«No creemos que este tipo de proceso de acceso gubernamental deba convertirse en el estándar por defecto: mantiene las mejores herramientas lejos de quienes las necesitan» — OpenAI, comunicado sobre el lanzamiento restringido de GPT-5.6, 26 de junio de 2026.
Hay órdenes que se incumplen con los años y otras que se incumplen con las semanas. La que el presidente de los Estados Unidos firmó el 2 de junio pertenece a la segunda especie.
Llevaba por título «Promoting Advanced Artificial Intelligence Innovation and Security», prometía un marco voluntario para la revisión de los modelos de inteligencia artificial más avanzados y —letra que conviene retener— prohibía de modo expreso cualquier licencia, autorización previa o permiso obligatorio para desarrollar, publicar o distribuir esos modelos.
Veintitrés días después, la misma Administración estaba aprobando, uno por uno, qué clientes podían acceder al nuevo modelo de OpenAI. La distancia entre ambas cosas es el asunto de esta columna.
Hace tres semanas escribí en estas páginas que aquella orden me había producido la sensación del jurista que reconoce, en un expediente nuevo, otro que ya pasó por sus manos: la vieja lección de que la capacidad técnica precede siempre al marco jurídico, y de que el derecho llega tarde y jadeando a poner orden en lo que la máquina ya viene haciendo.
Me equivoqué en un punto, y conviene rectificarlo cuanto antes. Esta vez el derecho no ha llegado tarde. Ha llegado puntual, se ha firmado con fecha y con fanfarria, y se ha vaciado el mismo mes. Que es, si uno lo piensa despacio, una patología bastante más grave.
Tres semanas
Conviene poner las fechas en fila, porque la cronología es aquí el argumento. El 2 de junio se firma la orden voluntaria.
El 12, diez días después, el Gobierno emite una directiva de control de exportación contra Anthropic y le ordena cerrar el acceso de todo nacional extranjero a sus dos modelos más capaces, Mythos 5 y Fable 5.
Como restringir el uso por nacionalidad resultó técnicamente impracticable —y como el margen de aviso fue de unos noventa minutos—, la empresa no tuvo otra salida que apagarlos por completo, para todos, en todo el mundo.
No fue una multa ni una advertencia: fue un interruptor accionado desde Washington sobre un producto privado, con el tiempo justo para que nadie pudiera discutirlo.
El 25 de junio le toca el turno a OpenAI, aunque con otra coreografía. Sam Altman comunica a su plantilla que el nuevo GPT-5.6 no saldrá al público, sino a una veintena de socios —con la plataforma Bedrock de Amazon como una de las vías de entrada—, y que el Gobierno irá «aprobando el acceso cliente por cliente» durante el periodo de prueba.
Al día siguiente la compañía lo confirma y presenta tres modelos —Sol, el más potente; Terra, intermedio; Luna, el más ligero—, los tres bajo idéntica restricción, accesibles solo a socios cuya participación, dice, «ha sido comunicada al Gobierno».
La petición había salido de dos oficinas de la Casa Blanca, la del Director Nacional de Ciberseguridad y la de Política Científica y Tecnológica, con el secretario de Comercio, Howard Lutnick, ocupándose de que todas las agencias relevantes hubieran dado el visto bueno.
El motivo declarado: que GPT-5.6 se considera a la par de Mythos, el modelo que la propia Administración acababa de borrar del mercado.
Diez días separan la orden que prohíbe licenciar de la directiva que apaga a Anthropic; trece más, del visado caso por caso de OpenAI. No es una deriva de meses ni el sedimento lento de una doctrina: es la velocidad a la que una declaración de principios se convierte en su contrario.
Una orden que se prohíbe a sí misma
Lo singular del caso no es que el Estado quiera controlar una tecnología de doble uso; eso es tan viejo como la pólvora. Lo singular es la forma jurídica con que lo hace o, más exactamente, su ausencia.
La orden del 2 de junio dice tres cosas que, puestas juntas, dibujan el problema entero.
Primera: la participación es voluntaria.
Segunda: queda prohibida toda licencia o autorización previa obligatoria.
Tercera: el Gobierno colaborará con los desarrolladores para seleccionar a los socios de confianza que tendrán acceso temprano, sin que el texto fije criterio alguno para esa selección.
Es decir: nada es obligatorio, pero el Estado decide quién entra; no hay licencia, pero hay una lista; no hay permiso, pero hay un permiso.
A ello se añade la pieza que termina de cerrar el círculo. El umbral que convierte a un modelo en «covered frontier model» —la categoría que dispara toda esta maquinaria— no figura en la orden ni se publicará: se determina mediante un proceso de evaluación clasificado dirigido por la Agencia de Seguridad Nacional, con amplia discrecionalidad de las agencias y sin que el desarrollador llegue a saber dónde está la raya que no debe cruzar.
Tenemos, pues, tres capas superpuestas: una norma que prohíbe el permiso, un permiso de hecho sin criterios y un umbral secreto que decide a quién se le aplica.
Para un jurista, ese andamiaje tiene un nombre antiguo y poco tranquilizador: no es el imperio de la ley, es el imperio de la discrecionalidad.
Se dirá —y es la objeción seria— que todo esto es voluntario, que nadie ha obligado a OpenAI a nada, que la empresa ha colaborado por decisión propia.
Pero la voluntariedad es una categoría que exige condiciones para ser real, y la primera es que negarse no acarree la ruina.
Cuando la alternativa a colaborar es el precedente de Anthropic —un apagón total ordenado con noventa minutos de aviso—, la palabra «voluntario» pierde su contenido y conserva solo su forma.
Es el guante de seda sobre el puño de hierro: el guante es la orden del 2 de junio; el puño, la directiva del 12. Quien firma «voluntariamente» después de haber visto el segundo no firma libre; firma advertido.
El argumento del que cierra la puerta
Conviene ahora abandonar por un momento la incomodidad del jurista y ponerse en la posición del que da la orden, porque su argumento no es despreciable; es, de hecho, el más sólido de cuantos se han esgrimido en este terreno, y honestidad obliga a darlo en su mejor versión.
Un modelo de frontera no es un procesador de textos: es —uso una imagen que ya empleé— una herramienta capaz de auditar en horas el código del mundo, de hallar y explotar vulnerabilidades a una velocidad que ningún equipo humano alcanza.
La propia OpenAI reconoce que su modelo más potente mejora justamente en ciberseguridad; el Gobierno lo equipara a Mythos, sobre el que pesaban temores de capacidad ofensiva.
En manos de un defensor, esa herramienta blinda infraestructuras críticas. En manos de un servicio de inteligencia hostil, de una banda de extorsión digital o de un Estado adversario, abre puertas que hoy no sabemos cerrar.
Y no es una amenaza de laboratorio: equipos de inteligencia de amenazas, entre ellos el de Google, han documentado ya a actores alineados con Estados sirviéndose de modelos de frontera para automatizar ataques.
Desde esa atalaya, la lógica de la Administración es impecable y hasta tranquilizadora. Lo que persigue —lo ha explicado con franqueza un análisis del Council on Foreign Relations— es fabricar una «ventana de oportunidad» en ciberseguridad: dar acceso preferente a los defensores y retrasar el de los adversarios el tiempo suficiente para que el desequilibrio juegue en casa.
Un despliegue escalonado, primero a socios verificados y luego al público, no es entonces una ocurrencia autoritaria: es una cuarentena.
Y la teoría realista de las relaciones internacionales lo diría sin rubor: el hegemón que descubre que las alturas de mando de la próxima revolución son privadas las nacionaliza de facto, porque ningún Estado serio deja la palanca decisiva de su poder en manos que no controla.
Anticiparse, en esa lectura, no es paranoia: es la prudencia elemental del que ha entendido qué tiene entre las manos.
Reconozcámoslo sin reservas: si el riesgo es el que describen, la inacción sería temeraria, y un Gobierno que mirase hacia otro lado mientras un modelo capaz de tumbar una red eléctrica se descarga libremente faltaría a su primer deber.
El argumento de la puerta cerrada tiene fondo. El problema no está en que cierre la puerta. Está en cómo la cierra, y en con qué la cierra.
Esta vez el derecho no llega tarde: se firma y se ignora
Porque una cosa es que el Estado controle una tecnología peligrosa y otra muy distinta el título con que lo hace.
La cuarentena sanitaria la decreta una autoridad competente, con un criterio publicado, por un plazo tasado y con un juez al que recurrir. Lo que aquí tenemos carece de las cuatro cosas.
No hay autoridad competente claramente designada —reina la confusión sobre qué agencia dirige de verdad la regulación de la IA—; no hay criterio publicado, sino un umbral clasificado; no hay plazo cierto, sino «unas semanas» que nadie garantiza; y no hay recurso, porque la propia orden advierte de que no crea derecho alguno exigible ante los tribunales.
Se controla, sí, pero despojando al control de todos los contrapesos que distinguen el poder legítimo del mero poder. Y hay una segunda grieta, que el propio análisis antes citado admite: la capacidad puede reproducirse con modelos de pesos abiertos, de modo que el muro detiene a los adversarios semanas, no años.
Si el rédito de seguridad es pasajero y el precedente jurídico es permanente, el balance se vuelve aún más difícil de justificar.
Aquí está el giro respecto a lo que escribí hace tres semanas. La lección de Snowden era que el derecho llega tarde: la máquina corre y la norma la persigue jadeando. Resultaba inquietante, pero dejaba intacta una esperanza, la de que, cuando por fin llegara, la norma pusiese orden. Lo que el mes de junio ha enseñado es peor.
La norma ha llegado a tiempo, se ha firmado con fecha, y la misma mano que la firmó ha hecho a renglón seguido lo que esa norma prohíbe. El derecho ya no va por detrás de la máquina; va por detrás de quien lo firma.
Cuando una orden ejecutiva proclama que no habrá licencias y su autor licencia cliente por cliente tres semanas después, el documento no regula: decora. Y una norma que decora es más peligrosa que un vacío, porque el vacío al menos se ve.
Importa, además, quién ejerce esa discrecionalidad sin brida. He sostenido en otras ocasiones, en esta misma tribuna, que la conducta del actual ocupante de la Casa Blanca no responde a un plan calculado sino a un patrón de personalidad, y que su política exterior, sin mermar el poder objetivo de los Estados Unidos, erosiona su capacidad de proyectarlo porque lo vuelve imprevisible.
Esa imprevisibilidad, tolerable en un arancel o en una cumbre, adquiere otra densidad cuando el dedo que decide caso por caso quién accede a la inteligencia artificial más avanzada del planeta es el mismo que no hace tanto condicionaba una obra pública a que le pusieran su nombre. No es la existencia del control lo que debería desvelarnos. Es su falta de regla, en esas manos.
La frontera de la inteligencia
¿Y dónde queda Europa en todo esto? En el peor de los lugares: en el del espectador que regula lo que no posee.
La Unión ha construido un reglamento de inteligencia artificial pionero, el AI Act, y disciplina con él a sus propios laboratorios con la minucia del buen legislador.
Pero la frontera real —los modelos que de verdad importan, los que el Pentágono vigila y Wall Street corteja— no se decide en Bruselas.
Se decide en una lista de socios de confianza confeccionada en Washington, bajo un umbral que ni siquiera los desarrolladores americanos conocen.
Europa legisla la capa que controla y contempla la capa que la controla. Tiene la norma; otros tienen el interruptor.
La consecuencia es de una crudeza que conviene nombrar sin eufemismos. La autonomía estratégica, esa fórmula que los europeos repetimos como un conjuro, se ha jugado siempre en los terrenos visibles: la energía, las armas, los semiconductores.
Pero hay una capa por debajo de todas, la cognitiva —la capacidad misma de procesar, analizar y decidir asistido por una máquina que razona más rápido que nosotros—, y en esa capa Europa no es un actor: es un cliente. Un cliente al que, llegado el caso, se le aprueba o se le deniega el acceso uno por uno, como a los demás.
Durante siglos las fronteras se trazaron sobre la tierra, y luego sobre el mar, el aire y el espectro radioeléctrico.
Acaba de aparecer una nueva, la de la inteligencia, y se ha trazado en tres semanas de junio sin que ningún parlamento la votara. No la patrulla una ley: la patrulla una discreción. Y del lado bueno de esa frontera, por ahora, no estamos nosotros.
