Muertos, S.L. es una serie española de comedia negra que gira en torno al día a día de la Funeraria Torregrosa y a las guerras intestinas entre quienes trabajan allí.
Se estrenó en 2024 en Movistar Plus+ con episodios de menos de media hora. A partir de la tercera temporada, la produce Netflix.
La historia arranca cuando el propietario del negocio muere de forma inesperada y su viuda, Nieves (Asun López), sin experiencia alguna, asume la dirección de la funeraria. Esto desata el conflicto con Dámaso, interpretado por Carlos Areces —el mismo actor que da vida a Agustín Gordillo en La que se avecina, el personaje que padece trastorno de identidad disociativa, lo que antes se llamaba personalidad múltiple—, convencido de que el mando del negocio le corresponde a él.
Desde esa certeza, Dámaso no cesa en sus intentos de sabotear a Nieves. A su lado aparece Chemi (Diego López), yerno de la dueña, empeñado en modernizar la funeraria con ideas que no aciertan ninguna.
El reparto lo completan una galería de personajes incompetentes, ambiciones ridículas y situaciones tan incómodas como hilarantes.
Es difícil, cuando se sigue el juicio que se celebra estos días en la Audiencia Provincial de Valladolid, no pensar en esta serie.
Cualquiera diría que se trata de un capítulo más ideado por Alberto Caballero, Laura Caballero y Daniel Deorador, los guionistas y productores detrás de Aquí no hay quien viva y La que se avecina.
La realidad supera a la ficción
Se dice que, a veces, la realidad supera a la ficción. Este caso parece demostrarlo.
Entre los acusados figuran los propietarios de la Funeraria Castellana, el Tanatorio El Salvador y el Parque El Salvador: la familia Morchón.
La viuda de Ignacio Morchón Alonso, María Rosario V.L., y sus hijos Ignacio, Laura y María del Rosario afrontan una petición de 20 años de prisión cada uno por liderar «la trama».
Junto a ellos, otros 19 acusados entre directivos y empleados.
La Fiscalía les imputa organización criminal, estafa continuada, apropiación indebida, delitos contra el respeto a los difuntos, blanqueo de capitales y falsedad documental.
El mecanismo, al parecer, era siempre el mismo. Las familias pagaban por un féretro nuevo y de una determinada calidad para la incineración del fallecido.
Pero antes de que el cuerpo llegara al horno, los empleados lo sacaban del suyo y lo trasladaban a otro ataúd mucho más barato.
El féretro original —el que había pagado la familia— quedaba guardado para volver a venderse o emplearse en otro servicio. A este procedimiento lo llamaban, sin pudor, «reciclaje».
La estafa era sencilla en su brutalidad: cobrar por lo mejor y quemar con lo peor. Los beneficios ilícitos ascendieron a cerca de 4 millones de euros.
La práctica se habría prolongado durante aproximadamente veinte años, entre 1995 y 2015.
En ese tiempo, unas 1.300 familias habrían sido engañadas con el cambiazo, y cerca de 6.000 fallecidos habrían sido incinerados en féretros distintos a los contratados por sus familias.
El descubrimiento no fue obra de la policía
Lo más llamativo del caso no es el fraude en sí, sino la forma en que salió a la luz. Un giro que parecía sacado de una novela negra.
No fueron investigadores perspicaces quienes lo destaparon. Fue lo de siempre: la codicia.
Justo Martín Garrido, exempleado de la funeraria, intentó chantajear al propietario, Ignacio Morchón Alonso, amenazándole con revelar los cambios de ataúdes.
Morchón no solo se negó a pagar: denunció al exempleado ante la Policía.
Y ahí comenzó todo a desmoronarse. Porque cuando los agentes registraron el domicilio de Justo Martín, encontraron 26 libretas con anotaciones cronológicas desde 1995 que parecían constituir una contabilidad paralela de ataúdes reutilizados.
Junto a ellas, memorias USB con fotografías de cadáveres en féretros deteriorados, vídeos y certificados de defunción que documentaban 5.984 cambios de ataúd y 900 coronas de flores. Porque también las flores de un velatorio se reutilizaban en otros.
El exempleado lo tenía todo minuciosamente documentado. Para justificar su silencio alegó miedo a perder el empleo y remordimientos hacia las familias afectadas.
De la extorsión al fraude funerario a escala industrial
Lo que arrancó como un caso de chantaje mutó en una investigación por fraude funerario de proporciones industriales.
En 2019, la Policía lanzó oficialmente la Operación Ignis —ignis significa fuego en latín—, dirigida contra el grupo funerario. Las familias que habían utilizado sus servicios empezaron a denunciar. Las querellas superaron las 900.
Los investigadores reconstruyeron el presunto sistema pieza a pieza: cómo se gestionaban los ataúdes, qué empleados intervenían, en qué momento exacto se producía el cambiazo, cuánto dinero pudo haber generado el fraude a lo largo de dos décadas.
Pero para entender la estafa hay que entender antes el negocio que la hizo posible.
Durante décadas, millones de españoles han contratado seguros de decesos: pólizas que garantizan que, cuando llegue la muerte, alguien se encargará de todo. El ataúd. El velatorio. El traslado. La incineración. La familia no tiene que pensar.
Es precisamente en ese no tener que pensar donde reside la vulnerabilidad. En el momento del duelo, las familias delegan los detalles en profesionales porque están ocupadas intentando entender cómo despedirse de alguien.
La confianza es total. Y según la acusación, esa confianza fue el punto débil que se explotó durante veinte años.
Los investigadores identificaron un patrón que se repetía en los testimonios de los familiares. La escena era siempre la misma: la familia acompañaba el féretro hasta la sala de cremación. El horno estaba a la vista. El ataúd avanzaba lentamente hacia la boca de metal.
Y entonces los empleados corrían las cortinas.
Un gesto breve. Protocolario, en apariencia. Nadie protestaba porque aquello era un espacio técnico y los familiares no solían discutir los procedimientos. Pero ese momento —ese preciso instante de oscuridad— era, según la acusación, el que lo permitía todo.
El ataúd contratado desaparecía. El cadáver entraba en el horno dentro de otro.
Las cenizas que la familia recogía eran las correctas. El cuerpo sí había sido incinerado. Pero no como habían pagado.
El juicio
El pasado 2 de marzo arrancó en la Audiencia Provincial de Valladolid el juicio contra los 23 acusados. Está previsto que se prolongue durante 35 sesiones, hasta junio, con 239 testigos y 17 peritos llamados a declarar.
Todos se declaran inocentes.
El tribunal tiene dos objetivos bien definidos: determinar si el sistema de reutilización de ataúdes existió realmente y, en caso afirmativo, quién lo conocía y quién lo autorizó dentro de la empresa. Una tarea que se complica notablemente por la ausencia de las dos figuras centrales del caso.
Porque Justo Martín Garrido, el exempleado que lo documentó todo, falleció en agosto de 2024 en Santovenia de Pisuerga (Valladolid), a los 73 años.
E Ignacio Morchón Alonso, el empresario que decidió denunciarle, murió dos años antes, el 15 de octubre de 2022, a los 77 años de edad.
Los dos hombres que más sabían se llevaron sus versiones a la tumba. El tribunal tendrá que reconstruir la verdad con lo que dejaron atrás.
