El Ministerio del Interior abandona a su suerte a un testigo protegido de la Operación Nécora, enviando así un mensaje negativo para todo aquel que colabore
La Fiscalía General del Estado considera necesaria una reforma legislativa relativa a los denunciantes de delitos de corrupción o 'whistleblowers' (alertador de irregularidades) para que éstos obtengan mayor protección ante posibles represalias por su colaboración con la justicia.
Manuel Fernández Padín, testigo protegido en el caso de la Operación Nécora, ha pedido a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, una solución a su caso. En 2010 dejó de recibir la asignación salarial con la que el Estado había estado compensándole desde que comenzó a colaborar con la Justicia en dicho caso.