El expresidente de Asaja Valladolid, Lino Rodríguez, está en prisión cumpliendo una condena de dos años y ocho meses por un delito continuado de falsedad en documento mercantil y de otros dos de fraude en el cobro de subvenciones a la Junta de Castilla y León, y el pasado mes de abril también fue condenado a también fue condenado a 10 años y cuatro meses de cárcel por la 'Operación Cebada'. Foto: Claudia Alba/EP
Dos años y medio de cárcel para el expresidente de Asaja Valladolid, Lino Rodríguez, por estafa y administración desleal
Además, tendrá que indemnizar a la organización agraria con 8.785,32 euros
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30/7/2021 11:04
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Actualizado: 30/7/2021 11:04
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El Juzgado de lo Penal número 2 de Valladolid ha condenado a dos años y medio de prisión al expresidente de la organización agraria Asaja Valladolid, Lino Rodríguez, por un delito de estafa y otro de administración desleal.
Además, tendrá que indemnizar a Asaja con 8.785,32 euros, y en el importe de las cuotas que dicha entidad tuvo que ingresar a Hacienda y a la Seguridad Social por los salarios reconocidos en la conciliación laboral, importe que se determinará en ejecución de sentencia.
La magistrada ha declarado la nulidad del acto de conciliación con avenencia del 5 de abril de 2016 ante la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León por el que Asaja Valladolid debía abonar a Lino Rodríguez 29.836,34 euros.
El exvicepresidente de la organización agraria, Gerardo Rico, ha sido absuelto de los delitos de estafa y administración desleal que se le imputaban.
La sentencia es la número 220/2021, de 19 de julio.
La firma la magistrada Ana Isabel Morata Escalona.
Esta resolución no es firme. Cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial.
Lino Rodríguez, a las puertas de los juzgados de Valladolid. Foto: EP
LOS HECHOS PROBADOS
Lino Rodríguez ha sido presidente de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores de Valladolid (Asaja-Valladolid) desde 1990 hasta el 29 de diciembre de 2016, fecha en la que se celebraron elecciones a la Junta directiva de la asociación, de las que resultó la renovación de dicho cargo.
Según expone la magistrada, el 3 de marzo de 2004, Rodríguez había suscrito un contrato de trabajo con el Grupo para el Desarrollo Rural Colectivo (Grupo Derco), en virtud del cual este venía percibiendo salarios de dicha entidad como trabajador de la misma.
Grupo Derco dejó de abonarlos en julio de 2014, tras haberse incoado diligencias previas número 4688/13 ante el Juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid, en las que, entre otros extremos, se investigaba la falsedad de dicho contrato, falsedad que fue declarada en virtud de sentencia, dictada el pasado 29 de abril por la Audiencia Provincial de Valladolid, resolución que se encuentra actualmente pendiente de recurso de casación.
Según relata la magistrada, en diciembre de 2014 se aprobó en la junta directiva de ASAJA, por ocho votos a favor, cuatro en contra, y una abstención, un acuerdo que recogía que Lino Rodríguez, que tiene su contrato de trabajo actual fijado en una entidad vinculada laboralmente con Asaja Valladolid, pase a ser contratado a partir del 1 de enero de 2015 por Asaja Valladolid.
Señala que en dicha junta, el ahora condenado «omitió informar a los presentes de la existencia de una investigación penal» en relación con el contrato suscrito con Derco, del cese en el pago de los salarios por parte de dicha entidad, así como de las consecuencias que una subrogación supondría para Asaja».
Añade que tampoco exhibió el contrato inicial suscrito con Derco, ni sus condiciones.
La juez indica que por resolución del 24 de noviembre de 2015, la Dirección Provincial de la Seguridad Social de esta ciudad anuló de oficio el alta de Rodríguez en Grupo Derco, resolución que fue confirmada por la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en noviembre de 2017.
No obstante, «y plenamente conocedor de dichas circunstancias», Rodríguez presentó el 15 de marzo de 2016 una reclamación de cantidad de 29.836,34 euros frente a Asaja-Valladolid ante el servicio de mediación, arbitraje y conciliación de Valladolid (Delegación Territorial de Trabajo).
Según el contenido de la misma, el importe reclamado procedía de la subrogación desde el 1 de enero de 2015 por Asaja Valladolid en el citado contrato de trabajo que se había celebrado entre él y Grupo Derco en 2004, motivo por el cual Asaja Valladolid asumía todos los derecho y obligaciones de Grupo Derco y, en consecuencia, las deudas salariales que quedaban pendientes de pago entre los meses de julio y diciembre de 2014, incluyendo la paga de Navidad.
La magistrada sostiene que la reclamación ante la Delegación Territorial de Trabajo la efectuó el ahora condenado «con el propósito de lucrarse de manera ilícita, puesto que en tal fecha ya tenía conocimiento de que la Tesorería General de la Seguridad Social había anulado su alta en Grupo Derco, y también la derivada de la subrogación de Asaja Valladolid al considerarlas fraudulentas».
Según manifiesta, «para obtener este ilícito beneficio económico», el mismo día fijado para la conciliación, Lino Rodríguez pidió a Gerardo Rico que acudiera con él ante el servicio territorial, donde este último actuando como vicepresidente de la asociación y en nombre de la misma, «reconoció y se avino a la reclamación» de Rodríguez «a pesar de no estar autorizado para asumir la deuda», puesto que Rodríguez «no había dado traslado de la demanda ni a la Junta directiva ni al comité ejecutivo».
La magistrada explica que con arreglo al modo de actuar descrito, y con base en el acta con avenencia en el que habían intervenido los dos acusados, Rodríguez llegó a cobrar de Asaja durante 2016 8.785,32 euros; y que posteriormente, al cesar ASAJA los pagos tras la renovación de los cargos de la junta directiva como consecuencia de las elecciones celebradas el 29 de diciembre de 2016, formuló demanda de ejecución frente a Asaja Valladolid en reclamación de 17.064,04 euros con base a dicho acta.
Según la magistrada, no consta acreditado que Gerardo Rico tuviera conocimiento de que con su firma estaba asumiendo una deuda a cargo de Asaja que no había sido autorizada ni consentida por dicha entidad, «ni que obtuviera ningún beneficio de dicha actuación».
El procedimiento de ejecución de títulos no judiciales número 48/17 que se sigue ante el Juzgado de lo Social número 3 de Valladolid y que se originó como consecuencia de la reclamación, se encontraba suspendido a la espera del resultado de este procedimiento.
La Fiscalía calificó los hechos como constitutivos de un delito de administración desleal y de un delito de estafa, y consideraba responsable en concepto de autor a Lino Rodríguez y como cooperador necesario a Gerardo Rico.
Pidió para cada uno tres años de cárcel y que indemnizaran de manera conjunta y solidaria a Asaja Valladolid con 8.785,32 euros, por el importe defraudado.
Asaja, personada como acusación particular, imputaba a ambos acusados los delitos de estafa y administración desleal en concepto de autores. Pedía para cada uno de ellos tres años de prisión por cada uno de los delitos, solicitaba que indemnizaran a Asaja Valladolid con 8.785,32 euros, por el importe defraudado, y que indemnizaran por el restante importe que tuvo que ingresar Asaja a Hacienda y a la Seguridad Social por los salarios reconocidos en la conciliación laboral. Interesó, asimismo, la declaración de nulidad del citado acto de conciliación.
Por su parte, los letrados de la defensa de ambos acusados pidieron la libre absolución de sus defendidos, invocando la defensa del expresidente de Asaja Valladolid de forma subsidiaria, y para el caso de condena, la concurrencia de error tipo y prohibición en la conducta de su patrocinado, y las circunstancias atenuantes de dilaciones indebidas y de menor entidad de lo defraudado.
EN PRISIÓN
Lino Rodríguez está actualmente en prisión cumpliendo una condena de dos años y ocho meses de cárcel por un delito continuado de falsedad en documento mercantil y de otros dos de fraude en el cobro de subvenciones a la Junta de Castilla y León en sendos expedientes tramitados a través de la mercantil Campo de Peñafiel S.L. por importe de más de un millón de euros.
El pasado mes de abril también fue condenado a 10 años y cuatro meses de prisión por la ‘Operación Cebada’ por, entre otros asuntos, el uso de las denominadas tarjetas ‘black’; una causa en la que también fue condenada a dos años de prisión su esposa, Ana de la Fuente, y Gerardo Rico, y a cuatro meses el exgerente Fernando Redondo.
El próximo octubre, Lino Rodríguez volverá a sentarse en el banquillo por otras dos causas.
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