La Fiscalía y las defensas de los investigados en la causa que afecta a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han reiterado este miércoles su petición de archivo del procedimiento ante el magistrado Juan Carlos Peinado. La solicitud se ha producido durante una sesión en la que el instructor ha trasladado a las partes su intención de encauzar la causa hacia un tribunal del jurado.
Los letrados de Gómez, de su asistente Cristina Álvarez y del empresario Juan Carlos Barrabés han insistido en que se ponga fin a la investigación.
Frente a ello, las acusaciones populares han solicitado la práctica de nuevas diligencias con el objetivo de profundizar en los hechos, entre ellas actuaciones relativas al salario de Álvarez y a la vida laboral de Gómez.
A las puertas de los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid, el abogado de Hazte Oír, Javier Pérez Roldán, ha asegurado que Gómez “está pasando de la justicia, pero la justicia no pasará de ella”, afirmando además que la acusación acude “con los deberes hechos”.
Por su parte, Vox —también personado como acusación popular— ha denunciado tras la vista “ataques furibundos” por parte de las defensas tanto al juez instructor como a las acusaciones populares y a los medios de comunicación.
Los «indicios» sobre Begoña Gómez
La letrada de Vox, Marta Castro, ha sostenido que los indicios “son más que sólidos” y que existen pruebas suficientes para avanzar a la siguiente fase procesal, decisión que el magistrado deberá adoptar en los próximos días.
Desde la formación también se ha criticado la posición de la Fiscalía, a la que reprochan su “obstinación” en solicitar el archivo al considerar que no existen indicios, pese al volumen de la causa, que supera los 10.000 folios repartidos en 25 tomos y más de 40 declaraciones practicadas.
El juez Peinado investiga a Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca, intrusismo y malversación.
En un auto dictado el pasado 20 de marzo, el magistrado sostuvo que, hasta el momento, se ha constatado la existencia de indicios de delitos cuya competencia correspondería a un tribunal del jurado.
No obstante, la Audiencia Provincial de Madrid ya frenó en febrero la decisión de derivar la causa a jurado popular, al estimar los recursos de las defensas. El tribunal consideró entonces que no existían “indicios racionales de criminalidad” suficientes para justificar ese cambio de procedimiento.
En su último auto, el magistrado apunta que Gómez habría aprovechado su proximidad al presidente del Gobierno para impulsar su proyección profesional en la Universidad Complutense de Madrid, obteniendo una interlocución singular con responsables académicos, empresas patrocinadoras y entidades del sector tecnológico.
Según el instructor, esta posición le habría permitido recabar apoyo, financiación y respaldo institucional para la creación y desarrollo de una cátedra universitaria, de la que —según sostiene— se habría apropiado indebidamente.
Asimismo, el juez señala que, en ese contexto, se habría promovido la creación de una cátedra extraordinaria específicamente para su dirección, y que Gómez habría contado con la colaboración de Cristina Álvarez, a quien —siempre según el auto— habría empleado tanto para tareas institucionales como para actividades privadas.
