Hay un conflicto silencioso dentro del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) que quiere hacer ruido. Se trata de las denuncias por la precarización del servicio y la pérdida de derechos de los médicos inspectores de las Incapacidades Temporales (IT).
Este movimiento lo lidera desde 2023 el Sindicato de Médicos Inspectores de la Seguridad Social (SIMEDISS), quienes desde ese año realizan paros parciales. Sin embargo, en 2026 han subido la apuesta: los médicos inspectores están llamados a la huelga general. Este viernes 27 habrá doble ofensiva: convocatoria de huelga y manifestación antes el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social
Esta batalla tiene su origen en la entrada en vigor Real Decreto-ley 2/2023, de 16 de marzo, que revolución el sistema de control de la incapacidad temporal de todos los trabajadores en esta situación. Se pasó de un órgano colegiado a uno unipersonal, aumentando la carga de trabajo de los profesionales y ha terminado por debilitar un sistema previamente garantista para el ciudadano.
«Se ha perdido un sistema garantistas previo para el ciudadano, ahora mismo está desprotegido porque no podemos valorar a cada trabajador cuando llega la fecha de revisión de la incapacidad. Esta inacción hace que aumente el tiempo y provoque un amento de casos de incapacidad permanente», señala en conversación a este medio Silvia Lezo, secretaria del SIMEDISS.
Desde el sindicato inciden que este trabajo no solo es prioritario para la gestión del absentismo laboral, su debilitamiento amenaza con aumentar la inseguridad jurídica y personal.
El RDL 2/2023 cambió las reglas del juego
Los médicos inspectores se encargan de reconocer y controlar las prestaciones de incapacidad de los trabajadores. Hasta la entrada en vigor del RDL 2/2023, la tarea de revisar estas situaciones en el periodo comprendido entre los 365 y 545 días —día en el que se inicia de oficio la incapacidad permanente— correspondía al Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI), un órgano técnico colegiado adscrito a las Direcciones Provinciales del INSS en el que había hasta cinco miembros (conocido como ‘Tribunal Médico’).
Este órgano se encargaba de evaluar las Incapacidades Temporales (IT) —si procedía el alta médica, si se declara la prórroga o extinción o si se tenía que iniciar el procedimiento de Incapacidad Permanente (IP)— y también las secuelas derivadas de contingencias profesionales.
En un momento en el que las bajas por incapacidad temporal se disparan, llegó el RDL 2/2023 y eliminó la intervención del EVI en el tramo anteriormente indicado, trasladando la decisión a un único médico inspector. De este modo, se pasó de un modelo deliberativo a uno unipersonal donde se contra la responsabilidad técnica y jurídica.
«Esta modificación legislativa obedeció a criterios economicistas porque con ella se acortó el gasto y se redujo el número de jornadas en las que los funcionarios se encuentran en el equipo de valoración de incapacidades. Esto produjo que se dilatara el tiempo de resolución de las altas, que cuando pasa por el equipo de evaluación de incapacidades, tardaban 20 días más», señala Lezo.
En este contexto nació el SIMEDISS, el primer sindicato profesional e independiente dedicado a la defensa de los Médicos Inspectores del Cuerpo de la Inspección Sanitaria de la Administración de la Seguridad Social.
A criterio del sindicato, esta reforma se ha quedado lejos de simplificar el procedimiento legítima y ha supuesto una reducción material de garantías en un ámbito especialmente sensible del Estado social, pues si se revisaban la bajas médicas entiempo y forma las IT se podría diferenciar aquellas que están justificadas por situación de enfermedad de aquellos casos en que se utilice como una prestación «refugio».
Los datos del ‘tapón’ en Incapacidad Temporal
Los datos alertan de aquello que en 2023 ya veían venir los médicos inspectores: un colapso del sistema. En 2011, estos funcionarios revisaban la IT de los pacientes a los 90 días de comenzar la baja. En noviembre de 2022, la primera revisión se hacía a los 300 días del inicio del IT.
Pero los datos más recientes duplican esa primera visita: hasta 600 días de haber comenzado la baja médica. «El sistema se ha relajado y ahora los médicos inspectores controlamos pacientes que deberían haber comenzado a trabajar hace un año», se lamenta la secretaria general de SIMEDISS.
Estos no son los únicos datos que alertan al sindicato. «Nuestra plantilla está muy mermada. El último estudio que se hizo de adecuación de la plantilla necesaria para el volumen de incapacidad fue antes del 2013. Se estimaba que tenía que haber 665 médicos inspectores de la Administración de Seguridad Social en toda España. Actualmente somos 432, pero de esos cuatro 432 105 son mayores de 64 y 200 son mayores de 60 años», advierte Lezo.
Una situación que dificulta más el cuello de botella en esta práctica.
La precaria situación ha llevado a los médicos a convocar la huelga general
Como consecuencia de varias idas y venidas con la Dirección General del INSS y la Secretaría de Estado, de los que dependen los médicos inspectores, distintas paros parciales indefinidos se han hecho desde 2023.
Uno de ellos resultó fructífero. En julio de 2024 se consiguió un acuerdo de mejoras de las condiciones de trabajo con Secretaria de Estado. Acuerdo que, actualmente, no se ha cumplido.
Y tras varios golpes a la puerta del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social sin respuesta, llegaron a convocar la huelga como medida para hacer ruido: «El 16 de diciembre de 2025 se convocaron las jornadas de huelga mensuales indefinida. Los 27 de cada mes, y se inició el 27 de enero. La primera jornada de huelga fue un éxito a nivel nacional porque alcanzamos casi 60% de seguimiento y en incluso en varias sedes provinciales, el 100% de seguimiento», celebra Lezo.
Estos funcionarios exigen que la modificación de 2023 tuvo que estar acompañado de «un cambio de la organización interna y de la estructura». El objetivo: «ver a los pacientes con el debido rigor y con la debida objetividad y con todos los datos». «Nosotros lo que pedimos es que se adecuen los tiempos de valoración y que se nos den medios para para trabajar, además de que se facilita la información que necesitamos», añade.
«Esto parece que es un pulso, pero es que nosotros no podemos decaer. Pero por el bien común. A nosotros nos preocupa la posición en la que están los ciudadanos ahora. Es nuestro deber: hemos hemos aprobado una oposición, somos servidores públicos y tenemos que actuar con rigor, con objetividad y con criterio», explica la secretaria general.
Este 27 de febrero tienen otra oportunidad de que su ruido se escuche.
