De acuerdo con el COAM, el concurso contiene criterios de adjudicación que no favorecen la pública concurrencia, como establece la Ley de Contratos del Sector Público.
El Colegio Oficial de Arquitectos denuncia el concurso para la redacción del nuevo Plan de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Alcorcón
|
26/5/2023 10:28
|
Actualizado: 26/5/2023 11:53
|
El Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) ha detectado numerosos errores formales y administrativos, entre los que también se encuentran los criterios objetivos del concurso para la redacción del nuevo Plan de Ordenación Urbana hecho público por el Ayuntamiento de Alcorcón, localidad al suroeste de la Comunidad de Madrid distante de la capital 15,4 km.
“Los criterios políticos no deberían formar parte de un contrato técnico”, dice la misiva que el COAM envió a la alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés, el pasado 10 de mayo denunciando las condiciones en las que salió a concurso la redacción del nuevo Plan General de Ordenación Urbana de esa población.
La carta, firmada por Sigfrido Herráiz, presidente del COAM, también arremete contra los criterios de adjudicación del contrato valorables de forma automática, señalando que no favorecen la pública concurrencia contemplada en la Ley de Contratos del Sector Público: “es evidente que con estas limitaciones no solamente no lo hace, sino que además se encuentra muy alejada”.
Sobre la valoración de las ofertas, también señala que “hay criterios de carácter economicista que no garantizan la debida cualificación profesional que se le debería exigir a un candidato en aras de conseguir la mejor calidad del servicio que se licita conforme a la recientemente promulgada Ley de Calidad de la Arquitectura”.
En este aspecto, apunta el Herráiz: “creemos que el Ayuntamiento debería buscar esa cualificación entre aquellos profesionales que, mediante su explicación de lo que han hecho y se les ha ocurrido en otros casos a lo largo de su vida profesional, pueda resultar útil para afrontar la situación que van a encontrarse en Alcorcón”.
Además, desde el Colegio de Arquitectos se critica “la ausencia total de la documentación que justifique de donde se obtiene el precio de licitación tal y como establece la Ley de Contratos” y subrayan “la ausencia de conocimiento que se tiene de los necesarios flujos de caja que se precisan para llevar a buen fin un trabajo de estas características, dado que los trabajos correspondientes a la aprobación inicial, que se corresponden con la parte más importante de todos los procesos, únicamente se destina el 25%, cuando al menos debería de contemplarse entre el 75 % y el 80 %”
Desde la oposición, también han criticado este concurso.
Para Antonio González Terol, candidato del PP para gobernar la alcaldía de dicha ciudad, “no tiene sentido sacar a licitación este contrato a escasos días de unas elecciones en las que todo parece indicar que el PSOE perderá el Gobierno de Alcorcón; sólo puede suponer la intención de ese Gobierno de condicionar las nuevas políticas que, desde el Gobierno municipal del Partido Popular, se pondrán en marcha en la próxima legislatura”.
A Terol, por otra parte, “le llama poderosamente la atención el elevado precio del contrato (1.536.257,12€) y los tiempos de tramitación del mismo, que no tienen en cuenta que se trata de un expediente muy complejo de mayor duración. Dar un plazo de tres años y medio para la finalización del contrato y consiguiente aprobación definitiva de la revisión del Plan General, es una utopía. Tengamos en cuenta que algunos de los informes sectoriales preceptivos y vinculantes, que dependen de otras administraciones están tardando en emitirse, en algunos casos, dos años o más”.
Por último, a éste también le sorprende que “el Ayuntamiento de Alcorcón haya decidido que los actos a celebrar por la mesa de contratación no sean públicos amparándose en el COVID”.
Desde el PP recuerdan que la regidora, De Andrés, que se presenta como candidata del PSOE a renovar al frente de la Alcaldía, fue condenada en primera instancia, el año pasado, por permitir que la empresa municipal del suelo entrara en concurso de acreedores.
La pena fue de inhabilitación durante cinco para dirigir empresas. La sentencia que fue recurrida.
Noticias Relacionadas:
