«(¡No habrá enriquecimiento de material!)» — Donald Trump, Truth Social, 23 de julio de 2026, sobre el acuerdo nuclear firmado la víspera con Arabia Saudí.
El miércoles 22 de julio, en Washington, el secretario de Energía, Chris Wright, y su homólogo saudí, el príncipe Abdulaziz bin Salmán, firmaron un acuerdo de cooperación nuclear civil con una vigencia de 30 años.
Ese mismo día, frente a Al Shuqaiq, en la costa saudí del mar Rojo, el petrolero Encelia fue alcanzado en un ataque que los hutíes reivindicaron como parte del bloqueo naval que habían declarado contra el reino dos días antes.
Al día siguiente, el presidente Trump anunció en su red social que el acuerdo quedaba enteramente supeditado a que Arabia Saudí se sumara a los Acuerdos de Abraham, y añadió, entre paréntesis y con exclamaciones, la frase que encabeza esta columna.
En menos de dos días quedaron sobre la mesa las tres piezas de un avispero: el átomo, la avispa y la condición.
Desde entonces, su desenlace pende de calendarios que Riad no controla. Israel vota el 27 de octubre. Estados Unidos, el 3 de noviembre, y su presidente ha pasado en dos días de encargar opciones para golpear Irán antes de esa fecha a prometer que no lo hará.
Los senadores que cuestionan el acuerdo saudí esperan votarlo antes del 13 de diciembre. Entre tanto, se discute si Riad cambiará reconocimiento por reactores, como si el problema fuera el precio. No lo es.
El problema es la naturaleza de lo que se vende. Trump trata el átomo como una moneda de cambio diplomática, y es la única que no admite devolución: lo que se entrega no es un alineamiento, sino una capacidad.
Un texto y un paréntesis
Conviene empezar por lo que se firmó, porque no coincide con lo que se anunció.
El texto se ha publicado como documento de la Cámara de Representantes, y quienes lo han examinado coinciden en lo esencial: encomienda a empresas estadounidenses el desarrollo del programa civil saudí y permite enriquecer uranio en suelo saudí si las partes lo acuerdan por escrito tras un estudio conjunto de dos años, con un límite inicial del cinco por ciento.
La planta la construirían los norteamericanos sin entregar el diseño de las centrifugadoras: lo que en la jerga de la no proliferación se llama una caja negra.
No incluye, en cambio, el llamado estándar de oro, la renuncia permanente a enriquecer y a reprocesar que los Emiratos aceptaron en su acuerdo de 2009 y que se presentó entonces como modelo regional.
La Casa Blanca lo remitió al Congreso con una carta fechada el 24 de agosto. Por el régimen de la sección 123 de la Ley de Energía Atómica de 1954, no necesita aprobación: puede entrar en vigor salvo que el Congreso lo rechace en noventa días de sesión, cosa que nunca ha hecho con un acuerdo de cooperación nuclear civil.
«En marzo escribí que los Acuerdos de Abraham saldrían de esta guerra convertidos en un cadáver diplomático. Trump pretende exhumarlos con uranio».
La opacidad, que la hay, está en otra parte: en dos cartas complementarias sobre su aplicación que siguen clasificadas y que, según quienes han examinado el resto, probablemente concretan lo relativo al enriquecimiento.
Ahí está lo que un jurista no puede dejar de ver. El instrumento firmado deja abierta, bajo condiciones, la puerta del enriquecimiento; el mensaje presidencial proclama que no habrá enriquecimiento. La condición anunciada por Trump no figura en el texto público del acuerdo.
Eso no significa que Washington carezca de medios para imponerla: el enriquecimiento depende de un acuerdo escrito posterior, cualquiera de las partes puede denunciar el acuerdo con un año de preaviso, y nadie fuera del Gobierno sabe qué dicen las cartas clasificadas.
Significa algo más modesto y más inquietante: que la palanca queda en manos de quien la anunció, que puede accionarla o soltarla según le convenga, y que nada de lo publicado exige a Riad reconocer a Israel para que el acuerdo entre en vigor. Los paréntesis no se ratifican.
Eran un país aliado
No es la primera vez que Washington ofrece el átomo a un aliado del Golfo, y la vez anterior está documentada con una precisión incómoda.
En 1957, dentro del programa Átomos para la Paz de Eisenhower, Estados Unidos firmó con el Irán del Sha un acuerdo de cooperación nuclear civil.
En 1967 le suministró un reactor de investigación de cinco megavatios para la Universidad de Teherán, alimentado con uranio altamente enriquecido.
En 1975, Henry Kissinger firmó el memorando de seguridad nacional 292, que fijaba la estrategia para venderle equipos nucleares por más de 6.000 millones de dólares, con Westinghouse a la cabeza de las empresas interesadas.
En 1976, Gerald Ford firmó una directiva que ofrecía a Teherán comprar y operar una planta de reprocesamiento construida por norteamericanos.
Un documento de estrategia del Gobierno Ford sostenía que la energía nuclear liberaría el petróleo iraní para la exportación o la petroquímica.
Es el mismo argumento con el que Riad justifica su programa: dejar de quemar en sus centrales el crudo que puede vender fuera.
En 2005, Kissinger escribió que para un gran productor de petróleo como Irán la energía nuclear era un despilfarro de recursos.
Preguntado por el Washington Post por el cambio de criterio, respondió tras una larga pausa: «Eran un país aliado, y aquello era una transacción comercial».
Añadió que nadie se planteó entonces que aquel país pudiera algún día encaminarse hacia el arma nuclear.
«Arabia Saudí hace lo que hacen los Estados prudentes cuando el protector se vuelve imprevisible: acepta lo que se le ofrece, busca respaldo en otra parte y no paga por adelantado».
En 1979 el aliado dejó de serlo, y el reactor se quedó. La central de Bushehr, que la alemana Kraftwerk Union empezó a levantar en 1975 para el Sha, quedó abandonada con la revolución; la terminaron los rusos para la República Islámica.
Los técnicos que Estados Unidos formó en aquellos años han sido, desde entonces, columna vertebral del programa contra el que Washington e Israel entraron en guerra el 28 de febrero.
El Derecho internacional lo explica sin dramatismo: el Estado sobrevive a sus regímenes, y las instalaciones, los conocimientos y los tratados pasan al Gobierno siguiente sin pedir permiso al proveedor.
Los defensores del acuerdo tienen un argumento serio, y conviene exponerlo entero. Sostienen que, si Washington no lo hace, Riad comprará a China o a Rusia, con menos controles, y que una planta construida por estadounidenses y cerrada a la curiosidad saudí es preferible a la alternativa.
Es un riesgo real. Pero es el mismo argumento de 1975: el Sha compraba también a Alemania y a Francia, y estar dentro no impidió que, cambiado el régimen, la tecnología cambiara de manos.
Una caja negra puede impedir que el dueño del suelo vea el mecanismo; no impide que siga siendo el dueño del suelo.
Y el horizonte del acuerdo es 2056. Nadie en Washington sabe quién gobernará Riad entonces, ni con qué vecinos, ni frente a qué Irán. Mohamed bin Salmán ha dicho que no busca la bomba, salvo que la tenga Irán, reserva que ya recogimos en marzo.
La Meca, ante su primera crisis
En agosto, a propósito del pacto de La Meca, sostuve en estas páginas que Riad había dejado de depender en exclusiva de Washington, que las promesas estratégicas se validan en la primera crisis y que la cuestión nuclear, entonces aparcada, reaparecería.
Las tres cosas han ocurrido, aunque la última por la puerta que menos se esperaba: la de Washington. Y la crisis explica por qué el reino acepta el átomo norteamericano sin pagar el precio que Trump le pone.
La tregua de 2022 entre Arabia Saudí y los hutíes se rompió en julio. El día 20, los hutíes declararon el bloqueo naval del reino, «ojo por ojo».
En septiembre lanzaron una ofensiva que les dio el control de toda la costa yemení del mar Rojo, con vistas sobre Bab el-Mandeb. La coalición saudí les atribuye un dron interceptado al sur de La Meca el 16 de septiembre y el ataque del día 29 contra la subestación que alimenta la Mezquita del Profeta, en Medina; los hutíes niegan ambos.
Sea cual sea la autoría, el reino que custodia los Santos Lugares ha visto en unas semanas cómo se discutía si sus ciudades sagradas estaban al alcance de un dron.
El 10 de septiembre, Mohamed bin Salmán llamó dos veces a Trump para pedirle que atacara a los hutíes. Washington declinó cualquier acción militar directa y se limitó a ofrecer inteligencia: la consigna era no distraer fuerzas de Irán y de Ormuz.
Días después, según Fox News, Trump aseguró que los hutíes se habían comprometido a no atacar objetivos estadounidenses. Washington había negociado su propia inmunidad; la de su aliado no entraba en el trato.
El 5 de octubre, el comité del pacto de La Meca se reunió en Riad y acordó el despliegue rápido de fuerzas turcas y paquistaníes en el reino.
Ankara e Islamabad han precisado que su papel será de apoyo y no de combate, y ambos cuidan su relación con Teherán. Pero acudieron.
Riad ha anotado el contraste: el aliado que ofrece reactores a 30 años no ofreció un solo ataque aéreo cuando se le pidió; los socios que no ofrecen reactores mandaron tropas.
Washington niega lo que se puede retirar y concede lo que no se puede recuperar. Riad toma la tecnología de un lado y la protección del otro, y no tiene prisa por pagar a nadie con Israel.
Israel vota, Riad espera
En marzo escribí que los Acuerdos de Abraham saldrían de esta guerra convertidos en un cadáver diplomático. Trump pretende exhumarlos con uranio.
El inconveniente es que la condición no depende de quien recibe el uranio, sino de un tercero que no se sienta a la mesa: desde septiembre de 2024, Mohamed bin Salmán sostiene que no habrá relaciones con Israel sin un Estado palestino con capital en Jerusalén Este, y Riad ha repetido que esa posición no se negocia. La llave, por tanto, la tiene Israel.
Israel vota el 27 de octubre, y los sondeos no dan la mayoría a ningún bloque. La alternancia, si llega, no cambia el dato que importa en Riad: ninguna de las alternativas con posibilidades de gobernar satisface la exigencia saudí.
En el aparato de seguridad israelí, lo que inquieta no es la normalización que no llega, sino el enriquecimiento que podría llegar.
El escenario incómodo es este: si el acuerdo entra en vigor tal como se firmó y la condición se queda en las redes sociales, Israel podría ver, al cabo del estudio, una planta capaz de enriquecer uranio en Arabia Saudí sin haber obtenido a cambio ni siquiera un embajador.
Para Israel, el peor resultado posible no es un acuerdo saudí con condiciones; es un acuerdo saudí sin ellas.
Irán mira el calendario
Irán mira la escena con otra lente. En una guerra abierta desde el 28 de febrero, y tras varias semanas sin ataques norteamericanos, The Atlantic reveló el 7 de octubre que la Casa Blanca había pedido al Pentágono opciones para golpear Irán antes del 3 de noviembre.
Al día siguiente, Trump anunció en su red social que no atacaría Irán antes de las elecciones y habló de conversaciones productivas con Teherán, mientras se anunciaba el envío de un tercer portaaviones a la región.
En 48 horas, el protector pasó de encargar opciones de ataque a descartarlas. Es exactamente la imprevisibilidad que Riad ha aprendido a descontar.
Más revelador que los planes de ataque es el vocabulario. El vicepresidente J.D. Vance ha dicho que Irán debe hacer algo «significativo» con su capacidad de enriquecimiento para poner fin a la guerra.
Es una exigencia razonable, pero distinta: en febrero, en Ginebra, Washington pedía a Teherán suspender el enriquecimiento entre 10 y 20 años; en octubre habla de reducir su capacidad.
Washington gradúa con Teherán lo que promete prohibir a Riad en un mensaje y contempla para Riad en un acuerdo.
El enriquecimiento ha dejado de ser una norma para convertirse en un premio que se reparte según la lealtad del momento, y en Teherán, donde la prensa oficial ha denunciado el doble rasero, el mensaje no necesita traducción.
Cabe un último argumento a favor de Trump, y no es frívolo: un enriquecimiento saudí bajo control norteamericano equilibraría a un Irán que no renunciará al suyo, y en las regiones duras es el equilibrio, más que la virtud, lo que contiene la guerra.
Es la lógica clásica de la disuasión. Pero aplicada aquí no equilibra arsenales: multiplica los programas que acortan el camino hacia el arma. Entre una planta civil y una bomba median todavía pasos técnicos, inspecciones y decisiones que nadie ha dado, y nada obliga a darlos.
Lo que cambia es el incentivo: cada atajo ajeno invita al vecino a adelantarse antes de que el atajo se complete. La disuasión entre quienes ya tienen el arma admite lecturas tranquilizadoras; la carrera entre quienes podrían llegar a tenerla, muchas menos.
La caja negra
El avispero, en suma, no es Arabia Saudí. Arabia Saudí hace lo que hacen los Estados prudentes cuando el protector se vuelve imprevisible: acepta lo que se le ofrece, busca respaldo en otra parte y no paga por adelantado.
El avispero es el método. Washington intenta comprar alineamientos con bienes irreversibles en una región donde los alineamientos duran menos que los reactores.
Trump lo ensaya con Riad, convencido de que compra para Israel una normalización. Lo que de verdad pone en juego, si un día se pacta, es una planta que seguirá en pie se normalice o no.
En aviación, la caja negra es la única pieza del aparato concebida para sobrevivir al accidente. Es exactamente lo que Washington contempla instalar en Arabia Saudí.
