España ha pedido a la Comisión Europea que Frontex despliegue diez agentes adicionales de su Cuerpo General en Ceuta para agilizar el triaje de las personas migrantes que llegaron a la ciudad los días 30 y 31 de julio y que todavía no han sido sometidas a este procedimiento.
La petición llegó a través de una carta remitida por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a la directora general de Migración y Asuntos de Interior de la Comisión, Beate Gminder.
La misiva responde a la que la propia Gminder envió el 21 de agosto al embajador de España ante la Unión Europea, Marcos Alonso, en la que ofrecía el apoyo de distintas agencias comunitarias ante la crisis migratoria vivida en Ceuta los días 30 y 31 de julio.
Frontex (Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas) es la agencia de la Unión Europea encargada de la gestión integrada de las fronteras exteriores del espacio Schengen.
Sus funciones comprenden la vigilancia y control de fronteras exteriores, apoyo operativo a los Estados miembro (como el que pide España en Ceuta), gestión del Cuerpo Permanente (Standing Corps, más de 10.000 agentes previstos para 2027), la coordinación de retornos de migrantes irregulares, análisis de riesgo fronterizo y la cooperación con terceros países.
Grande-Marlaska pide ahora que Frontex, Europol y la Agencia de la Unión Europea para el Asilo (EUAA) refuercen el dispositivo desplegado para gestionar el triaje y la posterior tramitación de los expedientes de las personas que aún permanecen en la ciudad autónoma de forma irregular.
Qué es el triaje
La palabra triaje se adapta del ámbito médico (donde se prioriza a los pacientes según su gravedad) para gestionar de forma ordenada las llegadas masivas de personas.
Este procedimiento, conocido como triaje migratorio, permite realizar una primera evaluación individualizada de cada persona desde el momento en que llega a un puesto fronterizo o es rescatada.
No se trata de una decisión única e inmediata, sino de una sucesión de actuaciones destinadas a conocer su identidad, comprobar su estado de salud, detectar posibles riesgos para la seguridad y averiguar, mediante una entrevista inicial, las razones que motivaron su desplazamiento.
La información obtenida permite determinar qué respuesta jurídica y asistencial corresponde en cada caso.
A partir de esa evaluación, las autoridades derivan a cada persona hacia la vía administrativa adecuada.
Quienes manifiestan huir de una guerra o temer persecución pueden solicitar protección internacional; los menores no acompañados, las víctimas de trata, las mujeres embarazadas y otras personas especialmente vulnerables deben recibir atención y protección específicas; y quienes no reúnen los requisitos legales para entrar o permanecer en España pueden quedar sujetos a un procedimiento de devolución o expulsión, siempre con las garantías previstas por la ley y valorando individualmente sus circunstancias.

Prolongar la operación Minerva
Respecto a Frontex, Interior reclama prolongar la operación Minerva —que cubre los puertos de Algeciras, Tarifa y Ceuta durante la Operación Paso del Estrecho— más allá de su fecha prevista de finalización, el 2 de septiembre, todo lo necesario mientras se resuelve la situación en la ciudad.
El Ministerio considera además de gran utilidad que la Agencia de la Unión Europea para el Asilo participe en las entrevistas y aporte intérpretes.
Las limitaciones de espacio en los centros habilitados en Ceuta obligarían a realizar estas actuaciones de forma telemática, según explica la carta.
Interior avanza que, una vez cerradas las fases de triaje y, en su caso, el procedimiento de asilo en frontera, concretará con Frontex la asistencia necesaria para ejecutar retornos, apoyándose en los mecanismos de mediación y en los acuerdos que la agencia mantiene con países de origen.
Y que el buque Duque de Ahumada de la Guardia Civil permanezca en aguas españolas
La carta incluye también dos peticiones de carácter más estructural. Por un lado, que el buque oceánico Duque de Ahumada, de la Guardia Civil —que opera seis meses al año a las órdenes de Frontex tras la cofinanciación europea de su flete—, permanezca en aguas españolas durante todo 2027.
Por otro, el mantenimiento de los servicios EUROSUR Fusion Services, que Frontex opera para proporcionar imágenes satelitales de la frontera con Marruecos con fines de vigilancia marítima, portuaria y prefronteriza.
En cuanto a Europol, Grande-Marlaska plantea mantener y profundizar la cooperación operativa ya existente con las Fuerzas de Seguridad españolas, con especial atención a la investigación de redes de tráfico de migrantes y al análisis estratégico.
Antes de cerrar la carta, el ministro recuerda a Gminder que España solicitó el pasado 24 de agosto una ayuda de emergencia superior a 32 millones de euros con cargo al Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) y al Instrumento de Gestión de Fronteras y Visados (IGFV).
«Y confiamos en su pronta resolución», señala el texto, tras agradecer a la directora general el ofrecimiento inicial de apoyo.
El contenido de la carta, hecho público por el propio Ministerio del Interior, no incluye respuesta ni plazo de resolución por parte de la Comisión Europea sobre ninguna de las peticiones planteadas.