Hay un apodo que ha sobrevivido más de cuatro siglos a la carne y a los huesos de Antonio Pérez del HIerro y que dice más de él que cualquier acta judicial: «el gran traidor».
No un traidor cualquiera. El gran traidor, así, con artículo definido, como si España solo tuviera espacio en su memoria colectiva para uno, y ese fuera él.
Los historiadores lo repiten todavía hoy, casi como una etiqueta pegada a su nombre con la misma tinta con la que él firmó, durante 12 años, de 1567 a 1579, las cartas más reservadas de Felipe II.
La ironía es exacta: el hombre que la posteridad recuerda como la encarnación de la traición fue, durante más de una década, el hombre en quien un rey obsesionado con el secreto depositó más confianza que en nadie.
El heredero de los secretos
Nació hacia 1540 —el lugar y hasta el año se discuten todavía— como hijo natural de Gonzalo Pérez, sacerdote y secretario de Carlos I y luego de Felipe II.
El emperador lo legitimó siendo niño. Se formó en Alcalá, Lovaina, Salamanca y Padua, y cuando su padre murió en 1566, heredó algo más valioso que un apellido: la llave del archivo reservado de la Corona, el lugar donde España guardaba aquello que no podía saberse fuera de una sala custodiada.
Un año después era ya secretario de Estado, encargado de los asuntos que el rey consideraba más delicados: Países Bajos, Francia, Inglaterra, el norte protestante que amenazaba el imperio católico.
Felipe II, al que la leyenda pintó como un monarca frío encerrado entre los muros de El Escorial, era en realidad un lector compulsivo de informes cifrados. Y durante años, el hombre que se los seleccionaba, resumía y a veces filtraba fue Antonio Pérez.
Nadie llamaba entonces traidor a Antonio Pérez. Le llamaban, simplemente, el secretario del rey.
El crimen que lo cambió todo
En 1577 llegó a Madrid Juan de Escobedo, secretario de Juan de Austria, hermanastro del rey y gobernador de los Países Bajos.
Traía consigo un plan que Pérez presentó ante Felipe II como una amenaza directa a la Corona: usar los tercios liberados en Flandes para invadir Inglaterra, liberar a María Estuardo, casarla con Don Juan de Austria y derrocar a Isabel I.
Fuera cierto el plan o exagerado por Pérez para sus propios fines —los historiadores no se ponen de acuerdo—, el resultado fue que el rey «autorizó» eliminar a Escobedo.
El 31 de marzo de 1578, hombres pagados por Pérez lo asesinaron en una calle de Madrid.
Aquí empieza la versión que ha llegado hasta nosotros como la más verosímil, aunque nunca del todo probada: que Escobedo no era la amenaza que Pérez describía.
Sino alguien que había empezado a sospechar del propio Pérez, de su relación con Ana de Mendoza, princesa de Éboli, y del tráfico de secretos de Estado que ambos mantenían.
Si es así, Pérez no eliminó una amenaza para el rey. Eliminó a un testigo de su propia traición, y utilizó al rey como instrumento para hacerlo.
Felipe II tardó año y medio en actuar. La noche del 28 de julio de 1579, el alcalde de la corte y 20 alguaciles se presentaron en casa de Pérez.
Empezaba un proceso que se alargaría más de una década, con cárcel, tortura y, el 23 de febrero de 1590, una confesión: Pérez admitió haber ordenado la muerte de Escobedo, y sostuvo que lo había hecho con el consentimiento del rey.
Esa acusación —que el propio Felipe II fuera cómplice de un asesinato— es la que convirtió el caso Pérez en algo más que un proceso judicial: en un pulso por el relato mismo de la monarquía.
La fuga, el fuero, la cabeza de un Justicia
Dos meses después de confesar, en abril de 1590, Pérez escapó de prisión —la tradición sostiene que su esposa le facilitó vestidos de mujer para el disfraz— y se refugió en Zaragoza.
Invocó su ascendencia aragonesa para acogerse a los fueros del reino, que blindaban a sus naturales frente a la justicia castellana. El Justicia Mayor de Aragón, Juan de Lanuza, lo amparó y se enfrentó al rey.
Felipe II respondió enviando un ejército. Lanuza fue derrotado, apresado y decapitado; Aragón perdió buena parte de sus fueros históricos como castigo colectivo por haber protegido a un solo hombre.
Pérez, en el caos de la revuelta, logró escapar a Francia.
En 1592 fue condenado a muerte en ausencia, como hereje, ya bajo la protección de Enrique IV, rey de Francia y de la Baja Navarra.
El secretario que había guardado los papeles más sensibles de la Monarquía Hispánica era ahora su fugitivo más buscado, y el precio de esa fuga ya lo pagaban, con sangre aragonesa, quienes lo habían protegido.
Lo que vendió a la reina de Inglaterra
De Francia pasó a Inglaterra, donde buscó la protección de Isabel I y se ganó la confianza del conde de Essex, su favorito.
Y allí entregó lo único que le quedaba de valor: el conocimiento íntimo de la maquinaria diplomática y de espionaje española, de sus cifrados, de sus redes de información.
Esa entrega no fue simbólica. Contribuyó al ataque inglés a Cádiz de 1596, liderado por Essex y Howard, un golpe que las crónicas de la época consideraron más costoso para la Real Hacienda española que la propia derrota de la Armada Invencible ocho años antes.
No se detuvo ahí. Bajo el seudónimo de Rafael Peregrino publicó en París, en 1598, sus «Relaciones», y más tarde sus «Cartas» —textos de suficiente calidad literaria como para que la Real Academia Española los incorporase después a su Diccionario de Autoridades—, en los que retrató a Felipe II como un monarca cruel, vengativo, capaz de ordenar un asesinato y sacrificar después a quien lo había ejecutado por orden suya.
La aportación de Pérez a la Leyenda Negra llegó por dos vías. La primera fueron esos textos: munición de primer orden para las potencias protestantes enfrentadas a España, que ya contaban con su propia maquinaria de propaganda antiespañola —la «Apología» de Guillermo de Orange, los relatos sobre América derivados de Bartolomé de las Casas—, pero que encontraron en Pérez algo distinto.
La segunda vía fue justamente esa: la autoridad del testigo. Pérez no acusaba desde fuera, como un panfletista extranjero cualquiera. Había sido secretario del Rey Felipe II, conocía los mecanismos internos del poder español desde dentro, y eso convertía cada acusación en una confirmación «desde dentro» de lo que sus enemigos ya venían diciendo del rey.
No inventó la Leyenda Negra —tiene raíces anteriores y más amplias, ligadas también a la conquista de América y a la rivalidad con Inglaterra y los Países Bajos—, pero buena parte de la historiografía lo señala como uno de los arquitectos de su vertiente más personal: la que convirtió a Felipe II concretamente, y no solo a España en abstracto, en el villano de la narrativa protestante europea.
El hombre que había jurado guardar los secretos del rey se convirtió, con nombre falso y pluma afilada, en el principal proveedor de argumentos de sus enemigos. Fue entonces, y no antes, cuando el apodo empezó a fraguarse.
El precio del apodo
Felipe II murió en 1598. Con él se apagó también el interés político que las cortes europeas tenían en Pérez: había sido útil como arma arrojadiza contra España, y una vez muerto el rey al que se le podía seguir echando la culpa de todo, dejó de serlo.
Intentó, sin éxito, obtener el perdón de la Corona para regresar a España. Nadie se lo concedió.
Pasó sus últimos años entre Francia e Inglaterra, cada vez más pobre, sostenido apenas por los restos de pensiones de antiguos protectores que ya no lo necesitaban.
Murió en París el 7 de abril de 1611, en la más absoluta pobreza, según coinciden todas las fuentes consultadas.
En noviembre de ese mismo año, su viuda, doña Juana, y sus hijos abrieron ante la Inquisición un proceso para intentar rehabilitar el apellido familiar.
Fue enterrado en el convento de los Celestinos de París, arrasado siglos después durante la Revolución Francesa, que dispersó sus restos para siempre.
Queda, eso sí, el apodo. «El gran traidor» es la fórmula con la que la historiografía española ha resumido treinta años de intrigas, un asesinato, una revuelta que costó una cabeza aragonesa y una fuga de información que ayudó a incendiar Cádiz.
Pero es una fórmula que simplifica más de lo que explica: Antonio Pérez no traicionó una sola vez. Traicionó a Escobedo al matarlo por un motivo que probablemente no era el que le contó al rey. Traicionó a Felipe II al huir y al escribir contra él. Traicionó, también, a quienes lo protegieron —Lanuza pagó con la cabeza la protección que le dio—.
Y quizá, al final, se traicionó a sí mismo: el hombre que mejor sabía guardar un secreto en toda la Europa de su tiempo terminó sus días sin nada que ocultar, sin nada que vender, sin nadie a quien servir.
Solo un nombre que la Historia decidió no perdonar.
