El extestigo protegido gallego Manuel Fernández Padín y la ministra de Justicia, Dolores Delgado. Carlos Berbell/Confilegal.
El extestigo protegido Fernandez Padín casi en la indigencia, pide al Gobierno una solución
El caso muestra la necesidad de una nueva ley de testigos protegidos
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17/8/2018 06:15
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Actualizado: 16/8/2018 23:44
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Manuel Fernández Padín, testigo protegido en el caso de la Operación Nécora, ha pedido a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que encuentre una solución a su caso. En 2010 dejó de recibir la asignación salarial con la que el Estado había estado compensándole desde que comenzó a colaborar con la Justicia en dicho asunto, que instruyó Baltasar Garzón cuando era titular del Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional.
Un caso que recientemente volvió a ser de actualidad por la serie de televisión de Antena 3 «Fariña».
Y lo ha hecho a través de una carta respetuosa, a la que ha tenido acceso Confilegal, en la que le explica a Delgado su situación.
«Declaré contra el clan de los Charlines y sus integrantes en los juicios de la Operación Nécora y, después, a petición del Fiscal D. Javier Zaragoza, contra el patriarca, D. Manuel Charlín Gama y su hija, Doña Josefa Charlín Pomares. Es por este motivo por el que ya no puedo ni debo volver a vivir a mi tierra, Vilanova de Arousa, por las represalias que el clan tomaría contra mí, como bien me dijo en su día el Juez de Instrucción, D. Baltasar Garzón», comienza la misma.
«Quiero poner en su conocimiento, y es el motivo de esta carga, que mientras fui testigo protegido, durante 20 años, se nos prohibió por la Audiencia Nacional trabajar y dar nuestros datos personales», avanza Fernández Padín.
«No podíamos dar nuestros datos a nadie ni en ningún lugar. En su día el Fiscal, D. Javier Zaragoza, nos habló de realizar por nosotros (refiriéndose a [Ricardo] Portabales y a mí) unas ‘cotizaciones de clases pasivas’ para cotizar a la Seguridad Social, pero al final, entre promesas múltiples, tanto del Juez, D. Baltasar Garzón como del Fiscal, D. Javier Zaragoza, de que nuestro final iba a ser bueno y que resolverían nuestro futuro, ni se realizaron dichas cotizaciones pasivas ni nuestro final está siendo bueno», le explica a la ministra.
Durante esos 20 años, entre los 30 y los 50 años, el Estado le proveyó de techo y comida.
Pasó 7 años viviendo en la madrileña Comisaría de Moratalaz y otros 7 en la Comisaría General de Seguridad Ciudadana. El resto, en un piso.
Le pagaban, en un principio, 55.000 pesetas al mes y luego, con el cambio de moneda, terminó cobrando 999 euros. Todo procedente de los fondos reservados.
«Pero de ahí me descontaban la luz, el agua, el gas… No era todo limpio», explica Fernández Padín.
QUE SE CUBRAN LAS COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DE 20 AÑOS
Esto es, precisamente, lo que le pide Fernández Padín a la ministra Delgado. Que cubran sus cotizaciones a la Seguridad Social de esos veinte años en los que fue testigo protegido, en las que el Estado lo mantuvo con cargo a los fondos reservados.
«Hoy tengo 59 años y no poseo cualificación legal alguna, puesto que yo era marinero en Galicia y tuve que venir a vivir a Madrid a la que me trajo el Ministerio de Interior en 1990. Por estos motivos no puedo conseguir ningún empleo. Sobrevivimos mi mujer, mi hijo, con una discapacidad de un 33 por ciento y yo, con una pensión mínima de 400 euros y un subsidio de 350, por lo que estamos pasando una situación muy mala», cuenta.
«Es por este motivo por el que me dirigido al Ministerio de Justicia, que usted representa, para reclamar buenamente, y porque creo que es justo y merecido, los 20 años de cotización a la Seguridad Social, ya que permanecí como testigo protegido, sin posibilidad de trabajar, desde mis 30 a 50 años de vida, los mejores para haber trabajado y cotizado, cosa que se nos impidió por la Audiencia Nacional«, relata.
Un día de 2010 le dijeron que todo se había acabado y que tenía que buscarse la vida. Le dejaron en la calle con una mano delante y una mano detrás. Sin oficio ni beneficio.
Y así lleva ocho años.
30 CONDENADOS EN JUICIO DEL CASO NÉCORA
El juicio de la Operación Nécora tuvo lugar en la Audiencia Nacional en 1994, cuatro años después del comienzo de las detenciones llevadas a cabo en Galicia por orden del juez Garzón contra el cártel local dela droga. 30 de los 45 procesados -entre los que se encontraban Laureano Oubiña, su esposa Esther Lago, y Jorge Gabriel Outón Caamaño, yerno de Manuel Charlín, el patriarca del clan de los Charlines, quien resultó absuelto- fueron condenados a penas de hasta 23 años.
Dos años después, el Supremo rebajó algunas de las penas.
«Yo padecí, durante el juicio de la ‘Nécora’ una psicosis maniaco-depresiva crónica. Y cuando se nos retiró toda la protección policial que teníamos sufrí un transplante de hígado, por lo que dependo de tratamiento médico crónico«, cuenta el que fuera testigo protegido.
La colaboración de Fernández Padín fue crucial en la investigación del caso y en la desarticulación de una de las bandas de narcotraficanes más importantes y poderosas de Europa.
«Soy una persona que vive amenazada, huyendo y escondida de por vida, que no tiene posibilidad de volver a su tierra natal, pues la última amenaza que recibí fue en mi pueblo, cuando fue a visitar a mi familia sin escolta por primera vez. Me amenazó,y me insultó, incluso llegó a parar el tráfico el hijo de D. Manuel Charlín Gama, D. Melchor Charlín Pomares, y es que estas personas ni olvidan ni perdonan el daño que les causé, que derivó en fuertes penas de prisión, así como en los millones de euros que se les encargaron», dice el testigo protegido.
«Espero que puedan resolver la penosa situación por la que pasa mi familia. Es Justicia que espero alcanzar de este Ministerio». «Me jugué la vida y la de mi familia, como así reconoció la Audiencia Nacional en su sentencia», sentencia.
UNA MINISTRA RECEPTIVA
Dolores Delgado, según ha podido saber Confilegal, ha remitido la misiva de Fernández Padín al titular del Ministerio del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que es a quien le corresponde solucionar el caso y hacer justicia con este extestigo protegido.
Una de las banderas de la ministra Delgado, precisamente, es la de reformar la Ley de Testigos Protegidos actual, que data de 1994, para impedir que se produzcan casos como el de Fernández Padín.
Delgado, fiscal de la Audiencia Nacional en servicios especiales, es especialista en terrorismo y narcotráfico.
«Hay que dar cobertura legal y de todo tipo a aquellas personas que colaboran con el Estado. Su seguridad es primordial para el éxito de nuestras investigaciones», declaró a Confilegal en una entrevista que publicamos el 26 de febrero pasado.
«Nuestro talón de Aquiles es la Ley de Testigos en vigor, la 19/94. Está obsoleta. Contamos con información procedente de los informes de inteligencia, de agentes encubiertos, de las familias, de los entornos. A todo eso tenemos que protegerlo. Hay que dar seguridad a los testigos protegidos”, aseguró entonces.
El pasado mes de julio anunció que del Gobierno estaba barajando «nuevas herramientas» legales para combatir el narcotráfico y el terrorismo en la forma de una nueva «ley de testigos protegidos» para incentivar la colaboración con las autoridades.
La solución del caso Fernández Padín podía ser un magnífico primer paso.
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