Ayer, 20 de febrero de 2026, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dictó una de las resoluciones más trascendentales de las últimas décadas en materia de derecho constitucional y política comercial.
Por seis votos contra tres, con ponencia del «Chief Justice» John G. Roberts Jr. y los votos concurrentes de los jueces Neil M.Gorsuch y Amy Coney Barrett —ambos nombrados por el propio Donald Trump—, el alto tribunal ha declarado inconstitucionales los aranceles masivos que el presidente impuso unilateralmente invocando la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) de 1977.
Los jueces Clarence Thomas, Samuel A. Alito Jr. y Brett M. Kavanaugh han firmado el voto particular disidente, pero ni siquiera su argumentación logra disimular lo evidente: Trump fue demasiado lejos.
La sentencia es un correctivo histórico. No solo por su alcance económico —se estima que más de 175.000 millones de dólares recaudados bajo la IEEPA deberán potencialmente reembolsar a los importadores—, sino porque reafirma un principio que debería ser elemental en cualquier democracia: el poder de imponer tributos pertenece al Congreso, no al presidente.
Que haya sido necesario llegar hasta el Supremo para recordar algo tan básico dice mucho del estado de la república norteamericana.
LA RESOLUCIÓN: ANATOMÍA DE UN FRENO CONSTITUCIONAL
El razonamiento del «Chief Justice» Roberts es tan contundente como elegante en su sencillez. La IEEPA, aprobada en 1977 para dotar al presidente de herramientas frente a amenazas económicas extraordinarias de origen exterior, permite «regular la importación» de determinadas transacciones durante una emergencia nacional.
Trump interpretó esas dos palabras —»regulate» e «importation», separadas por dieciséis vocablos intermedios en el texto legal— como una carta blanca para imponer aranceles de cualquier cuantía, a cualquier producto, procedente de todo país, durante un período ilimitado.
Roberts ha sido taxativo: esas palabras «no pueden soportar semejante peso». La ley no menciona ni aranceles ni derechos de aduana en ningún punto de su articulado, y ningún presidente en casi cincuenta años de vigencia había osado leerla de ese modo.
La mayoría ha invocado, además, la llamada «major questions doctrine», la misma doctrina que el propio Roberts empleó en 2023 para tumbar el programa de condonación de deuda estudiantil de Joe Biden.
El principio es claro: cuando el Congreso pretende delegar poderes de enorme trascendencia económica o política, debe hacerlo de forma explícita e inequívoca. No lo hizo aquí.
Es especialmente significativo que los tres jueces liberales, que disintieron cuando se aplicó esta doctrina contra Biden, hayan coincidido esta vez en el resultado, aunque por razones jurídicas distintas. El mensaje transversal del tribunal es inequívoco: la Constitución no admite atajos ejecutivos para imponer tributos, vengan del color político que vengan.
Merece atención especial el voto disidente del juez Kavanaugh. Lejos de rebatir con solidez los fundamentos de la mayoría, Kavanaugh se centra en las consecuencias prácticas: los reembolsos serán «un desastre», el Tesoro podría verse obligado a devolver miles de millones, y muchos importadores ya trasladaron esos costes a los consumidores.
El problema de los reembolsos es genuino y los tribunales inferiores tardarán años en resolverlo, pero es revelador que el argumento más potente del disenso no sea jurídico sino logístico: no dice que Trump tuviera razón, sino que deshacer su error será complicado.
Difícil encontrar una admisión más elocuente de que los aranceles fueron, desde su concepción, una política temeraria ejecutada sin red de seguridad institucional.
«Hoy, los Estados Unidos son —con permiso de China— la nación más poderosa y la más imprevisible de la Tierra».
LA REACCIÓN DE TRUMP: DESAFÍO, VICTIMISMO Y AMENAZAS
La respuesta del presidente ha sido tan previsible como inquietante. Apenas minutos después de conocer el fallo —según testigos, se le entregó una nota durante un desayuno privado con gobernadores y lo calificó de «desgracia»—, Trump ha comparecido ante la prensa para describir a los jueces de la mayoría como «desleales a la Constitución» y «poco patrióticos», afirmando sentirse «avergonzado» de ellos.
Ha reservado una especial virulencia para Gorsuch y Barrett, a quienes él mismo nominó, calificando su voto como «una vergüenza para sus familias». Es difícil concebir un ataque más corrosivo contra la independencia judicial por parte de un mandatario en ejercicio.
Pero lo verdaderamente alarmante no es la retórica —a estas alturas ya normalizada hasta el hartazgo—, sino el anuncio inmediato de que impondrá un arancel global del 10% invocando una ley comercial distinta de los años setenta, y que ha amenazado incluso con utilizar la figura del embargo comercial.
«Puedo destruir el comercio con otros países aunque no pueda cobrarles un dólar en aranceles», ha dicho literalmente. La frase resume a la perfección la concepción trumpiana del poder: si el instrumento legal no funciona, se busca otro; si el tribunal dice no, se rodea; y si la Constitución estorba, se reinterpreta hasta desfigurarla.
El vicepresidente Vance ha calificado la sentencia de «pura ilegalidad del Tribunal». El secretario de Comercio Howard Lutnick y el secretario del Tesoro Scott Bessent han asegurado que encontrarán mecanismos alternativos para mantener «prácticamente inalterada» la recaudación arancelaria en 2026.
La maquinaria de la Casa Blanca se ha puesto en marcha no para acatar el fallo, sino para neutralizarlo. Esto no es gobierno; es guerrilla institucional.
¿QUÉ PUEDE HACER AHORA TRUMP? LAS OPCIONES SOBRE LA MESA
Conviene ser preciso. La sentencia no elimina todos los aranceles de Trump. Los impuestos al acero, aluminio, automóviles, madera y semiconductores impuestos bajo la Sección 232 de la Trade Expansion Act de 1962 —que permite aranceles por motivos de seguridad nacional— siguen en vigor.
Eso incluye el 50% sobre productos semielaborados de cobre, el 25% sobre ciertos semiconductores y los gravámenes a vehículos importados.
Lo que cae es el grueso del programa: los aranceles «recíprocos» del «Liberation Day», las tasas vinculadas al fentanilo sobre China, Canadá y México bajo la IEEPA, y toda la arquitectura arancelaria masiva que Trump levantó unilateralmente sin pasar por el Congreso.
Las alternativas de que dispone el presidente son varias, pero todas más limitadas y lentas que el mecanismo fulminante de la IEEPA. Puede intentar ampliar el uso de la Sección 232 a nuevos sectores, pero ello requiere informes previos del Departamento de Comercio y períodos de comentario público.
Puede invocar la Sección 301 de la Trade Act de 1974, que permite represalias contra prácticas comerciales desleales, pero necesita investigaciones formales del Representante de Comercio de los Estados Unidos.
Puede recurrir a la Sección 122 de la Trade Act de 1974, que autoriza aranceles temporales del 15% durante 150 días para corregir desequilibrios en la balanza de pagos, pero requiere consulta con el FMI y tiene limitaciones de duración y cuantía.
Y puede, como ya ha anunciado, intentar que el Congreso legisle en su favor —el senador Moreno ya ha pedido que el Partido Republicano codifique legislativamente los aranceles—, pero eso exige mayorías parlamentarias y un debate que Trump siempre ha querido evitar.
Ninguna de estas vías le permite lo que la IEEPA le permitía: imponer aranceles instantáneos, de cualquier magnitud, a cualquier país, sin control previo ni posterior del Congreso.
Esa era precisamente la herramienta que convertía la política comercial estadounidense en un arma de destrucción imprevisible, y esa es precisamente la herramienta que el Supremo le acaba de retirar.
Con todo, Trump ya ha demostrado una capacidad inagotable para encontrar grietas legales y forzar interpretaciones hasta sus límites. Sería ingenuo pensar que se rendirá.
ESTADOS UNIDOS: LA SUPERPOTENCIA QUE CELEBRA SER FRENADA POR SUS PROPIOS JUECES
Hay un dato que lo dice todo: las bolsas han subido tras conocerse la sentencia. El S&P 500 ha ganado un 0,6%, el Nasdaq un 0,8%. Wall Street ha interpretado la derrota judicial del presidente como una buena noticia económica.
Cuando los mercados financieros de la primera economía mundial celebran que su propio tribunal frene a su propio presidente, algo está profundamente roto en el contrato social de esa nación.
La tasa arancelaria efectiva media caerá del 16,9% al 9,1% según el Yale Budget Lab. Las exportaciones de soja a China se desplomaron un 80% el año pasado.
El déficit comercial alcanzó los 901.000 millones de dólares en 2025, prácticamente sin moverse pese a los aranceles.
La Fed estima que la inflación es medio punto más alta de lo que sería sin estos gravámenes. Como ha resumido el representante demócrata Brendan Boyle: un impuesto nacional sobre las ventas que pagaban las familias trabajadoras.
Este es el gran legado de la era arancelaria de Trump: haber convertido a Estados Unidos en la potencia más errática del planeta.
Un país que impone aranceles del 145% a China para luego rebajarlos; que grava al 25% a sus vecinos y aliados más cercanos para después subirlos al 35%; que anuncia un «Liberation Day» arancelario como si fuese una festividad patria y luego negocia excepciones producto por producto; y que ahora amenaza con embargos comerciales como respuesta a un fallo de su propio Tribunal Supremo.
Ningún otro país democrático del G7 funciona así. Los socios comerciales, los aliados militares, las multinacionales y los inversores que financian su deuda han tenido que asumir que la primera economía del mundo se gobierna por decreto ejecutivo y que las reglas pueden cambiar de un día para otro.
La sentencia del Supremo demuestra que los anticuerpos constitucionales todavía funcionan, que la separación de poderes no es una reliquia retórica y que incluso los jueces nombrados por este presidente son capaces de anteponer la ley a la lealtad personal.
Pero el virus del poder ejecutivo descontrolado sigue mutando: las cadenas de suministro ya se han reorganizado, las relaciones con aliados históricos ya se han deteriorado y la confianza internacional en la estabilidad regulatoria estadounidense se ha erosionado de forma quizá irreversible.
Y Trump, lejos de aceptar el veredicto, ya está buscando el siguiente atajo.
La pregunta ya no es si el sistema puede frenarlo —hoy ha demostrado que sí—, sino cuánto daño puede causar un presidente dispuesto a gobernar saltando de resquicio legal en resquicio legal, de emergencia declarada en emergencia inventada, mientras el mundo entero contiene la respiración.
Hoy, los Estados Unidos son —con permiso de China— la nación más poderosa y la más imprevisible de la Tierra. Y eso, para cualquiera que tenga un negocio, una inversión o simplemente una factura de la compra que pagar, no es solo una mala noticia. Es el epitafio provisional de una presidencia que será recordada por la misma palabra que tanto le gustaba pronunciar: disaster.
