La buena regulación se ha situado en el centro del debate institucional europeo con una intensidad poco habitual.
Su relevancia no es solo técnica: condiciona directamente la calidad de la acción normativa y la capacidad de los poderes públicos para responder a un entorno económico cada vez más complejo.
En este contexto, la “Call for Evidence” publicada en enero por la Comisión Europea previa a una futura “Communication on Better Regulation” refleja hasta qué punto el enfoque regulatorio europeo está siendo objeto de revisión.
Este ejercicio de reflexión coincide con una etapa marcada por una clara orientación hacia la competitividad y la simplificación normativa.
La buena regulación ha pasado a ocupar un lugar destacado en la agenda política y se está traduciendo, en la práctica, en los distintos paquetes legislativos ómnibus que está promoviendo la Comisión Europea.
El objetivo es reducir cargas administrativas y facilitar la aplicación de normas complejas, sin renunciar a un marco regulatorio eficaz.
Simplificación regulatoria
La simplificación regulatoria desempeña, en este contexto, una función relevante.
Permite aliviar obligaciones innecesarias y mejorar la aplicabilidad de la normativa. Sin embargo, la buena regulación responde a una lógica más amplia y exigente.
Abarca, por un lado, el diseño del proceso normativo en su conjunto, orientado a garantizar la participación ordenada en el mismo de los grupos de interés y de órganos consultivos especializados y, por otro, la definición de los principios que debe respetar cualquier decisión regulatoria que, además, deberá sustentarse en evidencias empíricas de delimiten el problema de interés general que se quiere solucionar y la necesidad, eficacia y proporcionalidad de las soluciones que se propongan.
Desde esta perspectiva, la calidad regulatoria no se mide solo por la ausencia de cargas desproporcionadas, sino también por la capacidad de las normas para responder efectivamente a las necesidades que las justifican y mantenerse adecuadas en el tiempo, evitando fenómenos de obsolescencia normativa.
Precisamente, la forma en la que se han tramitado recientemente algunos paquetes legislativos ómnibus ha puesto de relieve la importancia de preservar ese enfoque integral de la buena regulación.
El recurso al procedimiento de urgencia, utilizado para acelerar la adopción de determinadas iniciativas, ha dado lugar en algunos casos a la reducción o supresión de garantías del proceso normativo.
La Defensora del Pueblo Europeo ha advertido que la urgencia no puede convertirse en un criterio generalizado para prescindir de evaluaciones de impacto, limitar la participación o debilitar la trazabilidad de las decisiones.
Estos elementos no constituyen meros requisitos formales, sino mecanismos concebidos para mejorar el acierto de la regulación y reforzar la legitimidad de las decisiones públicas.
La estructura, determinante
La experiencia demuestra que la calidad de una norma no depende únicamente de su contenido final. El modo en que se estructura su elaboración resulta determinante.
Los mecanismos de consulta y la justificación de las opciones regulatorias permiten integrar información relevante, anticipar efectos no deseados y reforzar la aceptación de las decisiones públicas.
La buena regulación actúa así como una metodología orientada a mejorar la toma de decisiones y a dotarla de mayor coherencia.
«Comprender cómo se diseñan los procesos legislativos y administrativos, cómo se integran las aportaciones de los distintos actores y cómo se evalúan los efectos de las decisiones adoptadas es esencial para influir de manera eficaz y responsable».
En este marco, como antes anticipábamos, los grupos de interés desempeñan un papel esencial. Su aportación de conocimiento técnico y experiencia práctica contribuye a enriquecer el análisis regulatorio.
Cuando esta participación se canaliza de manera ordenada y transparente, se convierte en una herramienta útil para mejorar la calidad de las normas y su adecuación a la realidad económica.
Para los profesionales de los asuntos públicos, este contexto plantea exigencias crecientes. La elaboración de normas responde a un ciclo complejo, en el que intervienen distintos niveles institucionales y múltiples actores.
Capacidad de influencia
La capacidad de influencia legítima se ejerce en varias fases, desde la definición inicial de las iniciativas hasta su adopción formal y su posterior aplicación práctica.
En este escenario, la formación especializada en proceso regulatorio y buena regulación adquiere un valor estratégico.
Permite comprender las reglas que estructuran la toma de decisiones administrativas y reconocer los momentos relevantes de participación.
Este conocimiento resulta especialmente necesario en sistemas complejos y descentralizados, donde la calidad del proceso condiciona de forma directa la eficacia de la regulación.
En España, al igual que en el resto de los Estados miembros, una parte muy relevante de la normativa que regula la actividad económica tiene su origen en iniciativas europeas.
Al mismo tiempo, los principios de buena regulación resultan plenamente exigibles en la elaboración de la normativa propia, tanto a nivel estatal como autonómico.
Comprender cómo se diseñan los procesos legislativos y administrativos, cómo se integran las aportaciones de los distintos actores y cómo se evalúan los efectos de las decisiones adoptadas es esencial para influir de manera eficaz y responsable.
En un contexto en el que la simplificación normativa ha ganado peso en la agenda política, conocer en profundidad estos procesos se ha consolidado como una competencia clave para los profesionales de los asuntos públicos.
