El Partido Popular ha decidido que ya basta. Registró ayer jueves en el Congreso de los Diputados una petición de comparecencia urgente para Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
El motivo: los recortes de los refuerzos a determinados juzgados de Barcelona, Castellón, Alicante Valencia y Madrid, que, según denuncian, están asfixiandolos.
Y no lo dicen solos. Detrás tienen —por unanimidad, subrayan— a la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial.
La cifra que más duele: 62 órganos judiciales de toda España se han quedado sin autorización económica del Ministerio de Justicia. Sin ese dinero, sin refuerzos, la maquinaria judicial simplemente no funciona igual. Y los ciudadanos, mientras tanto, esperan.
Gamarra no se muerde la lengua
Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, ha sido la encargada de anunciar la petición. Su diagnóstico es demoledor: «degradación» de la Justicia. Un nuevo «choque institucional» que se suma, dice, a una «campaña de acoso y derribo» del Gobierno contra jueces y tribunales —a los que ahora, además, les cierra el grifo.
¿Es esta la Justicia del siglo XXI que prometía Bolaños? Gamarra lo pregunta casi con sorna. Porque el balance que ella hace no coincide con el relato oficial: menos jueces, más colapso, más perjuicio para el ciudadano de a pie. Todo lo contrario de lo que vendía la reforma.
Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana: el mapa del colapso
No es una sensación abstracta. Los tribunales superiores de justicia de varias comunidades autónomas —Cataluña, Madrid, la Comunidad Valenciana— llevan meses lanzando avisos.
Cientos de vacantes judiciales sin cubrir. Una bolsa de jueces sustitutos ya agotada. Y ahora, para rematar, la retirada de los refuerzos que el propio CGPJ y esos mismos tribunales habían calificado de imprescindibles. La Audiencia Nacional tampoco se libra.
Año y medio lleva en marcha la Ley de Eficiencia Judicial. Año y medio, dice el PP, de consecuencias cada vez más visibles.
17.000 divorcios esperando turno
Hay un dato que, según el PP, resume mejor que ningún otro el atasco: más de 17.000 demandas de divorcio siguen pendientes de resolución. Detrás de cada expediente hay una familia. A veces, una custodia sin resolver. Un procedimiento paralizado que no es solo papeleo —es la vida de alguien en pausa.
¿La causa, según denuncian las asociaciones judiciales? Una combinación tóxica: litigiosidad al alza, falta de financiación, y una ley que, lejos de agilizar, ha añadido burocracia.
El paso obligatorio por los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) —la gran apuesta del Gobierno para descongestionar los juzgados— no está funcionando como prometía.
En vez de resolver conflictos por la vía del acuerdo, se ha convertido en un trámite más. Un peaje que alarga los procesos y exige más recursos, no menos.
La resolución del 29 de junio, en el punto de mira
Gamarra ha pedido a Bolaños que dé marcha atrás «cuanto antes» en lo que califica de «nefasta decisión»: la Resolución de 29 de junio, que —según el PP— dejará sin efecto el trabajo acumulado para resolver miles de asuntos pendientes vinculados a cláusulas abusivas, usura y control de las normas MASC. Los más perjudicados, avisan, serán los más vulnerables.
La pelota, ahora, está en el tejado de Bolaños. Y el Congreso espera respuesta.
