La «Ley de nietos», enmarcada en la normativa 20/2022, nacía con el propósito de «reparación histórica» de dar la nacionalidad española a aquellos hijos y nietos de españoles que tuvieron que migrar al extranjero. Una norma que ahora se ha convertido en polémica; especialmente, debido a que son millones de votos que podrían suponer un cambio radican en la norma electoral española.
Cuatro años después de su aprobación, la «Ley de Nietos» se ha convertido en polémica dentro de la actualidad política nacional.
Y es que, ante la incertidumbre social y política actual, enmarcada por crisis económica, habitacional y generacional, el incremento del censo electoral de residentes ausentes no ha pasado desapercibido en España.
Especialmente, ante la proximidad de las elecciones de 2027. Unas elecciones que muchos temen que se vean «afectadas», en positivo o negativo, por aquellos que aprovechen la Ley de Nietos para obtener la nacionalidad española, quienes sí podrían votar de cara a los próximos comicios generales.
Una normativa que se ha aplicado de forma abrupta, y con falta de medios, tal y como ha explicado a Confilegal Alberto Virella, presidente de la Asociación de Diplomáticos Españoles.
¿De dónde nace la Ley de nietos?
La actual ley de Memoria Democrática es de octubre de 2022.
Tiene un antecedente en lo que afecta a la posibilidad que se crea a descendientes españoles a obtener la nacionalidad, en la Ley de Memoria Democrática de 2007, de gobierno de Rodríguez Zapatero, a Gobierno de Pedro Sánchez.
En el caso de la de 2007, el legislador estableció un plazo de un año para su entrada en vigor respecto a estas solicitudes de nacionalidad. Ello, en el sentido de que se preparase la administración, y en concreto la red consular, para esas numerosas solicitudes. Eso permitió que los consulados construyeran instalaciones provisionales, porque iba a haber muchos más usuarios del consulado, también se dotaron más recursos humanos, etc.
Sin embargo, La ley de 2022 entró en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE.
Entre medias, hubo la ley de acción exterior de 2014, la cual establece en su articulado y en una disposición adicional, que a los seis meses de su entrada en vigor, y posteriormente, cada dos años, o antes cuando se considerara necesario, el Gobierno tenía que hacer un informe de los recursos y medios del servicio exterior, incluido el consular, para adecuarlo a las decisiones políticas y la acción exterior del Gobierno.
Nunca se hizo un solo informe conforme al mandato de la Ley.
Una ley de 2007, sin esa ley de 2014, que vincula mandatos y encargos a la administración en el exterior con recursos y medios para poder ejecutarlo, pero dió un año para poder hacer preparativos.
Después en 2022, incumpliendo el mandato de 2014, entra en vigor inmediatamente, y poco después, el 25 de octubre hay una instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, cuya directora general era Sofía Puente, que hace una interpretación muy extensiva de los supuestos para solicitar la nacionalidad española. Tan extensiva, que dice que cualquier hijo o nieto de españoles que lo solicitaran, tendría la nacionalidad.
Eso amplía mucho los supuestos, y los potenciales solicitantes.
¿Qué ha fallado en esta normativa de 2022?
Evidentemente, hay una clara falta de previsión. Tanto el legislador, como el ejecutivo, quien hizo la proposición de ley, como el Consejo de Estado, sobre su dictamen sobre esto. No ha habido preparativos de medios y recursos. Con un potencial enorme, se habla de 2,6 millones de solicitantes. Sin planificación, sin previsión normativa.
Y eso solo genera problemas como los que estamos teniendo. Y lo hemos visto en los cinco años de aplicación a nivel de los consulados, con quejas de los solicitantes por la lentitud, saturación de la red de consulados… llega el final del plazo de solicitudes, y ahora tenemos un problema, no sólo de solicitudes pendientes de tramitar, sino también sospechas y sombras sobre nuestro sistema electoral. Son problemas mayúsculos.
Ya no es sólo que haga falta más personal y mejores condiciones en los consulados. Es que la falta de previsión y planificación lleva a poner en cuestión la fiabilidad de nuestro sistema electoral. Y es casi decir de nuestra Democracia.
Llevamos mucho tiempo diciendo que esto va a ir mal. Pero el servicio exterior, la red consular, importa muy poco a la ciudadanía. Y luego llegan problemas como éste.
De cara a los consultados, a este trámite. ¿Cómo se gestiona este caos?
A ver, hay que presentar documentación. Demostrar dónde nació ese antepasado, y los documentos que acrediten lo que estás diciendo.
Los consulados, la red consular, está dimensionada de manera muy similar, en cantidad de recursos, al año 2000.
En el año 2000, había un millón de residentes españoles en el exterior. Ahora, tenemos prácticamente los mismos recursos, pero hay 3,2 millones españoles en el exterior, que demandan los servicios de los consulados para, por ejemplo, la inscripción de un matrimonio, el nacimiento de un hijo, un viaje a España…
Y la prioridad legal es hacia los españoles, de cara a enfocar los recursos. Evidentemente, los solicitantes tienen derecho, pero tenemos más obligación de atender a los que ya son españoles.
Los consulados están trabajando, pero en la medida de sus posibilidades. Que son mucho menos de lo que asegura públicamente el ministro Albares.
No entendemos por qué del silencio del ministerio. Se están produciendo muchas dudas, muchos debates. Y no hay explicaciones por parte del departamento de Albares.
¿Cómo afecta este silencio administrativo a los consulados? ¿Y a los españoles?
Por un lado, cada solicitud es analizada con rigor y tiempo, de forma concienzuda, por los cónsules. Y hay muchos intentos de fraude.
Todo eso se está haciendo por parte de los consulados. No hay adquisición fraudulenta de la nacionalidad española.
No hay ninguna posibilidad de que el cónsul determine a qué comunidad autónoma estará destinado el voto de estos nuevos ciudadanos, como puede ser Madrid, como he escuchado. La normativa no funciona así. Y si está tan claro, no se entiende por qué el ministerio, en lugar de terminar con esta polémica, deja que esto siga dando vueltas.
Algo que hace daño en la percepción española a su sistema electoral.
¿Esta aplicación de la Ley de los Nietos, puede no haberse planteado?
Es incuestionable que no hubo planificación ni previsión. Tampoco se dotó de recursos a la red consular.
La manera de gestionar este otorgamiento de recursos humanos es lamentable. Exteriores no consigue aparentemente convencer a Hacienda para la inversión que es necesaria; o, la inversión que dicen que se ha realizado, lamentablemente, no es así.
Y es la realidad.
Por mucha voluntad que haya de conceder muchas nacionalidades, con los recursos que hay, se concederán las que se pueda. Porque gestionar más de 600.000 nacionalidades, sólo en Buenos Aires, antes de las elecciones, es prácticamente imposible.
Es imposible dar la nacionalidad a tantísimas personas, en tan poco tiempo.
Es esencial que el ministerio dé respuestas. Proporcione información, de la que disponen. Porque esa información la tienen.
¿Está en riesgo el Estado de Derecho? ¿La Democracia?
Si esta información de la que hablamos sobre la Ley de Nietos fuese transparente, se otorgase a la ciudadanía, habría mucha más calma.
Pero se guarda tanto silencio, que uno puede llegar a pensar que conviene al Gobierno esta polémica, porque tiene muy fácil desmentirla.
Cuando no hay información, no hay transparencia, no hay rendición de cuentas, todo se puede pensar. E insisto, no es una cuestión menor. Estamos hablando de la posibilidad de la manipulación de las elecciones generales. Es una cuestión muy grave, que va más allá de los funcionarios de la administración de Exterior.
Y están cómodos sin dar explicaciones.
