Los tribunales españoles han experimentado un giro inesperado en su carga de trabajo. Según el último informe del Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el primer trimestre de 2026 cerró con un total de 1.824.951 nuevos asuntos, lo que supone un descenso del 20,6 % respecto al mismo periodo del año anterior.
Este dato marca un punto de inflexión, revirtiendo la tendencia al alza que venía marcando los últimos ejercicios.
El desplome del orden civil
El principal motor de esta contracción ha sido la jurisdicción civil, que ha registrado una caída histórica del 35,8 % en la entrada de nuevos casos, situándose en 785.541 asuntos. Aunque de forma menos acusada, el resto de los órdenes también decaen: la jurisdicción penal bajó un 3,5 %, la social un 3,5 % y la contencioso-administrativa un 2,1 %.
La resolución de asuntos también ha caído un 13,7 % de media. No obstante, el enorme volumen de asuntos pendientes apenas ha variado, cerrando el trimestre con 4,7 millones de procesos en trámite, un leve 0,7 % menos que hace un año.
Radiografía de la litigiosidad por territorios
La tasa de litigiosidad nacional se ha situado en 37,15 asuntos por cada 1.000 habitantes, lo que supone una reducción de diez puntos respecto a la ratio de 47,07 registrada en el primer trimestre de 2025.
El mapa judicial español sigue mostrando una notable disparidad geográfica. Canarias vuelve a encabezar el ranking de conflictividad con una tasa de 45,01, seguida por Asturias (41,73) y Madrid (40,59). En el extremo opuesto, el País Vasco (28,02) y La Rioja (28,04) se consolidan como los territorios con menor actividad procesal por habitante.
Este nuevo escenario estadístico plantea interrogantes sobre si se trata de un ajuste coyuntural o de un cambio estructural en el recurso a la justicia por parte de ciudadanos y empresas. Por ahora, los datos confirman un respiro en la entrada de papel a los juzgados, aunque la congestión del sistema sigue siendo el desafío pendiente.
