La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) plantaba cara al Ministerio de Justicia este miércoles, mostrando su rechazo a la decisión de Félix Bolaños de suprimir una decena de medidas de refuerzo para juzgados y audiencias de Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid. Un rechazo al que ahora se unen tanto la consejería de Justicia de la capital española, así como el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
29 de junio. Esa es la fecha que ha sembrado el conflicto entre el ministerio de Félix Bolaños y el CGPJ.
Y es que en ese día, el departamento ministerial dictaba una resolución que denegaba la autorización económica para múltiples medidas de apoyo y refuerzos judiciales que había solicitado el órgano de los jueces.
Un rechazo, apenas 24 horas antes de expirar el plazo, que ha enfadado al CGPJ, que no ha dudado, este miércoles, en mostrar su preocupación ante las consecuencias de este «cierre de grifo» por parte del ministerio.
«Esta decisión obligará a paralizar y suspender actuaciones jurisdiccionales que se consideran necesarias e imprescindibles para garantizar los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y a un proceso sin dilaciones indebidas de ciudadanos y consumidores», criticaba el CGPJ.
Una situación que afecta a 62 órganos judiciales de toda España. En especial, a comunidades autónomas como Madrid o Comunidad Valenciana, que también han respondido a la decisión de Félix Bolaños.
La respuesta autonómica a la denegación de refuerzos judiciales
«Para defender el sanchismo siempre hay medios y ganas. Para reforzar la Justicia, este Gobierno nunca tiene ninguna de las dos», ha lamentado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín.
En este sentido, García Martín explica que “los principales perjudicados son los madrileños, que verán cómo se alargan aún más los plazos para resolver asuntos que afectan directamente a su vida diaria: desde conflictos familiares, herencias o reclamaciones hipotecarias, hasta demandas por tarjetas revolving o incidencias en el transporte aéreo”.
Y es que, según el consejero, esta falta de financiación se traducirá en que Juzgado de Primera Instancia Nº 101 bis de Madrid es el tribunal especializado encargado de tramitar masivamente las demandas por cláusulas suelo pase de tener 6 jueces a 3; el Juzgado de Primera Instancia Nº 104 bis de Madrid, especializado en la gestión de demandas sobre tarjetas revolving pasará de 5 jueces a 2; el juzgado especializado en transporte aéreo pase de 8 jueces a ninguno; la sección 28 bis de la Audiencia Provincial, de 4 jueces a ninguno, y las secciones 25 bis de la Audiencia Provincial, pase de 4 jueces a 1.
Una preocupación ante la falta de refuerzos judiciales ante la que también se ha pronunciado el TSJCV.
Así pues, el tribunal ha informado de que ha trasladado al CGPJ su profunda «preocupación» por esta situación, así como «por la forma y el momento en que se ha producido». Ello, destacando las «negativas consecuencias» que esto tendrá, tanto para los órganos judiciales, como para el servicio «que se presta a los ciudadanos».
Denegación que, en el caso de Comunidad Valenciana, afectará a las nueve comisiones de servicio con que contaban las plazas judiciales del orden civil con competencias exclusivas y excluyentes a nivel provincial en materia de condiciones generales de la contratación con garantías hipotecarias, los conocidos como juzgados de ‘cláusulas suelo’, en Castellón (1), Valencia (4) y Alicante (4).
También se verán afectados los tribunales de instancia de Benidorm y Quart de Poblet, así como las Audiencias Provinciales de Valencia y Alicante.
