Confilegal, en asociación con el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), celebra mañana un Foro Confilegal sobre la futura Ley de Asistencia Gratuita en la que tomarán parte los representantes parlamentarios en la materia de PSOE, PP, VOX y Sumar.
Una ley «non nata» que vendrá a sustituir, después de 30 años a la actual en vigor. Tres décadas durante las cuales el número de actuaciones se ha disparado, las retribuciones han permanecido congeladas y el Defensor del Pueblo ha acumulado quejas sin que nadie moviera el texto de fondo.
El Ministerio de Justicia lleva más de un año prometiendo la reforma.
El foro, cuya introducción corresponderá a Salvador González, presidente de la Abogacía Española, se celebrará a las 18.30 horas en la sede del CGAE, en el Paseo de Recoletos, 13, de Madrid. Estará moderado por Carlos Berbell, director de Confilegal. Se celebrará en la doble modalidad, presencial –entrada libre– y por «streaming», a través de este enlace: https://youtube.com/live/qWTQqXv8sGU?feature=share.
Están previstas preguntas del público en la fase final del evento.
Cuatro partidos, una ley pendiente
Participarán en el debate Francisco Aranda Vargas, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados; María Jesús Moro Almaraz, portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la misma comisión; Juan José Aizcorbe Torra, nuevo portavoz del Grupo Parlamentario VOX en esta misma materia; y Engracia Rivera Arias, diputada del Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, que sustituye a Enrique Santiago, titular, que no puede asistir.
El espectro político presente en la mesa —del PSOE a VOX, pasando por el PP y Sumar— refleja la complejidad parlamentaria que deberá atravesar el anteproyecto cuando llegue al Congreso.
Una norma que, según ha confirmado el propio Ministerio, sigue en tramitación interna sin haber alcanzado todavía el Consejo de Ministros, pese a que la consulta pública cerró en julio de 2024.
El sistema que se quiere reformar
El diagnóstico que motiva la reforma es incontestable. España es, según el último informe de la Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia del Consejo de Europa (CEPEJ), el país con más actuaciones de asistencia jurídica gratuita de toda Europa: 3.379 por cada 100.000 habitantes, frente a una media continental de 734.
Un sistema sometido a una presión estructural que no ha tenido reflejo en su financiación. Las tarifas del turno de oficio no se actualizaron entre 2018 y 2025 —siete años de congelación—, hasta que el ministro Félix Bolaños firmó en marzo del año pasado una orden que las incrementó un 8%.
La mayor parte de las 12 Comunidades Autonómicas con competencias transferidas también han procedido a aumentos importantes en el pasado año, entre ellas las de Cataluña, Madrid, Andalucía, Valencia y Canarias.
El anteproyecto conocido plantea una renovación en varios frentes: nueva definición del umbral de insuficiencia de recursos que da acceso al derecho, ampliación del catálogo de beneficiarios para incluir a las víctimas de violencia de género y sexual con independencia de su situación económica, cobertura de los mecanismos alternativos de solución de controversias impuestos por la Ley Orgánica de Eficiencia de la Justicia de 2025, y digitalización plena de la gestión del servicio.
Una institución que presiona
El CGAE, que preside Salvador González, no ha dejado de reclamar que la nueva ley venga acompañada de compromisos concretos: pagos ágiles y sin retrasos, retribuciones actualizadas de forma periódica y automática, eliminación de las brechas territoriales entre Comunidades Autónomas y garantía de abono por todas las actuaciones realizadas.
Son las condiciones que la abogacía española pone encima de la mesa cuando habla de la reforma. Mañana, por primera vez, esas condiciones serán discutidas cara a cara con quienes tendrán que votarla en el Congreso.
