Hay frases que un magistrado del Tribunal Supremo no necesita maquillar. Antonio del Moral García, de la Sala de lo Penal, eligió una de las más rotundas para cerrar su intervención: «Sin abogacía no hay justicia».
Y a partir de ese lema —que, advirtió, «es mucho más que un eslogan»— construyó la conferencia inaugural de las IX Jornadas de Asistencia Jurídica Gratuita y Turno de Oficio, celebradas en Salamanca entre el miércoles y el hoy bajo el título «La Abogacía de oficio como pilar de nuestro Estado de Derecho», organizadas por el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE).
El magistrado fue presentado por Ángel Méndez, presidente de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita y Función social del CGAE y decano del Colegio de Abogados de Cartagena.
Del Moral, número uno de su promoción al ingresar en la carrera fiscal en 1983, fiscal durante 23 años antes de incorporarse como magistrado a la Sala Segunda en abril de 2012, confesó su «especial debilidad» por los abogados, y de manera muy particular por los de oficio, a quienes situó incluso por encima de los fiscales en su orden de afectos, pese a reconocer que de estos últimos no puede despojarse del todo.
El camello sin joroba
Lejos de la solemnidad que el título prometía, el magistrado desplegó una conferencia trufada de boleros, chascarrillos y guiños futbolísticos —«saqué el machete», dijo, «para comprobar que aceptar la invitación no le obligaba a perderse ningún partido del Mundial»—, fiel a aquel consejo que un amigo le dio hace años: toda ponencia necesita un chiste, un chascarrillo y una idea, y si falta tiempo, conviene quitar la idea.
Pero la idea estaba, y era nítida. Del Moral defendió que la abogacía no es un elemento accesorio del sistema, sino una pieza constitutiva. «Si a la justicia le sacas la fiscalía, le quitas la abogacía, ya no es justicia», sostuvo, antes de recurrir a una imagen que arrancó las risas del auditorio: es como quitarle la joroba a un camello. «Ya no, está más cómodo, pero ya no es un camello. Es otra cosa».
Para reforzar el argumento, el magistrado rescató «Elogio de los jueces», el clásico de Piero Calamandrei —un libro que su padre le hizo fotocopiar y encuadernar cuando empezó a estudiar Derecho, porque entonces no se editaba en España—, y leyó el pasaje en el que el jurista italiano observa cómo en España, por tradición, jueces y abogados se colocan a la misma altura, «casi simbolizando que los dos oficios tienen igual dignidad».
Abogacía y magistratura, recordó citando la obra, obedecen a una ley de vasos comunicantes: no se puede rebajar a uno sin que el otro descienda al mismo grado.
Un problema de Estado, no de colectivo
El núcleo de la intervención fue su insistencia en que la abogacía de oficio «no es una institución menor ni subsidiaria», sino una garantía real de igualdad ante la ley: el mecanismo que asegura que los derechos «no dependan de la capacidad económica de quien los invoca».
Del Moral rechazó frontalmente la percepción —que, dijo, está «en franca retirada», aunque no del todo extinguida— de que el turno de oficio sea una abogacía «de segundo nivel».
Y reclamó implicación de los poderes públicos: «No es un problema de un colectivo sindical. Es un problema de Estado de Derecho».
Con el mismo razonamiento con que nadie aceptaría rebajar a la mitad el sueldo de los jueces sin denunciar un atentado contra el Estado de Derecho, argumentó, debe contemplarse la dignificación y la retribución adecuada del turno de oficio.
Tres ideas para el legislador
Del Moral aprovechó la conferencia, con la vista puesta en la futura ley de asistencia jurídica gratuita que se está gestando, para deslizar varias propuestas de calado técnico.
La primera, suprimir la posibilidad de manifestar la insostenibilidad del recurso en materia penal —prevista en el artículo 35—, que coloca al abogado de oficio ante la disyuntiva de interponer recursos en los que no cree.
Recordó el sistema previo a la reforma de 1996, en el que la última válvula de escape pasaba por el fiscal, y defendió que devolver esa confianza a la abogacía la prestigiaría.
Llegó a relatar el caso de un letrado de oficio que, en plena consulta, le reconoció que su recurso carecía de defensa pero que estaba obligado a interponerlo: un argumento al que, admitió, no le resultó fácil contestar.
La segunda, el delito de prevaricación del abogado, recogido entre los delitos contra la administración de justicia.
Que un letrado perjudique gravemente los intereses de su cliente sea delito —cuando la mala praxis de un arquitecto o un odontólogo no lo es— no es, defendió, capricho del legislador: revela el papel cuasi público de la función que desempeña el abogado, tanto el designado por el cliente como el nombrado por el sistema de justicia gratuita.
La tercera, el creciente control judicial sobre la calidad de la defensa técnica. Del Moral trazó la línea jurisprudencial que arranca de una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 1980 —según la cual el Estado es también responsable de que la defensa alcance unos mínimos— y llega, vía el estándar Strickland del Tribunal Supremo estadounidense, a la sentencia de la Sala Segunda de 5 de mayo de 2021, ponencia de Javier Hernández.
Citando un auto propio, evocó la imagen de un juez americano: el juicio penal no es un combate de contendientes con habilidades parejas, pero tampoco «un sacrificio de prisioneros inermes a manos de gladiadores».
De ese control, subrayó, se deriva una consecuencia incómoda para los poderes públicos: el Estado puede ser condenado si su abogacía de oficio no funciona a los niveles exigibles.
Atticus Finch y la conciencia
El magistrado cerró elevando la mirada «por encima de lo inmediato», con la parábola del cantero que, frente a quienes solo pican piedra o se ganan la vida, responde que «construye catedrales». El abogado y el juez, vino a decir, no pueden limitarse a tramitar y sacar papel: luchan por la justicia.
Y reservó la última palabra para Atticus Finch, el abogado de «Matar a un ruiseñor» de Harper Lee que defiende a Tom Robinson contra el clamor popular. «Para poder vivir con otras personas tengo que poder vivir conmigo mismo. La única cosa que no se rige por la regla de la mayoría es la conciencia de uno». Los abogados de oficio de este país, concluyó Del Moral, «tienen una conciencia de la que podemos sentirnos orgullosos».
