El Ministerio del Interior, que dirige el magistrado Fernando Grande-Marlaska, ha abandonado a su suerte a Manuel Fernández Padín, uno de los dos testigos protegidos en el juicio de la Operación Nécora, cuya sentencia supuso el primer gran golpe del Estado en la lucha contra las bandas gallegas del narcotráfico.
Sin su testimonio y el de Ricardo Portabales aquel éxito sin precedentes en la lucha contra la criminalidad organizada no habría sido posible.
Fernández Padín, que ya ha cumplido 60 años y que ha sufrido un transplante de hígado, había pedido a Grande-Marlaska que su Ministerio abonara los 20 años de cotización a la Seguridad Social -un tiempo durante el que vivió bajo la protección policial, incapacitado, por tanto, para trabajar- con el fin de poder recibir una pensión de jubilación.
La contestación, desde la cartera de Grande-Marlaska, no ha podido ser más negativa.
Se lavan las manos.
MENSAJE DE INTERIOR: CUALQUIER PROMESA A LOS TESTIGOS PROTEGIDOS ES PAPEL MOJADO
El mensaje que entraña dicha respuesta supone un serio revés para los hombres y mujeres que luchan contra la criminalidad cada día en España.
Porque demuestra que cualquier promesa que se pueda hacer a un futuro testigo protegido es poco menos que «papel mojado».
Fernández Padín es la prueba viva. Lo que pide no es una fortuna, en absoluto.
«Estimado señor: Se ha recibido en este Ministerio la carta que ha dirigido al Ministro del Interior, en la que expone la difícil situación en la que se encuentra y solicita se le abonen los 20 años que no cotizó por usted a la Seguridad Social, al estar protegido y, según manifiesta, no habérsele permitido trabajar en dicho periodo», dice la carta, que firma Rafael Pérez, director del Gabinete del ministro, a la que ha tenido acceso Confilegal.
«Las medidas de protección que a su juicio impidieron la cotización fueron acordadas por decisión judicial, por lo que no sería procedente interferir en un asunto acerca del cual se ha pronunciado un órgano jurisdiccional, y, por otra parte, la tramitación de todo lo relacionado con las pensiones excede de las competencias que este Ministerio tiene atribuidas«, añade.
«Con el deseo de que pronto se solucione la problemática expuesta, reciba un cordial saludo», concluye Pérez, en un elegante «ahí te quedas».
«NOS DIJERON QUE ESTUVIÉSEMOS TRANQUILOS, PORQUE NUESTRO FUTURO ESTABA GARANTIZADO»
De acuerdo con Fernández Padín, «siempre nos dijeron que estuviésemos tranquilos, que declarásemos con tranquilidad, sin miedo a nada, porque nuestro futuro estaba garantizado».
El testigo protegido había formado parte del clan de los Charlines, originarios de Vilanova de Arousa, en las Rías Bajas. Fernández Padín estaba integrado en la organización. Participaba en las descargas y después en la distribución del hachís y, más tarde de la cocaína, a los «camellos», para su venta al por menor.
Su historia quedó recogida en «Fariña», la miniserie de Antena 3 Televisión. Un relato con el, sin embargo, Fernández Padín no está de acuerdo en absoluto.
«Porque tanto a Portabales como a mí se nos pone poco menos que de tontos. Había que tener muchos redaños para dar el paso que dimos los dos. Si éramos como nos describen, ¿de qué los jueces hubieran condenado a todos los que condenaron? Dicha serie no nos hace justicia. Me recuerda un viejo dicho que circula entre ustedes, los periodistas. ¿Cómo es? Ah, sí, ‘no dejes que la realidad te fastidie una buena historia’. Porque eso es lo que ha ocurrido«, afirma.
El «arrepentido», que fue detenido el 20 de noviembre de 1989, recuerda que antes de que sucediera él fue de motu propio a la televisión gallega para denunciar, de un modo encubierto, el tráfico de «fariña».
«Lo hice porque no estaba de acuerdo con la cocaína. Diez amigos míos habían perdido la vida por culpa de la droga. Y a mí también me afectó», aclara.
Fernández Padín confiesa que colaboró con la Justicia por la confianza personal que le dio el magistrado que dirigió toda la operación, Baltasar Garzón, entonces titular del Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional, y del fiscal Javier Zaragoza.
«Garzón nos dio toda la seguridad que podíamos esperar de la Justicia. Y nos lo demostró. En varias ocasiones la Dirección General de la Policía dejó de pagarnos. Cuando eso ocurría, nos íbamos a ver a Garzón a la Audiencia Nacional. Levantaba un teléfono, hablaba con quien tenía que hablar, y arreglaba las cosas», cuenta.
Durante esos 20 años, entre los 30 y los 50 años, el Estado le proveyó de techo y comida.
Pasó 7 años viviendo en la madrileña Comisaría de Moratalaz y otros 7 en la Comisaría General de Seguridad Ciudadana. El resto, en un piso.
Le pagaban, en un principio, 55.000 pesetas al mes y luego, con el cambio de moneda, terminó cobrando 999 euros. Todo procedente de los fondos reservados.
“Pero de ahí me descontaban la luz, el agua, el gas… No era todo limpio”, explica Fernández Padín.
El Ministerio del Interior le «cerró el grifo» definitivamente en 2010.
«Nos dejaron en la calle de un día para otro», mantiene el que fuera testigo protegido. «Aquel año, además, fue muy duro para mí. Tuvieron que hacerme un transplante de hígado. Mi mente no estaba para plantear pleitos al Estado sino en sobrevivir. Ahora lo que tengo delante de mi vida es desolación. ¿Hubiera colaborado, como lo hice, si hubiera sabido que llegaríamos a esta situación? No me arrepiento, pero aquellas palabras, aquellas promesas de que nuestro futuro estaba garantizado, contribuyeron de forma decisiva».
UNA LEY DE TESTIGOS PROTEGIDOS MUY DEFICIENTE
España tiene una Ley de Testigos Protegidos tan deficiente que la ministra de Justicia, Dolores Delgado, convirtió su actualización y modernización en una de las prioridades de su cartera cuando tomó posesión.
“Hay que dar cobertura legal y de todo tipo a aquellas personas que colaboran con el Estado. Su seguridad es primordial para el éxito de nuestras investigaciones”, declaró a Confilegal en una entrevista que publicamos el 26 de febrero pasado.
“Nuestro talón de Aquiles es la Ley de Testigos en vigor, la 19/94. Está obsoleta. Contamos con información procedente de los informes de inteligencia, de agentes encubiertos, de las familias, de los entornos. A todo eso tenemos que protegerlo. Hay que dar seguridad a los testigos protegidos”, aseguró entonces.
El pasado mes de julio anunció que del Gobierno estaba barajando “nuevas herramientas” legales para combatir el narcotráfico y el terrorismo en la forma de una nueva “ley de testigos protegidos” para incentivar la colaboración con las autoridades.
La decisión de Grande-Marlaska en el caso Fernández Padín va en dirección contraria.
DELGADO INTERCEDIÓ ANTE GRANDE-MARLASKA POR FERNÁNDEZ PADÍN
La ministra recibió, el pasado mes de julio, una respetuosa carta de Fernández Padín explicándole su situación.
“Declaré contra el clan de los Charlines y sus integrantes en los juicios de la Operación Nécora y, después, a petición del Fiscal D. Javier Zaragoza, contra el patriarca, D. Manuel Charlín Gama y su hija, Doña Josefa Charlín Pomares. Es por este motivo por el que ya no puedo ni debo volver a vivir a mi tierra, Vilanova de Arousa, por las represalias que el clan tomaría contra mí, como bien me dijo en su día el Juez de Instrucción, D. Baltasar Garzón”, comenzaba la misma.
“Quiero poner en su conocimiento, y es el motivo de esta carga, que mientras fui testigo protegido, durante 20 años, se nos prohibió por la Audiencia Nacional trabajar y dar nuestros datos personales”, expuso Fernández Padín.
“Hoy tengo 59 años y no poseo cualificación legal alguna, puesto que yo era marinero en Galicia y tuve que venir a vivir a Madrid a la que me trajo el Ministerio de Interior en 1990. Por estos motivos no puedo conseguir ningún empleo. Sobrevivimos mi mujer, mi hijo, con una discapacidad de un 33 por ciento y yo, con una pensión mínima de 400 euros y un subsidio de 350, por lo que estamos pasando una situación muy mala”.
«Es por este motivo por el que me dirigido al Ministerio de Justicia, que usted representa, para reclamar buenamente, y porque creo que es justo y merecido, los 20 años de cotización a la Seguridad Social, ya que permanecí como testigo protegido, sin posibilidad de trabajar, desde mis 30 a 50 años de vida, los mejores para haber trabajado y cotizado, cosa que se nos impidió por la Audiencia Nacional», contó.
“Espero que puedan resolver la penosa situación por la que pasa mi familia. Es Justicia que espero alcanzar de este Ministerio”.
“Me jugué la vida y la de mi familia, como así reconoció la Audiencia Nacional en su sentencia”, sentenció.
Delgado se puso en contacto con Grande-Marlaska.
Le envió la misiva, pidiéndole que encontrara una solución.
Pero parece que no le ha hecho ningún caso.
El ministro del Interior se ha lavado las manos. Porque no se puede describir de ninguna otra forma la respuesta de Pérez Ruiz a Fernández Padín.
Un mensaje nefasto para los investigadores de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que cada día tienen que hacer frente a la criminalidad organizada.
Los «testigos protegidos» son los recursos más eficaces con los que pueden disponer los agentes de la ley.
Pero en el Ministerio del Interior no lo saben o no quieren saberlo.
