Diego Vicente Pérez, socio de Litigación y Arbitraje en Garrigues, en uso de la palabra en esta mesa redonda sobre «La industria del ligitio», organizada por CUNEF. A la izquierda, Jesús Rodrigo, consejero delegado de PLA Litigation Funding y la magistrada de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, Raquel Blázquez Martín. Moderó Andrés Betancor, director del Departamento de Derecho de CUNEF Universidad. Foto: CUNEF.

El litigio como negocio: el Tribunal Supremo, sepultado bajo el aluvión de los pleitos en masa

7 / 03 / 2026 05:42

El litigio ha dejado de ser solo un mecanismo de justicia para convertirse en un activo financiero. Fondos de inversión que financian demandas a cambio de un porcentaje de la condena, pleitos idénticos presentados por miles de afectados a la vez, y un Tribunal Supremo que ha pasado de recibir 3.000 asuntos al año a más de 13.000 en 2025.

Este es el diagnóstico que los ponentes de la jornada «La industria del litigio», celebrada en CUNEF Universidad el pasado jueves, compartieron con una claridad poco habitual: el sistema no aguanta.

La sesión, encuadrada en el ciclo «Jueves Derecho CUNEF Universidad» y celebrada en el Aula Magna del Campus Almansa, reunió a tres perfiles complementarios: Diego Vicente Pérez, socio de Litigación y Arbitraje en Garrigues; Raquel Blázquez Martín, magistrada de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo; y Jesús Rodrigo, consejero delegado de PLA Litigation Funding.

El debate fue moderado por Andrés Betancor, director del Departamento de Derecho de CUNEF Universidad, quien situó el problema en sus coordenadas: «En el transcurso del último lustro, el litigio ha dejado de ser exclusivamente un mecanismo de reparación de perjuicios individuales para convertirse incluso en un activo financiero negociable, monetizable y susceptible de generar incluso tasas de retorno».

Tres frentes, según Betancor, definen esta nueva realidad: el surgimiento de un ecosistema financiero legal, el colapso institucional de los tribunales y el riesgo sistémico, contable y reputacional para las empresas.

Un Tribunal Supremo al límite

La advertencia más directa llegó de Raquel Blázquez Martín: «¿Estamos preparados para afrontar esta industrialización del litigio? Rotundamente no».

«Estamos absolutamente sepultados debajo de una situación de colapso, de los 27.864 recursos pendientes en la Sala, el 60% (unos 16.700) son ya litigios en masa”, añadió.

Son reclamaciones colectivas sobre cláusulas bancarias abusivas, productos financieros o condiciones laborales que llegan agrupadas por miles.

Esta situación está poniendo en riesgo el propio estado de derecho pues la industria de la litigación «tampoco puede ser el mar que engulle ordenadamente a los tribunales que prestamos ese escudo orgánico a la sociedad», según la magistrada Raquél Blázquez.

El volumen de entrada se ha multiplicado por cuatro en siete años, pasando de unos 3.000 asuntos anuales a más de 13.000 en 2025.

Esta situación está poniendo en riesgo el propio estado de derecho pues la industria de la litigación «tampoco puede ser el mar que engulle ordenadamente a los tribunales que prestamos ese escudo orgánico a la sociedad».

Raquel Blázquez, magistrada de la Sala de lo Civil del Supremo, reconoció que en su actual destino están «sepultados» por litigios en masa. Foto: CUNEF.

El equilibrio de fuerzas ha cambiado

Diego Vicente Pérez, socio de litigación en Garrigues y especialista en defensa de empresas, describió un cambio de paradigma.

La vieja asimetría entre una gran corporación y un consumidor individual se ha invertido o, al menos, equilibrado.

El verdadero desequilibrio, señaló, está ahora en otro lugar: «El sistema judicial se ha quedado atrás en medios para afrontar el desafío».

Y auguró: “sin cambios legislativos, además, urgentes, la situación no hará más que empeorar y, a corto plazo, el panorama no irá a igual a mejor en dos años”.

Diego Vicente Pérez reclamó lealtad procesal como imperativo en un entorno tan congestionado: si un argumento ya ha sido resuelto por los tribunales, insistir en él no solo es inútil, sino contraproducente.

Una justicia lenta es, en la práctica, una justicia que falla a todos.

Esta saturación obliga también a replantear la estrategia procesal.

Diego Vicente Pérez reclamó lealtad procesal como imperativo en un entorno tan congestionado: si un argumento ya ha sido resuelto por los tribunales, insistir en él no solo es inútil, sino contraproducente.

«Tu deber como abogado es decir, si había cinco o seis argumentos, no consumas tu credibilidad abrasando al juez en repetir otra vez los seis mismos que empezaste a plantear al principio, cuando uno de ellos, por ejemplo, ya está claramente resuelto».

La efectividad, subrayó, pasa por no contribuir al bloqueo.

Diego Vicente Pérez, socio de litigación en Garrigues, explicó que ya se había producido un cambio de paradigma. Foto: CUNEF.

Los fondos de litigación: acceso a la justicia o negocio financiero

En este ecosistema han proliferado los fondos de litigación: entidades que financian los costes de un pleito a cambio de una parte de lo que se obtenga si se gana.

Jesús Rodrigo, consejero delegado de PLA Litigation Funding, defendió su papel con tres argumentos: dinamizan la economía y los activos litigiosos, facilitan el acceso a la justicia a quienes no pueden costearse un proceso largo, y ofrecen a los inversores una rentabilidad atractiva en el binomio riesgo-beneficio.

Sobre los conflictos de interés que esta figura puede generar —por ejemplo, cuando el fondo presiona para aceptar un acuerdo que no conviene al demandante—, Rodrigo fue claro: «Para nosotros la deontología es esencial».

La solución, detalló, está en el contrato inicial, que debe prever desde el principio cómo se tomarán las decisiones clave en momentos críticos como una posible negociación: «Regule usted en el contrato, primero, cuál va a ser el proceso decisorio interno entre las partes cuando se haya de discutir sobre una transacción».

La transparencia, añadió, es también el principal compromiso de la industria hacia el exterior: que se sepa qué es un fondo de litigios, qué lo diferencia de otras figuras y qué distingue una buena práctica de una mala.

Jesús Rodrigo de PLA Litigation Funding. Foto: CUNEF.

Sin reforma legislativa, el colapso es inevitable

La conclusión fue unánime: sin una reforma legislativa urgente que regule de forma eficaz las acciones colectivas, la situación solo empeorará. Pérez fue el más pesimista: «Sin cambios legislativos, además urgentes, la situación no hará más que empeorar y, a corto plazo, el panorama no irá a igual a mejor en dos años».

Rodrigo reconoció que la industria de la litigación seguirá su expansión, lo que refuerza la necesidad de establecer estándares claros de buenas prácticas.

Blázquez cerró su intervención apelando a la responsabilidad compartida de todos los actores implicados.

Lo hizo con una cita del filósofo Peter Sloterdijk: el ordenamiento jurídico es «el sistema inmunológico de la sociedad».

Una metáfora que, en el contexto actual, suena más a diagnóstico que a elogio.

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