El Tribunal Constitucional del Perú ha concedido su máxima distinción honorífica al jurista español José María Alonso Puig, presidente del Centro Internacional e Iberoamericano de Arbitraje (CIIAM) y exdecano del Colegio de la Abogacía de Madrid.
Se trata de la Medalla de Honor del Tribunal Constitucional «José Faustino Sánchez Carrión», otorgada a las personalidades que se han distinguido por la defensa de los principios y valores del constitucionalismo o por la promoción, protección y difusión de los derechos fundamentales.
La concesión fue acordada por unanimidad por el Pleno del Tribunal Constitucional peruano el pasado 7 de agosto y quedó formalizada mediante la Resolución Administrativa 096-2026-P/TC, firmada el 21 de agosto por su presidente, Helder Domínguez Haro.
La iniciativa para distinguir al jurista español fue promovida por un grupo de relevantes abogados peruanos, según ha explicado el propio Alonso Puig a Confilegal.
«Me siento muy honrado», ha manifestado. Una distinción que relaciona con su prolongada vinculación profesional con Perú y con el trabajo desarrollado durante años para impulsar allí el arbitraje y fortalecer los vínculos entre los juristas de ambos lados del Atlántico.
«He estado muchas veces en Perú y he ayudado mucho al desarrollo del arbitraje. He ido allí y he hecho muchas cosas», ha señalado.
Más de cinco décadas dedicadas al Derecho
La resolución define a Alonso Puig como «uno de los juristas más prestigiosos y reconocidos del ámbito iberoamericano» y destaca una trayectoria de más de cinco décadas dedicada al ejercicio de la abogacía, el arbitraje internacional y el fortalecimiento del Estado de Derecho.
El Tribunal Constitucional peruano también pone en valor su actividad académica como docente, conferenciante y autor de obras especializadas en métodos alternativos de resolución de controversias.
Una trayectoria que, según recoge la resolución, ha sido reconocida de manera constante por los principales directorios jurídicos internacionales, que lo sitúan como «un referente indiscutible del Derecho y del arbitraje en Europa y América Latina».
La condecoración reconoce expresamente sus «invaluables contribuciones al arbitraje internacional, la judicatura constitucional, la docencia jurídica y el fortalecimiento del Estado de Derecho».
Defensa de una comunidad jurídica iberoamericana
Alonso Puig ha subrayado que este reconocimiento trasciende su trayectoria individual y se enmarca en su defensa de una comunidad jurídica iberoamericana más cohesionada.
«Trato de promover mucho lo que es la comunidad iberoamericana. Me parece que es vital. Es algo en lo que todos tenemos que trabajar», ha afirmado.
El presidente del CIIAM considera necesario reforzar una cultura jurídica compartida y estrechar la cooperación entre España, Portugal y los países de América Latina, especialmente en ámbitos como el arbitraje internacional, la seguridad jurídica y los mecanismos alternativos de resolución de controversias.
«Se trata de revalorizar lo que es nuestro mundo y nuestra cultura», ha añadido.
La distinción del Tribunal Constitucional del Perú llega poco después de que el jurista español recibiera en ese país otro homenaje por el conjunto de su carrera profesional. A finales de octubre está previsto que sea objeto de un nuevo reconocimiento en Colombia.
Una distinción reservada a trayectorias excepcionales
La Medalla de Honor «José Faustino Sánchez Carrión» está regulada desde 2003 y solamente puede ser concedida mediante acuerdo del Pleno del Tribunal Constitucional, a propuesta de su presidente.
Su otorgamiento debe estar sustentado en la existencia de servicios eminentes y en méritos profesionales, académicos o institucionales relacionados con la defensa del constitucionalismo y los derechos fundamentales.
La Secretaría General del Tribunal concluyó que la candidatura de Alonso Puig reunía todos los requisitos y contaba con «pleno sustento» para recibir la máxima distinción de la institución.
Con este reconocimiento, el Tribunal Constitucional peruano premia no solo su prolongada carrera jurídica, sino también su contribución a la consolidación del arbitraje como instrumento para resolver conflictos y su compromiso con el fortalecimiento del espacio jurídico iberoamericano.
