tanto en la Justicia como en la política, solo son posibles desde el diálogo, el respeto institucional y una gestión realista de los tiempos.
¿Tiene usted esperanzas de que el Gobierno modifique los contenidos de la Ley de eficiencia de referido a los MASC?
Nosotros creemos profundamente en el valor de los MASC como un elemento de descongestión básica para resolver los asuntos de una forma ordenada.
Creemos que puede haber margen para introducir algunos cambios, pero consideramos que ahora no es el momento adecuado para hacerlo. Los tribunales de instancia ya se han puesto en marcha y el Gobierno ha expresado claramente su intención para iniciar iniciado los trámites necesarios para regular y organizar mejor todo el sistema.
Es cierto que hay aspectos que podrían corregirse o encauzarse mejor, pero desde nuestro punto de vista, todavía es pronto. Pensamos que conviene dar algo más de tiempo para que todo se consolide correctamente y, una vez esté bien asentado, la ley debería mantenerse abierta a posibles ajustes en el futuro.
Sin embargo, aquí en el Parlamento catalán se produjo una votación mayoritaria en el Parlamento solicitando precisamente esto en la que el PSC se abstuvo…
Así es. Nos abstuvimos porque no somos contrarios a los ajustes pero soy de la opinión de que cada cosa tiene que ir a su tiempo. Empezar a modificar la legislación cuando se está iniciando su aplicación, pues no es el momento, aunque yo creo que sí hay espacio y algunos ámbitos de mejora.
«Creo que el ‘procés’, tal y como lo hemos vivido, ha entrado en una nueva fase. No sé si puede darse por terminado o no, pero lo que está claro es que el sentimiento independentista sigue siendo una realidad en Cataluña».
Esta semana el ministro de Justicia y el CGAE anunciaron un aumento de los emolumentos al turno de oficio en territorio Ministerio por promover los acuerdos de los Métodos Alternativos de Solución de Controversias, los MASC.
Fuimos pioneros en España en compensar a los abogados del turno de oficio cuando comenzaron a aplicarse los MASC. Para ello, acordamos un módulo específico de remuneración para el turno de oficio, aunque en este momento no puedo precisar su importe.
Lo hicimos porque creemos firmemente en la justicia gratuita: es un derecho esencial para un sector de la población que existe y que necesita protección. Desde el primer día entendimos que ese derecho no debía verse debilitado, sino garantizado.
Recientemente aprobamos varias medidas para mejorar el turno de oficio, cuyas retribuciones llevaban 15 años congeladas. Hemos cerrado un acuerdo por el que vamos a aportar 22,8 millones de euros –5,7 millones anuales entre 2026 y 2029– para reforzarlo, con el fin de recuperar ese poder adquisitivo.
En total, se destinarán unos 31 millones de euros más, que se suman a los recursos ya existentes, incluidos los del llamado “taxi judicial” (el transporte para traslados judiciales).
Con todo, el presupuesto global se sitúa en torno a los 70 millones de euros. Más allá de las cifras, lo realmente importante para nosotros es dignificar estos servicios y el trabajo de los profesionales que los hacen posibles.
Ahora el gran reto es la implantación de tribunales de instancia. La experiencia inicial ha generado cierta insatisfacción y dudas prácticas, especialmente sobre cómo se están implementando. ¿Cuál es el estado de la cuestión en Cataluña?
El proceso ha pasado por tres fases. En la primera ya se observan resultados iniciales que permiten evaluar si hay más eficiencia según los primeros indicadores. La conclusión es positiva: al principio baja la actividad judicial, pero después se recupera y el funcionamiento mejora.
Estos datos no son oficiales, porque no disponemos de bases de datos completas. Se basan en algunos trámites concretos que muestran esa evolución. Este patrón ya se ha visto en 33 de los 49 partidos judiciales que tiene Cataluña y que entraron en vigor en la primera fase.
También empieza a notarse en los casos más complejos, como Badalona y L’Hospitalet, que formaron parte de la segunda fase. En Cataluña hubo más partidos judiciales implicados, pero todavía no tenemos datos de los 13 restantes. En cuanto a Barcelona, que concentra más de un tercio de la actividad judicial del país, aún no hay datos, aunque somos moderadamente optimistas.
Creemos que la ley acabará cumpliendo su objetivo principal: mejorar la eficiencia. Eso sí, siempre insistimos en lo mismo: las reformas necesitan recursos. En este sentido, la creación de 91 nuevas plazas judiciales es un paso positivo.
Además, esta reforma es muy compleja y genera resistencias comprensibles. Por eso requiere cuatro elementos clave: reformas, recursos, diálogo y tiempo. Hoy, el diálogo ha sido sincero entre todas las partes, y ahora hace falta tiempo para que los cambios se apliquen con normalidad.
En España no hay una postura común sobre el tema de los recursos económicos. Algunas comunidades autónomas, gobernadas por el Partido Popular, sostienen que los 430 millones de euros de los fondos Next Generation estaban destinados principalmente a mejorar la tecnología del sistema judicial, como la digitalización. Según estas comunidades, para poner en marcha los tribunales de instancia harían falta fondos adicionales. ¿Cuál es su opinión al respecto?
Hemos tenido un impacto importante en el personal, que es el primer gran bloque de gasto. A lo largo de todas las fases de aplicación de la Ley Orgánica 1/2025, se han incorporado 207 nuevos funcionarios, lo que refuerza de forma clara el funcionamiento de la justicia.
Seguimos invirtiendo en tecnología, utilizando parte de los fondos europeos, que ya venían destinados a este fin. Estas inversiones no solo estaban previstas, sino que están dando servicio real al sistema. Además, también se ha invertido —aunque en menor medida— en la adecuación de los espacios físicos, como edificios y salas judiciales, porque la reforma también ha tenido efectos en este ámbito.
El gran reto pendiente es la digitalización del ámbito penal, es decir, la incorporación plena de herramientas digitales en los procedimientos penales. Ya existen proyectos piloto en marcha, y este objetivo se ha convertido en una de las principales prioridades de este año.
Ustedes tienen en Cataluña el llamado Plan de Acción Departamental, que contempla la modernización, la digitalización del sistema judicial y la interconexión con otros sistemas del resto de los territorios españoles. ¿En qué punto se encuentran ahora?
Hubo un momento en el que Cataluña estaba claramente por delante en tecnología aplicada a la justicia. Con el tiempo, y sin entrar en las causas, esa ventaja se fue reduciendo. Mientras tanto, España en su conjunto ha avanzado muy rápido, como ha ocurrido en otros ámbitos.
Ahora el principal reto es la interoperabilidad, es decir, que los distintos sistemas informáticos puedan comunicarse entre sí sin problemas. Cataluña cuenta con un buen sistema tecnológico y un soporte TIC sólido, pero aún hay margen de mejora.
Avanzar en este terreno es un compromiso del Govern, y es algo que conocen y comparten el Ministerio, los profesionales del sector y los equipos técnicos de la Generalitat. El objetivo es claro: seguir mejorando para que los sistemas funcionen de forma más coordinada y eficiente.
«La reforma de los tribunales de instancia ha venido para quedarse y no tiene marcha atrás. Podrá ajustarse, pero no tiene marcha atrás».
Esta semana (por la semana pasada) la presidenta del Consejo General del Poder Judicial y también de Tribunal Supremo ha venido aquí a Barcelona a la entrega de los despachos a la última promoción de jueces, la 74.
Sí, sí. Yo estuve en esa ceremonia.
Y en ese marco, Isabel Perelló volvió a verbalizar la necesidad de aumentar la plantilla de jueces en Cataluña. En total, ¿cuántos necesitan ustedes?
El proyecto de Real Decreto prevé 91 nuevas plazas judiciales, una medida que valoramos muy positivamente. Su implantación se está trabajando en estrecha colaboración con la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, siguiendo siempre sus criterios técnicos.
El Real Decreto es una copia literal de la propuesta del Consejo General del Poder Judicial.
Desde la Administración de Justicia nos centramos en dos aspectos clave. El primero es garantizar los espacios necesarios, para que los nuevos jueces y juezas puedan incorporarse con normalidad, algo que está prácticamente resuelto, ya que existe capacidad para asumir las 91 plazas.
El segundo es asegurar un equilibrio territorial, teniendo en cuenta los asuntos pendientes y la carga real de trabajo.
Hasta ahora, en Cataluña se había priorizado Barcelona y el ámbito penal, sobre todo por el problema de la multirreincidencia. Gracias a ello, se crearon cuatro nuevos juzgados penales y uno adicional, lo que ha dado buenos resultados: se han reducido los tiempos de espera, algo claramente positivo.
Ahora el enfoque se amplía a todas las jurisdicciones y territorios, ya que los retrasos —por ejemplo en el ámbito social— son un problema general.
Habrá que hacer ajustes, también porque inicialmente no se habían tenido en cuenta algunas audiencias provinciales, como las de Girona o Tarragona, una preocupación que comparte el propio Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El objetivo es que todos los territorios se beneficien, porque este no es un problema local ni sectorial, sino un problema de país.
La combinación de reformas legales y recursos suficientes es clave para avanzar. Solo así podremos reducir los retrasos judiciales, que tienen un impacto serio en muchos ámbitos: en las familias, en la economía, en la justicia penal y, en general, en el buen funcionamiento del sistema judicial.
Una de las cosas que más preocupan en el resto de los territorios en la adaptación de los edificios a la estructura de los tribunales de instancia. Hay edificios que son muy antiguos y que, en esa nueva escenografía no encajan. ¿Tienen en Cataluña ese problema?
En Cataluña, por suerte, el reto más complejo —la Ciudad de la Justicia— cuenta con un edificio muy bien diseñado y ejecutado, lo suficientemente flexible como para adaptarse a los cambios necesarios.
La adaptación se ha hecho de forma adecuada y sin dificultades. Este trabajo depende del Departamento de Justicia y se ha llevado a cabo en estrecha colaboración con la decana, hoy presidenta del Tribunal de Instancia de Barcelona, Cristina Ferrando.
Los principales retos aparecen en zonas con mayor dispersión territorial, como Tarragona. Allí, precisamente, se está construyendo el nuevo Fórum de la Justicia, un proyecto en marcha que supone una inversión de más de 90 millones de euros.
¿Una ciudad de la justicia?
Tarragona, ciudad romana, ha adoptado ese nombre, Fòrum de la Justícia. Un proyecto que unificará en un solo complejo hasta 13 edificios judiciales que hoy están dispersos, una situación muy ineficiente. Tras más de 20 años de promesas incumplidas —que incluso motivaron una queja ante el Síndic de Greuges, la versión catalana del Defensor del Pueblo, por parte del Colegio de Abogados—, el proyecto ya es una realidad en marcha.
Llevábamos más de 20 años de promesas incumplidas. Existían tres primeras piedras enterradas…
Ahora, la primera fase ya está licitada y en ejecución, centrada en los movimientos de tierra y la estructura. En paralelo, se prepara la segunda fase, acordada con todos los operadores implicados: jueces, abogados, procuradores y cuerpos policiales.
El diseño se ha revisado conforme a la Ley Orgánica 1/2025. El modelo ya funciona bien en Tarragona y Girona. En Lleida también se han hecho ajustes sin grandes dificultades. Los mayores retos están donde aún hay dispersión de sedes, pero se están buscando soluciones y la adaptación está siendo positiva.
Antes se ha referido a la multirreincidencia de la delincuencia urbana. Sin embargo, a nivel nacional falta una reforma del Código Penal en esa dirección. ¿Tiene esperanzas de que se materialice en esta legislatura?
Está prevista una reforma sobre la multirreincidencia que podría llegar al Pleno del Congreso este mes de febrero. Ya existe acuerdo parlamentario, tras finalizar la ponencia con la inclusión de Junts, por lo que la reforma debería aplicarse y dar resultados. Eso sí, no serán inmediatos.
La experiencia demuestra que las reformas necesitan tiempo. En Barcelona, por ejemplo, la última funcionó mejor cuando la Guardia Urbana empezó a acceder al SIRAJ, una base de datos que permite conocer los antecedentes penales y organizar mejor los juicios, evitando errores en la agenda y sesiones que luego no se celebran. Ese problema ya se ha corregido.
El siguiente paso debería tener también efectos positivos. Además, es posible que lleguen nuevas reformas en otros ámbitos sensibles, como el de las ocupaciones de viviendas, un asunto relevante sobre el que podrían plantearse ajustes en el futuro.
¿La multirreincidencia es un fenómeno específicamente catalán?
No conozco en detalle la situación en otros territorios, pero aquí el problema es real y muy serio, y además resulta muy frustrante. Lo es para la policía, que hace bien su trabajo; para los jueces, que no siempre cuentan con los medios necesarios; y, sobre todo, para la ciudadanía, porque genera una fuerte sensación de inseguridad.
¿Qué ha pasado con el tiempo? Han aumentado las plantillas de los Mossos d’Esquadra y de la Guardia Urbana de Barcelona, ha mejorado la eficiencia policial, ha crecido la población en Cataluña y también el impacto del turismo. Sin embargo, no ha crecido al mismo ritmo el número de jueces.
Ahí estaba el principal cuello de botella. Por eso, una de las prioridades al inicio de este mandato fue desbloquear esta situación. Ahora ya se está avanzando en la descongestión del sistema, y confiamos en que la mejora sea visible a corto y medio plazo.
¿Cómo han afrontado la controversia que se ha dado en el seno del poder judicial de que los juzgados de violencia sobre la mujer asuman los delitos contra la libertad, la intimidad y el homicidio y asesinato?
Aquí se crearon cuatro nuevos juzgados de violencia sobre la mujer. Por eso se crearon cuatro nuevos juzgados en Barcelona y L’Hospitalet, dos en Lleida, Balaguer y Cervera, que son tres partidos judiciales. Y Vilafranca i la Geltrú-Vilafranca del Penedés, que eran dos partidos judiciales.
Creemos firmemente en la especialización, porque es clave para que la justicia funcione mejor. Cuando visito los tribunales de instancia y hablo con los profesionales, no siempre escucho mensajes positivos: muchas veces explican dificultades reales del día a día, y eso es importante tenerlo en cuenta.
En los juzgados de violencia sobre la mujer hay una reflexión que yo comparto, y con razón: tomar declaración a una víctima requiere más tiempo y más cuidado. Por eso, quizá en el futuro habría que revisar los criterios con los que se mide la carga de trabajo, ya que no es comparable un procedimiento económico complejo, como un concurso de acreedores, con la atención a una víctima de violencia. Cada caso exige un trato distinto.
«Recientemente el Parlament ha aprobado una medida inédita en el resto de España: reconocer como agentes de la autoridad a los funcionarios de régimen interior, especialmente a quienes trabajan en los patios de las prisiones».
Bueno, el Consejo está ahora metido en faena en materia de módulos…
Creo que este planteamiento tiene sentido, pero quiero hacer una defensa clara de la especialización, aunque exista un debate de fondo que respeto, pero no comparto. La especialización es especialmente importante en los casos de violencia machista.
Es cierto que, por ejemplo, una víctima en Lleida o en Cervera puede tener que desplazarse para ser atendida. Ante esto, hay dos soluciones. La primera, que ya recoge la ley, es que el coste del desplazamiento entre partidos judiciales lo asuma la Administración, y así se hará.
La segunda es permitir que las declaraciones se realicen por vía telemática, algo que también puede ser muy positivo para evitar traslados innecesarios.
Además, las oficinas de justicia en los municipios juegan aquí un papel clave. En Cataluña se está desarrollando un plan de justicia de proximidad, que busca acercar la justicia a la ciudadanía y facilitar estos trámites. En este ámbito aún queda mucho camino por recorrer.
También se han hecho ajustes con los colegios de la abogacía, especialmente en elturno de oficio, para adaptarlo a esta realidad. No es lo mismo atender a una víctima que debe desplazarse que a otra que puede declarar cerca de su domicilio. Estos cambios se han acordado a través del diálogo, que es la forma adecuada de avanzar.
Hace un año y medio el ministro Bolaños anunció que se iba a reconocer a los procuradores la ejecución. Sin embargo, no ha habido avances. ¿Cuál es su punto de vista?
Creo que sería razonable avanzar en esta línea. Existe un problema claro en la ejecución de las sentencias, es decir, en que lo que decide un juez se cumpla realmente. Es algo que la ciudadanía percibe con facilidad: muchas veces las resoluciones judiciales llegan con cierto retraso, pero dentro de plazos aceptables; sin embargo, el verdadero cuello de botella aparece después, cuando toca ejecutarlas.
Todo avance en este ámbito sería positivo. En cualquier caso, no tenemos una posición cerrada, en parte porque no es una competencia directa nuestra. Además, este asunto no ha surgido de forma destacada en las conversaciones habituales con los procuradores.
Estamos a favor de cualquier medida que ayude a reducir los tiempos de espera, porque ese es uno de los grandes retos de la justicia. Una justicia lenta acaba siendo, en parte, una justicia menos justa: cuando las sentencias llegan tarde, el daño ya está hecho.
Esto es especialmente grave en el ámbito de familia, donde las decisiones afectan directamente a personas y menores, y el retraso puede tener consecuencias muy dolorosas. En el ámbito económico, la lentitud judicial supone también un coste muy alto, que frena actividades y genera incertidumbre. Reducir los plazos no es solo una cuestión de eficiencia, sino de justicia real.
Ustedes son una de las dos autonomías que en España tienen transferidas las competencias en materia penitenciaria. ¿Cómo es el llamado modelo catalán de reinserción penal que ustedes aplican?
Este modelo, que se diseñó hace más de 40 años, nace de una clara voluntad de autogobierno por parte de la Generalitat: asumir tanto los aspectos positivos como los retos que implica gestionar el sistema penitenciario. Es un modelo claramente orientado a la reinserción social y, como cualquier otro, puede mejorarse con el tiempo.
Para nosotros, lo más importante en el ámbito penitenciario es el clima interno. Y ese clima depende, sobre todo, de dos factores. Por un lado, garantizar la seguridad de todas las personas implicadas, tanto de los funcionarios públicos como de los internos.
Por otro, ofrecer oportunidades reales de reinserción a través de la formación y el trabajo. En este sentido, hablamos de “plena ocupación” en las prisiones: mantener a las personas ocupadas tiene muchas ventajas, ayuda a estructurar el día a día y permite generar unos ingresos mínimos.
Las prisiones reflejan los problemas de la sociedad. En Cataluña, como en otros lugares, existe pobreza, adicciones —algo que siempre ha estado presente—, soledad y, cada vez más, problemas de salud mental. Estos últimos se ven agravados por la propia privación de libertad, y no son un asunto menor.
En conjunto, el modelo catalán funciona de forma razonablemente eficiente. El gran reto sigue siendo garantizar la seguridad de todos, incluidos los trabajadores públicos. En esta línea, recientemente el Parlament ha aprobado una medida inédita en el resto de España: reconocer como agentes de la autoridad a los funcionarios de régimen interior, especialmente a quienes trabajan en los patios de las prisiones.
Antes se ha referido a las okupaciones. ¿Tienen solución? En Cataluña el problema es especialmente acuciante…
Así es. Es un problema complejo, pero creo que tiene solución. Cuando los problemas de la ciudadanía no se resuelven, se deja un espacio demasiado grande a los discursos más populistas. Lo digo con cuidado, pero es una realidad que debemos tener en cuenta.
La crisis habitacional es uno de los principales retos del país y, por lo tanto, del Govern. Es evidente que no tiene una única respuesta.
Hay que aumentar el parque público de vivienda en régimen de alquiler, hay que simplificar trámites para acelerar su construcción, hay que regular el mercado y hay que dar respuesta a las ocupaciones delincuenciales tanto desde el punto de vista judicial como policial.
«Personalmente, me siento afortunado de poder participar en una reforma de este calibre. Sería mucho más simple, y también más aburrido, limitarnos solo a gestionar infraestructuras, aunque eso también sea importante».
Después de hablar con distintos agentes sociales, relacionados con la Administración de Justicia, en Cataluña parece haber unanimidad en torno a su capacidad de diálogo y de cumplimiento de la palabra dada. En los tiempos que corren eso no es muy común. Es una rara avis, señor consejero. ¿Cómo lo hace?
Para mí es muy importante llegar a acuerdos. Pero conteniendo mucho las promesas.
A menudo se nos propone firmar acuerdos de intenciones con los ayuntamientos, pero yo he sido bastante reacio a hacerlo antes de tiempo. Prefiero firmarlos cuando la licitación ya está en marcha, especialmente si hablamos de inversiones que se publican en el Diario Oficial de la Generalitat. Creo que es importante prometer solo aquello que realmente podemos cumplir y hacerlo sobre bases sólidas.
En este contexto, el diálogo es imprescindible. Primero, porque gobernamos en minoría, lo que obliga a hablar y a acordar. Pero, más allá de eso, hay una realidad evidente: el servicio público de la justicia lo presta un poder distinto del Estado, y eso ya obliga a concertar. Además, intervienen muchos actores —jueces, fiscales, personal técnico, responsables de seguridad, sistemas informáticos y recursos humanos—, así que no hay otra manera de avanzar que dialogando.
También hace falta humildad para reconocer lo que no ha funcionado y corregirlo. Estamos abiertos a hacer ajustes, y esta actitud es la que ha permitido llevar una posición consensuada a la Conferencia Sectorial, compartida incluso con la presidenta del Tribunal de Instancia de Barcelona, antes decana de los Juzgados. La idea es clara: no se puede hacer todo a la vez, hace falta avanzar de forma gradual.
La tentación de querer ser los primeros en aplicarlo todo es grande, pero si luego no funciona, el fracaso sería evidente. No nos lo podemos permitir. La reforma de los tribunales de instancia ha venido para quedarse y no tiene marcha atrás. Podrá ajustarse, pero no tiene marcha atrás. Estoy convencido de que dará buenos resultados, siempre que sepamos dialogar y ponernos en el lugar del otro.
El día tiene 24 horas. Y el diálogo requiere de una materia prima que es escasa: tiempo. Y mucha persuasión.
Cuando uno se abre de verdad al diálogo, descubre mucha honestidad en la otra parte. Y esa otra parte incluye al Poder Judicial, la Fiscalía, la Abogacía y la Procuraduría. Cuando todos se sientan a la mesa dispuestos a ajustar sus posiciones en favor de un objetivo común, el avance es posible.
Es cierto que mucha gente piensa que la justicia no funciona y que el sistema es un desastre. Precisamente por eso, ahora tenemos una oportunidad real de reformarlo. Ha sido un año muy duro: los equipos han trabajado bajo mucha presión, especialmente en la Secretaría General y en los responsables de la Administración de Justicia. Aun así, lo hemos vivido como una ocasión única.
Personalmente, me siento afortunado —y nos sentimos afortunados— de poder participar en una reforma de este calibre. Sería mucho más simple, y también más aburrido, limitarnos solo a gestionar infraestructuras, aunque eso también sea importante.
Usted no pertenece al Partido Socialista. Es democristiano y secretario general del partido Units per Avançar. Antes formó parte de Unión Democrática de Cataluña. Conoce muy bien su tierra. ¿El “procés” está muerto o está aletargado?
Creo que el “procés”, tal y como lo hemos vivido, ha entrado en una nueva fase. No sé si puede darse por terminado o no, pero lo que está claro es que el sentimiento independentista sigue siendo una realidad en Cataluña. Es una realidad que debe gestionarse desde la política, con presencia en los parlamentos y dentro de las instituciones.
El avance importante es que todo esto se encauce dentro del marco de la legalidad. Ese es el paso que se ha dado y el que permite abordar esta realidad de una forma más constructiva y democrática.
