Juzgados de San Sebastián-Donostia, donde se produjeron las supuestas manipulaciones de las normas de reparto.
El funcionario acusado de manipular las normas de reparto y los dos abogados, en libertad bajo fianza
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13/6/2018 00:15
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Actualizado: 02/8/2018 13:24
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El funcionario, de 51 años, de los Juzgados de San Sebastián, y los dos abogados, ambos de 52 años, detenidos el pasado miércoles por la Policía vasca, la Ertzaintza, por una supuesta manipulación de las normas de reparto de los Juzgados de lo Social, quedaron ayer en libertad tras pasar a disposición judicial, previo pago de una fianza de 40.000 euros.
Los delitos por los que están siendo investigados son cohecho, daños informáticos, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal.
Según informó el Departamento vasco de Seguridad, el pasado mes de enero el Decanato de los Juzgados de San Sebastián denunció ante la Ertzaintza unas supuestas irregularidades, relacionadas con el reparto de determinados asuntos judiciales, y cometidas por uno de los funcionarios destinado en los Juzgados de lo Social de esa ciudad.
Este reparto, como en el resto de los Juzgados de toda España, se realiza de manera aleatoria, mediante un programa informático, con el fin de asegurar la imparcialidad en el enjuiciamiento de cada caso.
Las mismas fuentes explicaron que las modificaciones detectadas consistían fundamentalmente en la manipulación de esa asignación aleatoria en casos de Seguridad Social. Y, en concreto, sobre las demandas clasificadas como ‘Impugnación de altas médicas’ y ‘Minusvalía y dependencia’.
El funcionario investigado habría efectuado anulaciones y posteriores reasignaciones de determinados tipos de asuntos judiciales que entraban a reparto, haciendo que fueran a parar a un determinado a unos juzgados, que se sabía que fallaban de una forma más favorable a los casos que representaban los letrados.
También habría manipulado la clasificación de ciertas demandas, alterando los códigos de las materias o clases de reparto designados a determinados expedientes que entraban a reparto.
Si bien se comprobó que el sistema informático de reparto funcionaba correctamente, se contempló que existían ciertas deficiencias en la mecánica llevada a cabo por uno de los funcionarios.
En la gran mayoría de las alteraciones localizadas, se observó que existía relación directa con un determinado bufete, conformado por dos abogados pertenecientes al Colegio de Abogados de Guipúzcoa.
Estas manipulaciones se habrían venido llevando a cabo desde el año 2015.
Dado que el ratio de anulaciones del citado funcionario no tenía parangón con el resto de compañeros, se presumió la existencia de un acuerdo entre el empleado público y el despacho de abogados de forma que determinados casos que llevaba este bufete recayesen en los jueces deseados.
En el transcurso de la investigación se comprobó también «la existencia de comunicaciones entre uno de los abogados y el funcionario, que habían entablado numerosas conversaciones telefónicas en el último año», según la Ertzaintza.
La Policía vasca comprobó «cómo en los últimos años el funcionario disponía de una fuente de ingresos monetarios no justificada».
Finalmente, el pasado día 6 de junio de 2018 la Sección Central de Delitos Tecnológicos de la Ertzaintza desplegó un operativo en San Sebastián, en colaboración con la Sección Central de Delitos Económicos, el Servicio de Investigación Criminal Territorial de Guipúzcoa, la Unidad Canina, la Ertzainetxea donostiarra y la de Hernani.
Fruto de este operativo se practicaron varias entradas y registros en las que se incautaron «evidencias tecnológicas, diversa documentación y dinero en efectivo» y se detuvo al funcionario de la Administración de Justicia y a los dos abogados como presuntos autores de delitos de cohecho, daños informáticos, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal.
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