La Fiscalía Europea espera que en las próximas fechas se produzcan avances importantes en la investigación abierta por un presunto fraude de fondos comunitarios destinados al mantenimiento de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, en la que este año se han registrado los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo), con decenas de víctimas mortales.
Según han confirmado este viernes fuentes de la Fiscalía Europea, las pesquisas continúan abiertas desde que se hizo pública su existencia el pasado mes de marzo. Durante este tiempo se han practicado distintas diligencias y el organismo europeo prevé que se produzcan novedades de calado próximamente.
La investigación adquiere especial relevancia después del accidente registrado el pasado miércoles, 28 de octubre, en Urda (Toledo), que ha dejado al menos 69 fallecidos, además de numerosos heridos.
Este siniestro se produjo en la misma línea de alta velocidad donde el pasado 18 de enero tuvo lugar el accidente de Adamuz (Córdoba), en el que perdieron la vida 46 personas.
No obstante, la investigación europea se centra en el posible uso fraudulento de fondos comunitarios destinados al mantenimiento de la infraestructura.
Por el momento, no se ha establecido una relación entre el presunto fraude investigado y las causas de los dos accidentes ferroviarios.
La Fiscalía Europea investiga posibles irregularidades en los fondos destinados a la vía
La Fiscalía Europea confirmó oficialmente el pasado 20 de marzo la apertura de una investigación para determinar si pudieron producirse irregularidades en la utilización de recursos económicos procedentes de la Unión Europea destinados al mantenimiento de la línea ferroviaria Madrid-Sevilla.
En concreto, el organismo situó el objeto de sus pesquisas en el tramo próximo al punto kilométrico 318,7, en las inmediaciones de Adamuz, donde se produjo el primero de los dos accidentes mortales registrados este año.
Desde entonces, los investigadores han desarrollado distintas actuaciones con el objetivo de esclarecer el destino y la utilización de los fondos comunitarios empleados en el mantenimiento de esa parte de la infraestructura ferroviaria.
Uno de los aspectos relevantes de estas actuaciones es la participación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que también interviene en las pesquisas desarrolladas por la Fiscalía Europea.
La presencia de esta unidad tiene como finalidad garantizar la coordinación con la investigación judicial abierta por el accidente de Adamuz, que se instruye en un juzgado de Montoro (Córdoba).
De este modo, la Guardia Civil participa en actuaciones relacionadas con dos procedimientos que tienen objetos diferentes.
Por un lado, la causa judicial sobre el accidente ferroviario de Adamuz y, por otro, la investigación europea sobre el posible fraude en la utilización de fondos comunitarios destinados al mantenimiento de la vía.
El magistrado José Luis Calama actúa como juez de garantías
La investigación cuenta también con la intervención de la Audiencia Nacional, que designó al magistrado José Luis Calama como juez de garantías para autorizar las diligencias que lo requieran dentro del procedimiento desarrollado por la Fiscalía Europea.
Este organismo es una institución independiente de la Unión Europea que tiene competencias para investigar, ejercer la acusación y llevar ante los tribunales delitos que afecten a los intereses financieros comunitarios.
A diferencia del modelo ordinario de instrucción penal español, en estos procedimientos son los fiscales europeos quienes dirigen las investigaciones, mientras que el juez de garantías interviene en aquellas actuaciones para las que resulta necesaria una autorización judicial.
Por tanto, Calama desempeña una función de garantía judicial dentro de las pesquisas europeas, sin que ello suponga asumir la instrucción de la causa abierta en Montoro por el accidente de Adamuz.
La Fiscalía Europea solicitó a Adif los contratos relacionados con el tramo investigado
Entre las actuaciones conocidas figura la solicitud de documentación dirigida a Adif, el administrador de la infraestructura ferroviaria, después del accidente registrado en Adamuz.
La Fiscalía Europea reclamó a la entidad todos los contratos suscritos y los correspondientes números de expediente relacionados con el tramo de la red ferroviaria donde tuvo lugar el siniestro.
La existencia de este requerimiento se conoció después de que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, compartiera en sus redes sociales un oficio judicial relativo a la documentación solicitada.
El ministro defendió entonces que la intervención del organismo europeo no constituía una circunstancia excepcional, debido a la existencia de financiación procedente de la Unión Europea en las obras de mantenimiento de la infraestructura.
«La Fiscalía Europea investiga el accidente de Adamuz desde nada más producirse», afirmó Puente, quien añadió que este tipo de actuaciones se producen cuando existen fondos europeos involucrados.
Asimismo, cuestionó que la existencia de las pesquisas se presentara como una novedad, al considerar que se trataba de una actuación conocida desde las primeras semanas posteriores al accidente.
