Fernando Grande-Marlaska no será interrogado el 11 de mayo en el juicio contra su antecesor, Jorge Férnández, y su número 2, Francisco Martínez. No habrá imagen del ministro del Interior en el estrado de la Audiencia Nacional, no habrá repreguntas en tiempo real, no habrá el pulso tenso de un interrogatorio cruzado. Declarará por escrito. El tribunal lo ha aceptado.
Con este acuerdo, la inmediación —el principio que permite al juez leer la credibilidad de un testigo en tiempo real, en el gesto, en la pausa, en la contradicción que se colapsa bajo una repregunta— se evapora.
Lo que queda es un cuestionario cerrado y una respuesta elaborada sin presión. Pero la forma en que declaren —o no declaren— quienes ocupan o han ocupado el poder seguirá siendo, como lo ha sido desde el principio de este caso, una cuestión en sí misma.
El tribunal de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional formalizó esa decisión después de que el propio ministro presentara, el 24 de marzo de 2026, un escrito en el que reclamaba acogerse a la excepción que la Ley de Enjuiciamiento Criminal reserva a los miembros del Gobierno.
El mecanismo existe. Está en la ley. Pero su activación en este proceso —uno de los más cargados políticamente de la última década— tiene un peso que va más allá del tecnicismo procesal.
El juicio arranca el día 6. Las batallas más técnicas girarán en torno a documentos, grabaciones y la legitimidad de la prueba obtenida.
Lo solicitó el antiguo chófer de Luis Bárcenas
La petición la formuló la defensa de Sergio Ríos. Antiguo chófer de Luis Bárcenas —extesorero del PP—, Ríos es una de las piezas centrales de lo que el sumario describe como una trama parapolicial puesta en marcha durante el Gobierno de Mariano Rajoy con un objetivo tan concreto como comprometedor: recuperar la documentación que Bárcenas pudiera conservar tras el estallido de los escándalos de financiación irregular del partido.
Según la investigación, esa operación —bautizada como «Kitchen»— habría utilizado fondos reservados del Ministerio del Interior, habría movilizado a mandos policiales de alto rango y habría contado con cobertura política.
Ríos, captado presuntamente en 2013, habría cobrado 2.000 euros mensuales de fondos reservados. También recibió una pistola.
Y la promesa —que se cumplió— de ingresar en el Cuerpo Nacional de Policía. En total, según consta en la causa, unos 50.000 euros.
os audios del comisario jubilado José Manuel Villarejo, otro de los acusados, documentan con una crudeza llamativa los términos del acuerdo: «Tú vas a tener un sueldo todos los meses… esto es un tema de Estado».
Y el objetivo, formulado sin circunloquios: localizar los «pinchos» y documentos que pudieran comprometer a terceros.
La validez de esas grabaciones, sin embargo, está lejos de ser una cuestión resuelta. Varias defensas tienen previsto impugnarlas desde el primer día, cuestionando su licitud y la integridad de la cadena de custodia.
Fue en ese contexto en el que la defensa de Ríos solicitó la comparecencia de Marlaska como testigo.
La argumentación de Grande-Marlaska es de factura procesal cuidadosa. Invoca los artículos 703 y 412.2.1º de la LECrim, que permiten a los miembros del Gobierno sustituir la declaración presencial por un informe escrito cuando su conocimiento de los hechos deriva «por razón de su cargo».
La prerrogativa no es nueva ni controvertida en abstracto. Lo que importa es su concreción en cada caso.
El tribunal, en su resolución ha ordenado ordenó a la defensa de Ríos que remitiera un pliego de preguntas «sencillas e inteligibles», que Marlaska contestará por escrito.
Sin repreguntas. Sin improvisación. Sin el factor que los letrados llaman, en su jerga de pasillo, «la prueba del directo».
Hay en este procedimiento una paradoja que no pasa desapercibida entre los operadores jurídicos. Marlaska no llega a este juicio como un testigo ajeno al sistema.
Fue presidente de la propia Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional —el mismo tribunal que ahora le toma declaración por escrito— antes de incorporarse al Gobierno de Pedro Sánchez en 2018.
Conoce la mecánica de la sala desde el otro lado. Sabe lo que significa declarar en estrado.
Su antecesor en Interior, Jorge Fernández Díaz, está sentado en el banquillo como uno de los principales acusados.
Otro exministro, Juan Ignacio Zoido, también ha sido citado como testigo, pero en su caso el formato es diferente: comparecerá presencialmente el 23 de abril. Dos ministros. Dos formatos. Un mismo procedimiento. La asimetría no requiere interpretación adicional.
La decisión del tribunal no es, en términos estrictamente jurídicos, una irregularidad. La ley lo contempla y el encaje argumental del escrito ministerial fue suficiente para que la Sección Cuarta lo aceptara.
Pero los efectos prácticos sobre la calidad de la prueba son reales y los abogados personados en la causa no los minimizan.
