El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) escenificaron ayer una posición común frente a la inteligencia artificial: ni rechazo ni rendición incondicional.
La jornada La inteligencia artificial en la Justicia, celebrada en Madrid, reunió en modo presencial 150 personas y en modo streaming a 1.500, a magistrados, abogados y expertos tecnológicos en torno a una pregunta que ya no admite aplazamiento: cómo incorporar estas herramientas sin sacrificar los principios que sostienen el Estado de derecho.
Salvador González, presidente de la Abogacía Española, fue directo desde el inicio. «Lo verdaderamente importante es quién la usa», afirmó.
La IA, argumentó, «no es un fin en sí mismo, sino un medio para que podamos servir mejor». Palabras que suenan prudentes, pero que encierran una reivindicación de fondo: la tecnología no desplaza al jurista; lo exige más capaz.
González no llegó con las manos vacías. Enumeró las iniciativas ya en marcha: el Consejo Asesor sobre Innovación y Abogacía, el Libro Blanco sobre Inteligencia Artificial, el programa de competencias digitales Upro —que ha alcanzado a 25.000 profesionales en todo el país— y, como novedad más reciente, una circular deontológica que regula el uso de sistemas de IA generativa en la profesión.
Un marco normativo interno que la institución se ha dado a sí misma antes de que lo imponga el legislador.
Pero fue su advertencia ética la que marcó el tono de la jornada. «La IA solo será una aliada si la usamos bien, de manera ética y con juicio crítico».
Y añadió algo que resonó en la sala: diligencia profesional, veracidad, secreto profesional y protección de datos no son valores negociables. La innovación, subrayó, debe estar «al servicio de la humanidad y de las sociedades, y no al revés».
En ese marco, González
Desde el estrado judicial, María Esther Erice, vocal del Consejo General del Poder Judicial, introdujo la cautela que el entusiasmo tecnológico a veces omite.
«Cuando hablamos de IA no podemos pensar que va a ser la panacea». La realidad, advirtió, es una «casuística muy compleja» que no se resuelve con implementaciones rápidas ni promesas de automatización. Erice puso el foco en tres vectores de riesgo: protección de datos, transparencia algorítmica y sesgos sistémicos.
Sobre esto último fue rotunda: «Bajo ningún concepto se pueden soslayar estos derechos fundamentales», dijo, ante la mirada atenta de sus compañeros vocales, José María Páez y Gema Espinosa.
La jornada se articuló en dos mesas de trabajo. La primera analizó los cambios estructurales que la IA ya está introduciendo en el sistema judicial.
Participaron Joaquín Silguero, director del Centro de Documentación Judicial; Joaquín Delgado, magistrado de la Audiencia Nacional; Ofelia Tejerina, abogada especializada en derecho digital y presidenta de la Asociación de Internautas, y Miguel Hermosa, consejero del CGAE, decano del Colegio de Abogados de Palencia y presidente de la Subcomisión de Derecho Digital de la Abogacía Española.
La segunda mesa abordó los riesgos éticos desde la perspectiva del ejercicio profesional y la actividad jurisdiccional, con las intervenciones de Alfredo Sánchez-Rubio, consejero del CGAE, decano del Colegio de Abogados de Zaragoza y coordinador del programa Upro; Maitane Valdecantos, especialista en propiedad intelectual; Paloma Santiago, directora de Supervisión y Control de Protección de Datos del Poder Judicial; y Carlota Cuatrecasas, magistrada del Tribunal de Instancia de Barcelona.
La sesión arrancó con una ponencia práctica sobre las aplicaciones de Google NotebookLM dentro del programa Upro, a cargo de Miguel Hermosa, que ilustró, con casos concretos, la distancia entre el debate teórico y el uso real de estas herramientas en el trabajo jurídico cotidiano.
El mensaje de fondo que dejó la jornada es inequívoco: la transformación digital de la Justicia ya no es una cuestión de futuro. Es una negociación en curso entre lo que la tecnología puede hacer y lo que el derecho está dispuesto a permitir.
