El Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ) ha reclamado al Ministerio de Justicia que impulse criterios homogéneos para la organización y funcionamiento de los Tribunales de Instancia y de las nuevas Oficinas Judiciales en todo el territorio nacional.
La petición se produce después de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) haya publicado su Guía de Buenas Prácticas para la Organización de los Tribunales de Instancia, un documento de 135 páginas que aborda cuestiones como la organización de equipos, los protocolos de coordinación, la dación de cuenta, los sistemas informáticos, la transformación digital, la gestión del dato, la atención a profesionales y ciudadanos, la gestión de personas, el liderazgo y la evaluación y mejora continua. La guía incorpora además experiencias desarrolladas en los Tribunales de Instancia de La Rioja, Murcia y Extremadura.
Para el CNLAJ, la publicación del documento pone de manifiesto la necesidad de avanzar en la homogeneización del nuevo modelo, una cuestión que el Colegio viene reclamando desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025.
La propia guía señala que la implantación de los Tribunales de Instancia constituye una transformación organizativa de largo recorrido y que la puesta en funcionamiento de las nuevas estructuras no garantiza por sí misma el cumplimiento de los objetivos de la reforma. Para ello, considera necesarias estructuras de coordinación, seguimiento y adaptación permanente.
El CNLAJ alerta de una implantación desigual
El Colegio sostiene que la implantación de los Tribunales de Instancia se está desarrollando de manera «desigual e irregular» en el territorio nacional, lo que estaría generando disfunciones y dificultades en la organización cotidiana de los servicios.
Esta preocupación ya quedó recogida en las conclusiones de las XXXVII Jornadas de la Fe Pública Judicial, celebradas en Valencia los días 3, 4 y 5 de junio de 2026. En ellas, el CNLAJ alertó de una implantación realizada, a su juicio, sin el horizonte temporal necesario, sin una dotación adecuada de medios y sin la aprobación previa de criterios homogéneos.
El Colegio considera que una reforma organizativa de esta dimensión no puede limitarse a modificar las estructuras orgánicas. A su juicio, requiere planificación, gestión del cambio, medios suficientes, protocolos comunes, formación y mecanismos de evaluación y corrección de las disfunciones.
En esta línea, la guía del CGPJ destaca la importancia de contar con instrumentos organizativos comunes, protocolos homogéneos, sistemas estables de coordinación y mecanismos permanentes de seguimiento y revisión.
Reclama al Ministerio una homogeneización del modelo
El CNLAJ valora que el CGPJ haya elaborado una guía que recoge experiencias y criterios organizativos para facilitar la implantación de los Tribunales de Instancia. Sin embargo, considera que su publicación evidencia también la necesidad de que el Ministerio de Justicia impulse una verdadera labor de homogeneización, dentro de sus competencias y en coordinación con el CGPJ y las Administraciones con competencias transferidas.
El Colegio defiende que la existencia de una organización judicial común exige que sus elementos esenciales de funcionamiento no queden sujetos a criterios sustancialmente diferentes en función del territorio.
El objetivo, precisa, no debe ser desconocer las particularidades de cada partido judicial ni las competencias de las distintas Administraciones, sino garantizar un marco común de funcionamiento, con estándares organizativos y cauces de actuación coherentes para profesionales y ciudadanos con independencia del territorio.
Pide criterios comunes para la tramitación electrónica y la dación de cuenta
El Colegio considera especialmente relevante que esta homogeneización alcance también a la tramitación electrónica de los procedimientos y a la comunicación entre la Oficina Judicial y el Tribunal de Instancia.
La guía establece entre los objetivos de la transformación digital garantizar una tramitación íntegramente electrónica y señala que el expediente judicial electrónico debe constituir el soporte ordinario de la actividad procesal y jurisdiccional. Para ello contempla la digitalización completa de la documentación, protocolos normalizados y la gestión electrónica de resoluciones y comunicaciones.
En este contexto, el CNLAJ considera esencial que la comunicación y la dación de cuenta con el Tribunal se realicen mediante los cauces electrónicos establecidos y conforme a criterios homogéneos en todo el territorio.
El objetivo es garantizar la trazabilidad de las actuaciones y la correcta identificación de los asuntos pendientes y de las responsabilidades vinculadas a su tramitación.
La propia guía dedica una buena práctica específica a la normalización de la dación de cuenta y advierte de que la falta de homogeneidad puede provocar retrasos, pérdida de trazabilidad, errores organizativos y desigualdad de criterios. También recoge experiencias en las que la dación de cuenta se integra en los sistemas de gestión procesal mediante modelos electrónicos estructurados.
El Colegio reclama una verdadera gestión del cambio
El CNLAJ considera que la implantación de los Tribunales de Instancia exige abordar de forma integral la gestión del cambio organizativo.
La experiencia recogida en la guía pone de manifiesto, según el Colegio, la necesidad de revisar de manera constante aspectos como la definición de funciones, la especialización de los equipos, la distribución de las cargas de trabajo, los sistemas de sustitución, la coordinación interna y la planificación de las necesidades de personal.
Por ello, reclama que los profesionales que desarrollan diariamente sus funciones en los Tribunales de Instancia y en la Oficina Judicial participen activamente en la definición, implantación, seguimiento y evaluación del nuevo modelo.
El CNLAJ sostiene que jueces y magistrados, Letrados de la Administración de Justicia, personal de los cuerpos generales y responsables de dirección y coordinación no deben ser considerados «meros destinatarios o ejecutores» de un modelo previamente cerrado, sino participantes activos en su desarrollo y mejora.
«La reforma no puede darse por concluida»
Para el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, la experiencia acumulada desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025 demuestra que la reforma no puede darse por concluida con la entrada en funcionamiento formal de los Tribunales de Instancia.
El CNLAJ considera necesario continuar trabajando en la consolidación del modelo, corregir las disfunciones detectadas y establecer los instrumentos necesarios para alcanzar los objetivos de eficiencia, coordinación y calidad del servicio público de Justicia que persigue la reforma.
El Colegio asegura que continuará trasladando las necesidades y dificultades detectadas en la aplicación práctica de la reforma y defendiendo un modelo coherente, suficientemente dotado, tecnológicamente integrado y basado en criterios homogéneos en todo el territorio nacional.
Para el CNLAJ, el desarrollo y consolidación de los Tribunales de Instancia debe abordarse con planificación, medios, coordinación y una verdadera gestión del cambio, contando para ello con la experiencia de quienes desarrollan diariamente sus funciones en la Oficina Judicial y en los propios Tribunales de Instancia.
