Fue el primer fiscal general de la República y después magistrado del Tribunal Supremo. Fue fusilado en el 12 de mayo de 1939 –42 días después de «proclamarse la paz»– en el Camp de la Bota, Barcelona, tras un consejo de guerra que invirtió, contra toda lógica jurídica, la propia doctrina que él había defendido durante toda su carrera
Francisco Javier Elola Díaz-Varela nació en Monforte de Lemos (Lugo) el 22 de septiembre de 1877 y murió fusilado el día mencionado a las cinco de la madrugada.
Entre ambas fechas hay una carrera judicial de más de tres décadas construida sobre una convicción que terminaría siéndole fatal: la de que la ley, aplicada con rigor técnico y al margen de la coyuntura política, era la única garantía posible frente al poder arbitrario.
El régimen que lo ejecutó se encargó de desmentirlo.
De juez de provincias a fiscal de la República
Licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela en 1903, Elola aprobó en 1905 las oposiciones a la carrera judicial y fiscal, que entonces eran lo mismo.
Ejerció como juez de Primera Instancia en Luarca (Asturias) y recorrió después varios destinos en Galicia y Cataluña —Sarria, Ponte Caldelas, La Bisbal— hasta ser nombrado, en 1916, teniente fiscal de la Audiencia Provincial de Gerona.
Durante la dictadura del general Miguel Primo de Rivera formó parte de la Junta Organizadora del Poder Judicial y en 1929 representó a España en los Congresos Penales Internacionales de París, Bruselas y Budapest, lo que consolidó su prestigio como especialista en materia penal y procesal.
Con la proclamación de la Segunda República fue nombrado, en mayo de 1931, primer fiscal general de la República, cargo que dejó apenas dos meses después para incorporarse como magistrado al Tribunal Supremo.
Ese mismo año fue elegido diputado por Lugo en las Cortes Constituyentes, escaño que compaginó —no sin polémica— con su magistratura. En aquel tiempo se podían compaginar ambas responsabilidades. Algo impensable hoy día.
Desde ambas posiciones intervino de forma activa en el debate sobre la organización del poder judicial: se opuso a que el control de constitucionalidad de las leyes recayera en los jueces ordinarios, defendió un modelo inspirado en el jurista austriaco Hans Kelsen, padre del positivismo jurídico moderno.
Lo que desembocaría en el Tribunal de Garantías Constitucionales (Sala integrada en el Tribunal Supremo, lo que hoy es nuestro Tribunal Constitucional), y llegó a rechazar la propia expresión «poder judicial» en favor de «poder jurisdiccional», una distinción que influyó en que la Constitución de 1931 optara por hablar de «función» antes que de «poder».
Crítico con el corporativismo de la magistratura, advirtió en sede parlamentaria del riesgo de que los jueces llegaran a constituir una «oligarquía» capaz de enfrentarse a la democracia.
Fidelidad a la ley en plena Guerra Civil
Iniciada la contienda, fue nombrado en septiembre de 1936 juez especial instructor de la causa por la sublevación militar en los cuarteles de Madrid.
Mantuvo en la instrucción las formas legales incluso cuando eso incomodaba a los sectores más radicalizados: admitió pruebas propuestas por la defensa del general sublevado Joaquín Fanjul, lo que le costó ser apartado del caso.
Un año después presidió la Junta de Inspección de Tribunales de Madrid y, trasladado a Barcelona en 1937, defendió en 1938 a funcionarios judiciales acusados de colaborar con la quinta columna.
Cuando las tropas republicanas abandonaron Cataluña en enero de 1939, Elola pudo huir a Francia. No lo hizo.
Convencido de no haber cometido delito alguno, se ofreció a colaborar con el nuevo régimen.
Fue detenido y procesado el 26 de febrero de 1939 por las muertes del general Fanjul y por las que se produjeron en la cárcel Modelo de Madrid en agosto de 1936.
Un consejo de guerra en Barcelona lo condenó a muerte; el Alto Tribunal de Justicia Militar de Valladolid ratificó la sentencia el 18 de abril de 1939.
El argumento jurídico que nadie quiso escuchar
En las notas que preparaba para su defensa —incautadas por el tribunal militar y unidas a la causa— Elola desplegó, con la misma precisión técnica de siempre, un argumento que el propio consejo de guerra ignoró: si el 18 de julio de 1936 existía un Estado legalmente constituido, la rebelión solo podía residir en quienes se habían levantado en armas contra él, nunca en sus servidores.
El nuevo Estado podría considerarlos afectos o desafectos, leales o sospechosos, pero «jamás como rebeldes».
El tribunal que lo juzgó por rebelión ni siquiera respondió a ese razonamiento: lo condenó por haber actuado, según la sentencia, «como juez especial contra los verdaderos españoles».
Fue fusilado junto al general Fernando Berenguer de las Cagigas. Su familia quedó sometida a un fuerte embargo patrimonial, según recoge parte de la bibliografía memorialista sobre el caso.
Una reparación tardía
Durante décadas, la figura de Elola quedó fuera del relato oficial de la Transición. La Fiscalía General del Estado impulsó en 2023 la publicación del libro En memoria de Francisco Javier Elola (coordinado por César Estirado de Cabo, Fiscalía General del Estado/Tirant lo Blanch), presentada con intervenciones de la entonces fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, Dolores Delgado, y del magistrado de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada, quienes lo situaron junto a juristas republicanos como Luis Jiménez de Asúa o Felipe Sánchez-Román.
En diciembre de 2024 el Gobierno lo incluyó entre 21 represaliados por el franquismo homenajeados oficialmente, junto al político galleguista Alexandre Bóveda y el militar Xosé Fortes.
Y en mayo de 2025, coincidiendo con el aniversario de su fusilamiento, la Universidad de Barcelona, el Memorial Democrático y la Asociación Catalana de Personas Expresas del Franquismo organizaron unas jornadas de homenaje en las que participaron sus nietos, Manuel y Francisco Javier Elola Som.
Ochenta y seis años después de su ejecución, la paradoja que atraviesa su biografía sigue siendo la misma: un jurista que hasta el último momento confió en que la técnica jurídica y la lealtad a la legalidad vigente bastarían para protegerlo, ejecutado por un tribunal que prescindió por completo de esa misma técnica para condenarlo.
